José Cobo (AEGC): ‘El Gobierno invierte 26 millones en vehículos para Marruecos, pero para los guardias civiles no compra más defensas ni chalecos’
Denuncia que el Ejecutivo es “samaritano con otros países, pero rácano con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”
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15/7/2019 06:15
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Actualizado: 15/7/2019 07:50
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La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) reclama al Ministerio del Interior más chalecos antibalas y defensas para protegerse de los delincuentes, “cada vez más peligrosos y agresivos”.
“El problema es que no hay ni chalecos ni defensas extensibles para todos y los van comprando con cuentagotas”, señala.
Hace hincapié en que esta reivindicación «no es un capricho”, sino “una necesidad”, que llevan «años reclamando» desde la asociación.
Según denuncia en Confilegal José Cobo, portavoz de la AEGC, la dotación en autodefensa de muchas policías autonómicas y locales es “infinitamente superior” que la de los guardias civiles: “Algunos cuerpos tienen más dotación de autodefensa que todo el Cuerpo de la Guardia Civil”.
Apunta que hay policías locales que ya tienen de dotación pistolas táser, mientras en la Benemérita “ni se ha hecho un estudio para dotar de este material a los agentes”.
Cobo señala que los guardias civiles llevan «toda la vida sufriendo esta sinrazón de carencia de material», pero que los guardias recién incorporados “no se esperaban que tuvieran que prestar servicio sin este material fundamental para su seguridad”.
“La mayoría de guardias civiles prestamos servicio con chalecos multipropiedad, y eso significa ponerse el chaleco sudado con el que viene el compañero o ponernos uno que no sea de nuestra talla, pero es el que está libre y lo cogemos», indica.
Además, subraya que ponerse el agente un chaleco sin que sea de su talla conlleva un «gravísimo problema de seguridad personal»: “Te pegan un tiro y al no ser de tu talla, te pueden matar”.
Recuerda, por ejemplo, que en 2017 fue abatido un compañero en Teruel que llevaba un chaleco «no apropiado a su complesión física». Era dos tallas más pequeño.
Se refiere al asesinato a dos guardias civiles, Víctor Romero Pérez y Víctor Jesús Caballero, y un ganadero, José Luis Iranzo, cometido por Norbert Feher, exmilitar de origen serbio más conocido como ‘Igor el Ruso’ o ‘Igor Vaclavic’. Ocurrió en diciembre de 2017.
Cobo destaca que “que el chaleco tiene más protección cuanto más ceñido se encuentra al cuerpo, como recogen las normas del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial (SAEP)”.
La AEGC informa que éste “no es el único déficit de material en autodefensa que tienen en la Guardia Civil”.
Indica que “en las Academias se instruye a los agentes a llevar defensas extensibles individuales”, pero que “no se les proporciona cuando salen” y “también tienen que compartirlas”.
Desde la AEGC indican que todas estas circunstancias «desmoralizan» a los agentes, “pero mucho más, cuando se enteran que el Gobierno invierte 26 millones en vehículos para Marruecos, mientras aquí no completa las dotaciones de material”.
El Gobierno ha aprobado una partida de 26 millones para la compra de una flota de 384 vehículos y camiones que entregará al Ministerio del Interior de Marruecos para el control de las fronteras entre ambos países.
“En la AEGC no entramos a juzgar los acuerdos con otros países, pero entendemos que si dinero para comprar esos vehículos, también debe haber para equipar a nuestros guardias civiles”, señala Cobo.
“Samaritano con otros países, pero rácano con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, sentencia.
El portavoz de la AEGC destaca en que la Línea de la Concepción y San Roque son la mayor puerta de entrada de la droga a Europa, y que “se tienen que enfrentar a delincuentes tan peligrosos como los terroristas”.
Recuerda que en las persecuciones a los narcotraficantes sufren “embestidas premeditadas”, que estos ataques que se producen “todas las semanas”, y que varios agentes han fallecido en actos de servicio.
Según informa, «la situación ha alcanzado tal peligrosidad que los agentes están dejando a sus familias viviendo en otras ciudades por miedo a represalias, a la espera de que pase el tiempo requerido para pedir un destino fuera de esta zona maldita de la costa andaluza”.
Temen “seguimiento, amenazas y agresiones cuando están fuera de servicio, como ha ocurrido”.
TAMBIÉN PIDE LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL PARA QUE SE LES RECONOZCA EL DELITO DE ODIO
José Cobo insiste, además, en la «necesidad» de modificar el Código Penal para que se les reconozca el delito de odio y de atentado a la autoridad -que está reconocido, pero lleva implícito estar de servicio-.
La AEGC lo reclama en cada ataque que sufren sus compañeros, que padecen esta lacra, por ejemplo, en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla por parte de inmigrantes ilegales y en el Campo de Gibraltar, a manos de narcos.
Recalca que «no son hechos aislados, que cada día sufren un mayor número de agresiones”.
Y alerta que “la impunidad con la que pueden actuar contra los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familias está dando vía libre a estos intransigentes”.
Lo que piden los agentes y también el ‘Movimiento contra la Intolerancia’, que preside Esteban Ibarra, es que al agente, además de reconocérsele el delito de atentado a la autoridad «cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas (artículo 550 del CP)», también estén amparados ellos y sus familias cuando ocurra fuera del acto de servicio, como delito de odio.
Ibarra recuerda que delitos de odio es el término con el que se conoce a las infracciones penales cometidas contra personas y colectivos que sufren la intolerancia, como se refleja en los artículos 22.4 y 510 y siguientes, relativos a la protección de las libertades y los derechos fundamentales garantizados por la Constitución.
Indica que los agentes y sus familias, que están sufriendo actos de intolerancia «no reciben mayor amparo que los previstos para los delitos comunes en cualquier otro tipo delictivo del Código Penal».
Lo que piden tanto las asociaciones de agentes como esta entidad es universalizar la protección frente a los delitos de odio que incluiría a todas estas situaciones.
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