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Víctimas de la talidomida demandan al Estado por 390 millones de euros por su «flagrante inactividad»

Los cerca de quinientos afectados aún vivos por dicho fármaco siguen luchando por lograr que algún Gobierno reconozca sus derechos a ser indemnizadosLa Junta Directiva de Avite manifestándose en las afueras del Congreso.
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La Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) presentó ayer, ante la Audiencia Nacional, el preceptivo anuncio de recurso contencioso administrativo contra el Estado por 390 millones de euros.

Dicen que esta cantidad les fue reconocida a los afectados en los presupuestos de 2018 y que aún no la han recibido.

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La exigen, por tanto, como responsabilidad patrimonial del Estado.

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Es obligatorio para reclamar dicha responsabilidad patrimonial al Estado hay que pasar por un expediente administrativo que empieza con la reclamación patrimonial que Avite ya interpuso en enero de este año.

Tras haber pasado seis meses sin un pronunciamiento del Gobierno sobre este tema, la ley abre la vía de la Audiencia Nacional, ahora utilizada por Avite.

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Esta situación ha generado el anuncio de recurso contencioso-administrativo que se ha hecho efectivo este lunes donde Avite señala que va a demandar al Estado. El siguiente paso será que la Audiencia Nacional lo admita a trámite y darnos traslado el expediente para formalizar dicha demanda.

Desde Avite se espera que en los próximos días la Audiencia Nacional falle sobre la admisión a trámite de este asunto.

Las demandas por responsabilidad patrimonial del Estado son escasas. Muchos de estos temas se han transferido a diferentes Comunidades Autónomas en materia de Sanidad y Educación «al final se demanda al Estado en temas relacionados con el ejército, o en el campo sanitario tiene que ver con lo que no está cedido».

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«En este caso la gestión de estos asuntos no está cedida a las Comunidades Autónomas y es atribución del Ministerio de Sanidad”, aclara Martínez.

Desde Avite se quiere demostrar la falta de interés del Estado por este asunto. Su «flagrante inactividad».

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De esos 390 millones de euros, una parte amplia son las indemnizaciones de 12.000 euros por punto de discapacidad por cada afectado, lo que supone más de 200 millones de euros a lo que hay que añadir la cantidad no reclamada a Grünenthal hasta el momento.

Inactividad total del Estado

Ignacio Martínez, abogado de este colectivo de afectados por este fármaco, que fue desarrollado por Grünenthal GmbH entre 1957 y 1963 para las náuseas de las embarazadas y que provocó malformaciones en los fetos, sostienen que este anuncio de recurso es paso previo a que se formalice la demanda en la que Avite exigirá esa cantidad, que no han percibido a pesar de que ha transcurrido más de un año.

El retraso, según el propio Martínez, es aún «más inexcusable» si se tiene en cuenta que hace ya casi tres años el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley que establecía que en 2018 las víctimas ya debían estar indemnizadas.

Sin embargo no se ha hecho nada.

“No hay un solo reconocido a día de hoy según el protocolo que Sanidad estableció”, indica Martínez.

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A su juicio, ni siquiera la situación política actual es excusa “hay una ley que no se ha cumplido y que esperamos que nos compensen mientras tanto muchos afectados fallecen”.

La inactividad del Ejecutivo se extiende a más puntos fundamentales en esta tragedia, pues tampoco le consta a Avite que el Gobierno, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos 6/2018, haya exigido a la farmacéutica Grünenthal el pago de lo que le corresponde.

«Otra cuestión que preocupa a los cerca de quinientos afectados que aún viven tiene que ver con la exención fiscal de las ayudas pendientes de recibir por los talidomídicos tal cual exigía la proposición no de ley de 26/11/16 antes citada», concluye.

Una exención fiscal que, de no lograrse, como la tienen otros afectados por otras enfermedades, les supondría que Hacienda se quedase con algo más la mitad de sus indemnizaciones basadas en 11.000 euros por punto de discapacidad.

Este es uno de los temas que ha enrarecido las relaciones entre Avite y el Ministerio de Sanidad, ahora en funciones de María Luisa Carcedo, actual titular.

A este respecto una comisión de Avite ya mantuvo una reunión en el Ministerio de Hacienda donde ya le aseguraron que dicha exención fiscal no sería posible.

Tras dicha reunión, Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite, señalaba a Confilegal que en España es el único caso que queda pendiente de afectados por talidomida y que en el resto de país de la Unión Europea las ayudas que se han dado han estado exentas de cualquier gravamen fiscal.

Respecto a qué pueda pasar cuando Pedro Sánchez forme gobierno en las próximas semanas, el director jurídico de Avite mantiene dos hipótesis “que una vez que se constituya el Ejecutivo aprueba el Real Decreto para pagar a este colectivo».

«También puede suceder que como nos apuntaron hace un año en una de las múltiples reuniones que hemos mantenido con ellos si la demanda es aceptada entonces habría que pagar de forma ineludible, aunque no hubiera Presupuesto. Las sentencias que condenan al Estado hay que cumplirlas”.

Los afectados por la talidomida, la mayor parte de ellos afiliados de Avite, tienen claro que van a seguir hasta el final de sus fuerzas en este asunto que ya dura varias décadas y que hasta la fecha ningún Gobierno ha querido poner el punto final a esta historia.