La APFP denuncia “despilfarro” en prisiones, con el “derroche” de dinero público para las piscinas, y la “subida del sueldo del ministro y del secretario general de Instituciones penitenciarias”, mientras que “para los trabajadores penitenciarios no hay dinero"; en la imagen, la piscina climatizada de la cárcel de Archidona, Málaga 2.
El Gobierno gastará casi 360.000 euros en la apertura de 21 piscinas de cárceles
SEGÚN INFORMA FRANCISCO LLAMAZARES, PRESIDENTE DE la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP)
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29/7/2019 02:00
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Actualizado: 29/7/2019 02:28
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El Gobierno gastará 207.390,98 euros en la apertura de 21 piscinas de cárceles para el disfrute de los internos, según informa a Confilegal Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).
Llamazares explica que a esto se suman 27.792,77 euros en gastos de agua, 33.087,03 en electricidad, 41.947,85 en cloro, y 41.422,15 en salarios y seguridad social de socorristas.
Según señala, el gasto total desde la apertura a su cierre está establecido en 152.362,40 euros, lo que unido al destinado para la apertura de las mismas asciende en total a 359.753 euros.
Así se lo ha trasladó la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) la semana pasada, a petición del sindicato al Portal Transparencia.
Pinchando aquí puede conocer el listado de centros penitenciarios y el desglose de los gastos.
Algunos abrieron las piscinas a mediados o finales de junio y otras en julio. Las cerrarán a finales de agosto o a mediados de septiembre.
Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).
En la actualidad hay 69 centros penitenciarios, 3 unidades de madres y 2 psiquiátricos, y no todos ellos disponen de piscina, sino los construidos a partir de 2012. En total, la tienen unas 30 cárceles. Y en algunas la piscina es climatizada, como en las prisiones de Málaga II, Murcia II, y Sevilla II.
El Gobierno de Mariano Rajoy ordenó en 2012 cerrar las piscinas de todos los centros penitenciarios, al considerarlo “un gasto importante e innecesario”.
Piscina exterior de la prisión de Zaballa, en Álava (País Vasco).
Llamazares recuerda que mientras hizo eso, por otro lado, “desembolsó 115 millones en privatizar la seguridad exterior de los centros penitenciarios” y que “el Gobierno actual mantiene”. Destaca que esta medida “se vendió con la excusa de colocar a los escoltas del País Vasco, pero que “en su día sólo el 10% de vigilantes de esas empresas eran guardaespaldas”, y en la actualidad “ya no queda prácticamente ningún escolta en esas mercantiles que han ganado el concurso”. Según informa, la empresa que más adjudicaciones ha tenido es OMBUDS.
En junio de 2018, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luís Ortiz, encargó a los directores de los centros que disponen de piscina que redactaran un informe sobre el estado y situación de las mismas.
Tras conocer el coste de ponerlas en funcionamiento, Ortiz dio luz verde a la apertura de 25. Algunas debido al tiempo que se han mantenido cerradas, el año pasado solamente se pudo hacer una puesta a punto y no llegaron a abrir. Quedaron preparadas para este verano.
En total, en 2018 el Ejecutivo gastó 373. 211 euros en la apertura de las piscinas. Un gasto al que, según indica Llamazares, hay que sumarle el coste de los cursillos de socorristas para los internos que se encargaron de esas funciones.
Además, el presidente de la APFP recuerda que el 24 de septiembre de 2018, el Gobierno también gastó 173.466 euros para celebrar la festividad de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, según le informó la Secretaría General.
Cuenta que ese gasto fue “en los aperitivos, bebidas y canapés para los invitados a los actos, fundamentalmente autoridades y algunos funcionarios”.
Celebración de la patrona de Instituciones Penitenciarias en la prisión de Palma de Mallorca.
La APFP denuncia que el Ministerio del Interior “dispone de partida presupuestaria para poner en funcionamiento las piscinas de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias -en Cataluña están transferidas las competencias- y para la subida de sueldos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, pero no haya partida presupuestaria para la subida de sueldo de los trabajadores penitenciarios “.
Francisco Llamazares destaca que “funcionarios y laborales (cocineros, electricistas, celadores, fontaneros, enfermeros…) sufren elevadas cargas de trabajo como consecuencia de las 3.000 plazas vacantes a junio de 2019”, y que “para cubrir los servicios mínimos en muchas de las prisiones tienen que trabajar en sus días de libranza”.
Recuerda que a esto se suma, además, el “aumento de las agresiones de internos a los funcionarios de prisiones”, que “están llevando al colectivo de trabajadores a una situación límite, insostenible”.
“Pero a esta administración sólo le importan los internos, que Marlaska ha definido como “los débiles”, mientras que los trabajadores penitenciarios somos los grandes marginados y olvidados”, critica Llamazares.
Protesta de trabajadores de prisiones el pasado 8 de noviembre en Valencia, con una pancarta con las armas intervenidas a los presos. Foto: EP
Dice que el ministro «pone como excusa para la subida de sus sueldos que son funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) y que ya se les subió el 2%».
“La realidad demuestra que los funcionarios y laborales de prisiones no somos iguales que los de la administración. No tenemos los mismos horarios ni los mismos derechos a la hora de poder concursar a otros Ministerios, sufrimos agresiones, intervenimos en peleas, en extinción de incendios, en la detección y aprehensión de drogas, móviles, pinchos, hacemos control de bandas armadas (como ETA y terroristas yihadistas)”, destaca Llamazares.
Además, informa que la APFP ha presentado este año a la Administración y a los grupos políticos una propuesta de Estatuto Propio para el colectivo de trabajadores penitenciarios, en el que se recojan las particularidades y especificidades de este trabajo que realizan para la seguridad de la sociedad.
La APFP señala que “un año después de la toma de posesión del ministro del Interior y del secretario general de IIPP, pese a las movilizaciones del colectivo de trabajadores penitenciarios, solicitando que la administración socialista se siente a dialogar y negociar, y presente una propuesta económica a los representantes de los trabajadores, la única respuesta obtenida ha sido una nula voluntad política de negociación, porque ni siquiera han querido sentarse a hablar», y dice que son «el colectivo más marginado dentro del Ministerio del Interior”.
Añade que “en cambio, los altos cargos no necesitan negociar con nadie para subirse el sueldo”.
Según señala, “hasta el 6 de junio de 2018 el ministro del Interior ganaba 35.784,03 euros y a partir del 7 de junio pasó a cobrar 46.598,36, mientras que el secretario general de Instituciones Penitenciarias percibía 58.352,82€ hasta el 18 de junio de 2018 y a partir de entonces 70.070,17”.
Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, y el ministro Fernando Grande-Marlaska. Foto: Interior
“Pero para los trabajadores penitenciarios, que con su trabajo diario garantizamos la seguridad de la sociedad y del Estado, y somos los garantes de la reeducación y la reinserción social, ni un euro de subida”, lamenta.
LAS REIVINDICACIONES DE LA APFP
La APFP reclama un estatuto propio que regule la especificidad de su trabajo, y “las mejoras económicas prometidas e incumplidas durante más de 13 años”.
Respecto a las agresiones, ve «fundamental» que se reconozca la condición de agentes de la autoridad a todos los trabajadores penitenciarios, para que este tipo de hechos «no queden impunes”, “para no queden en una mera sanción disciplinaria y una multa económica por un delito de faltas”.
Además, reclama que se dote a los funcionarios de prisiones de pistolas táser, eléctricas, para evitar los ataques de internos extremadamente violentos.
«Nada de esto ha sido atendido», denuncia Llamazares.
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