Reclama al Gobierno que mejore "con
urgencia" las condiciones profesionales de
los funcionarios de prisiones. Foto: Instituciones Penitenciarias
El PP lleva al Congreso el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad
Pide "incrementar con urgencia su retribución, para que esté en consonancia con la tarea que desempeñan, esencial para la democracia: la reinserción y la resocialización exitosa de los reclusos"
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03/9/2019 10:52
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Actualizado: 10/12/2021 14:02
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El Grupo Parlamentario Popular registró ayer en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a mejorar de forma global las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones.
Pide «incrementar con urgencia su retribución, para que esté en consonancia con la tarea que desempeñan, esencial para la democracia: la reinserción y la resocialización exitosa de los reclusos».
También reclama una Oferta de Empleo Público con una tasa de reposición extraordinaria que permita cubrir las plazas vacantes.
Además, el PP destaca que es necesario garantizarles el carácter de agentes de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Indica que estas dos últimas medidas «redundarían en una mayor seguridad en el trabajo, menos agresiones y mejores prestaciones», para un sistema penitenciario «más funcional».
La Proposición no de Ley defiende «adaptar el sistema a los nuevos tiempos, con una carrera profesional dentro de Instituciones Penitenciarias y con programas específicos de formación más ambiciosos que los actuales».
El PP señala que el equipo con el que trabajan estos empleados públicos debe ser «acorde con las situaciones de peligrosidad que las cárceles españolas sufren».
En ellas, recuerda que según la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), se registra una media de un ataque al día con resultado de alguna lesión.
Detalla que entre 2011 y 2019 se han producido unas 3.000 agresiones a funcionarios de prisiones, y ello sin incluir los datos de Cataluña, que tiene transferidas las competencias, «y donde este problema es aún más grave».
Armas incautadas a internos durante registros aleatorios realizados por funcionarios de prisiones.
«Ante la extraordinaria importancia de su trabajo y el olvido al que el ministro del Interior los tiene sometidos, el Grupo Parlamentario Popular exige al Gobierno que haga efectivas todas estas medidas a la mayor brevedad posible», ha expresado el PP en un comunicado.
La proposición, presentada para su debate en Pleno, está firmada por la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y las diputadas Ana Belén Vázquez e Isabel Borrego.
DESCARGAR PNL FUNCIONARIOS DE PRISIONES
El PP detalla en el texto de su iniciativa que con los últimos datos oficiales de mayo de 2019, en las cárceles españolas había en esa fecha 54.807 reclusos y 4.522 reclusas.
Agrega que aunque el número ha desminuido respecto a hace 10 años, que ascendían en el mismo mes de 2010 a 70.330 y 6.070, respectivamente, la institución penitenciaria ha sufrido cambios de gran impacto con una nueva población reclusa «más agresiva y peligrosa».
Así, el grupo popular explica que se pueden constatar nuevas formas de organización criminal como bandas armadas paramilitares compuestas por miembros de distintas nacionalidades, mafias del narcotráfico y terrorismo yihadista.
«Y todo ello, en un contexto global de internacionalización del fenómeno criminal del terrorismo y la violencia organizada», añade.
Asimismo, indica que «muchas de estas expresiones violentas más o menos organizadas cuentan con capacidad operativa fuera de las cárceles, y es especialmente preocupante la posibilidad de que puedan llegar a cometer actos contra la integridad del trabajador penitenciario valiéndose de la infraestructura de la banda en el exterior de los centros».
El PP recuerda, además, que los sindicatos advierten de que este tipo de amenazas y agresiones no suelen ser denunciadas por «miedo».
Subraya que estas novedades, unidas a males endémicos que el sistema arrastra (vacantes sin cubrir, envejecimiento de las plantillas, consumo de nuevos tipos de estupefacientes de tipología peligrosa por los reclusos, contacto con enfermos mentales por la escasez de psiquiátricos y con internos con enfermedades infecto-contagiosas, etc), «favorecen el aumento de las agresiones entre internos, y de internos a funcionarios, así como accidentes laborales».
SUS RECLAMACIONES, AL DETALLE
En concreto, el partido de Pablo Casado pide incrementar el complemento específico de cada funcionario, «eliminando las diferencias retributivas que existen en la actualidad», siguiendo el siguiente compromiso trianual:
Antes de que termine 2019, un incremento lineal anual consolidable de 3.500 euros, en el Complemento Específico de todos los puestos de trabajo adscritos a Instituciones Penitenciarias de laAdministración General del Estado, equivalente a un incremento de 250€ mensuales.
En 2020, se incrementará en dos niveles el Nivel de Complemento de Destino de todos los puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarias de la AGE y -en los supuestos en que esto no fuera posible por los límites en los intervalos de nivel de complemento de destino de cada subgrupo de funcionarios- se asignará una cuantía equivalente al incremento de los niveles en el Complemento Específico.
Además, se incrementará, de forma lineal, el Complemento Específico en 600 euros anuales, equivalentes a 50 euros mensuales y se aplicará a todos los puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarias de la AGE, Ambas medidas tendrán carácter consolidable.
En 2021 se asignará un Fondo adicional de 30 millones de euros, que se acumulará a las medidas retributivas anteriormente señaladas.
El PP señala que para el reparto de este fondo, el Ministerio del Interior elaborará un estudio que se centrará en una nueva clasificación actualizada de los actuales 9 grupos en que se dividen las instituciones Penitenciarias, «sin que en ningún caso esta reordenación pueda perjudicar salarialmente a ninguno de ellos».
Por otro lado, pide realizar una oferta de Empleo Público para el próximo ejercicio de 2020 con una tasa de reposición extraordinaria que permita cubrir las plazas vacantes en Instituciones Penitenciarias, creando, paralelamente, con los aspirantes aprobados sin plaza en esa Oferta de Empleo Público, una bolsa de interinos para sustituciones.
También reclama fijar la obligación de convocar concursos de traslado de carácter anual, establecer tras la negociación pertinente una carrera profesional dentro de Instituciones Penitenciarias, y abrir un proceso de negociación para diseñar programas específicos de formación más ambiciosos que los actuales.
Otras medidas son iniciar un proceso de negociación para abordar y dar solución a la problemática específica del personal adscrito al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, negociar un cambio de la nomenclatura del cuerpo más acorde con las funciones que desarrolla, con el fin de mejorar el prestigio social de su trabajo.
Además, pide establecer un nuevo uniforme y equipo adaptado al medio penitenciario y acorde con las situaciones de peligrosidad que se vienen registrando, abordar la regulación de la segunda actividad del colectivo de forma más acorde con las necesidades del servicio.
Reclama acometer todas estas medidas para hacerlas efectivas, a más tardar, en el ejercicio de 2020, y modificar la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria para el reconocimiento del carácter de Agentes de la Autoridad a los Funcionarios de Cuerpos Penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.
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