El Alto Tribunal dará traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso, al Senado y a los Parlamento y Gobierno vascos para que puedan presentarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen oportunas. Foto: Carlos Berbell
El Constitucional admite a trámite los recursos de PP, Cs y VOX contra las leyes vasca y navarra de ‘abusos policiales’
Agentes y víctimas del terrorismo denuncian que ambas leyes "pretenden convertir en verdugos a las verdaderas víctimas"
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06/9/2019 15:07
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Actualizado: 06/9/2019 15:07
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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores del PP contra la ley vasca de «abusos policiales», así como el registrado por diputados de VOX y ‘populares’, y de Ciudadanos contra una ley similar aprobada en el Parlamento de Navarra.
Agentes y víctimas del terrorismo denuncian que ambas leyes «pretenden convertir en verdugos a las verdaderas víctimas».
El PP alegó que la ley vasca impugnada “vulnera el principio de Estado de Derecho y del sometimiento de los poderes públicos a la Constitución; el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia; el principio de seguridad jurídica e invade competencias del Estado”.
Se trata de la Ley 5/2019, de 4 de abril, de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, ‘de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999’.
Fue aprobada por el Parlamento vasco con los votos a favor de los socialistas vascos y del PNV, y cuenta con el rechazo feroz de asociaciones de víctimas, sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil.
El tribunal de garantías ha acordado que se dé traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, así como al Parlamento y al Gobierno del País Vasco para que puedan personarse en el proceso y formular alegaciones.
La ponencia de la sentencia que se dicte corresponderá al magistrado Cándido Conde-Pumpido.
El pasado 15 de julio, el portavoz del grupo popular en el Senado, Ignacio Cosidó, que fue director general de la Policía entre 2012 y 2016, y la portavoz adjunta Salomé Pradas presentaron el recurso contra cuatro artículos de los cinco de la ley vasca.
El Tribunal Supremo también admitió a trámite el pasado mayo un recurso del Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la ley vasca de ‘abusos policiales’.
La denominada ley de «abusos policiales» de Navarra fue aprobada el pasado marzo por el Parlamento foral, y publicada en el BOE el 16 de abril.
Se denomina «Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos».
Diputados de VOX y el PP presentaron el pasado 28 de junio un recurso de inconstitucionalidad conjunto.
Denuncian que esta ley confunde a víctimas con verdugos, ofende a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, blanquea a la banda terrorista ETA e insulta la memoria de sus asesinados y sus supervivientes.
Por parte de VOX fue presentado por el portavoz en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, y la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, y por parte del PP, por su portavoz parlamentario, José Antonio Bermúdez de Castro, la secretaria general del partido en el Congreso, Isabel Borrego, y Ana Beltrán, su líder en Navarra.
De izquierda a derecha: Macarena Olona e Iván Espinosa de los Monteros, de VOX, y Ana Beltrán, José Antonio Bermúdez de Castro e Isabel Borrego, del PP.
Tres días después, el pasado 1 de julio, Ciudadanos también presentó otro, como ya hiciera un mes antes con la ley vasca de ‘abusos policiales’, y que el TC también admitió a trámite el 8 de julio.
Lo registraron el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso Joan Mesquida y los diputados Edmundo Bal y Sara Giménez.
Mesquida declaró ante los medios que este recurso ante el tribunal de garantías «debería presentarlo el Gobierno de Pedro Sánchez», pero que no lo hace para «no molestar a sus socios del PNV, Bildu y Podemos». Foto: EP
Conforme denunciaron tras su aprobación sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, y recogen los recursos de inconstitucionalidad, esta ley permite que un Comité declare víctimas de abuso policial a quien lo solicite y sin que medie sentencia judicial, de modo que implícitamente se daría por culpable a una institución o uno de sus funcionarios.
Para Mesquida, la ley navarra es «una auténtica aberración jurídica», ya que «pretende crear una comisión política donde Podemos, Bildu», a los que ha llamado «amigos de ETA», y el PNV «determinen si ha habido violaciones de los Derechos Humanos».
«En cualquier Estado de Derecho, quien determina y quien investiga la comisión de delitos son los jueces y los tribunales», recuerda.
El Constitucional, tras admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dispone dar traslado de toda la documentación tanto al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno como al Parlamento y Gobierno de Navarra para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren oportunas.
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