El Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña ha acordado aceptar las solicitudes de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Sada para intervenir en el proceso iniciado por el Estado el pasado julio para reclamar a la familia Franco la propiedad del Pazo de Meirás.
La Abogacía del Estado presentó esta demanda, en la que afirma que la compra del inmueble por parte de Franco en 1941 fue «simulada y fraudulenta».
En un auto emitido hoy, la magistrada Marta Canales Gantes considera que las dos administraciones tienen un interés directo y legítimo en la causa y ha estima los argumentos que presentaron en sus solicitudes.
A la hora de acordar su intervención en el proceso ha tenido en cuenta el papel relevante del Ayuntamiento de Sada en las acciones tendentes a recuperar el pazo, así como que, según el Concello, no solo se pretende la recuperación del patrimonio, sino darle un uso público.
En cuanto a la Xunta, señala que el Parlamento de Galicia fue quien inició las acciones para recuperar el bien, que ha sido declarado en 2008 por la comunidad autónoma bien de interés cultural, con la categoría de sitio histórico.
Además, indica que el ejecutivo autonómico ostenta las competencias respecto a la protección del patrimonio.
Ambas administraciones se adhieren de esta forma al procedimiento judicial, pero no tienen carácter autónomo, pues su legitimación para intervenir está subordinada a la parte demandante, al Estado.
Tanto el Ayuntamiento como la Xunta, por tanto, intervendrán en el proceso en calidad de parte coadyuvante adhesiva simple del demandante.
LA DEMANDA DEL GOBIERNO
Según informó en su día el Ministerio de Justicia, un estudio jurídico realizado la Abogacía del Estado ha sacado a la luz un documento que demuestra que Francisco Franco «falseó el título con el que inscribió el Pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad».
Los hechos en los que se basa la demanda se remontan al 3 de marzo de 1938, fecha en la que se constituyó la denominada ‘Junta pro Pazo del Caudillo’, integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de A Coruña, entre otras autoridades, con el fin de adquirir un inmueble representativo en la provincia para ponerlo a disposición de Franco para su utilización como residencia veraniega.
La compra se realizó el 3 de agosto de 1938 por la «Junta pro Pazo del Caudillo» por 406.346 pesetas a la entonces propietaria del Pazo de Meirás, Manuela Esteban Collantes, viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán.
Esta escritura, desconocida hasta entonces, ha sido localizada por la Abogacía del Estado.
Según indica la Abogacía, «la financiación de la compra se planteó inicialmente a través de una suscripción popular, pero, al no dar esta el resultado esperado, se inició un proceso de recaudación forzosa que incluyó la detracción de nóminas de trabajadores y funcionarios, así como la aportación de fondos de las administraciones locales».
Detalla que desde la fecha de la compra, el Pazo de Meirás fue objeto de numerosas actuaciones y obras, que incluyeron la dotación de infraestructuras y servicios, la expropiación de terrenos, la construcción de carreteras, el amurallamiento y acondicionamiento del recinto, así como otra serie de reformas que «fueron ejecutadas y financiadas en su conjunto por la Administración General del Estado».
Desde entonces, el inmueble se usaba como residencia veraniega oficial de Franco.
La Abogacía destaca que tres años después, acabada la guerra, el 24 de mayo de 1941 se otorga una segunda escritura pública en la que se presuntamente se simula la venta del Pazo por parte de Manuela Esteban Collantes a favor de Francisco Franco.
Con esta escritura como título, Franco inscribió a su nombre el Pazo de Meirás en el Registro de la Propiedad.
Según el Ministerio de Justicia, esta inscripción, derivada de una «compraventa ficticia», es la que permitió que, al fallecimiento de Franco, su viuda hiciese una donación del Pazo de Meirás a su hija, Carmen Franco, de quien pasó a su vez, a sus hijos y herederos.
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