El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los 7 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el pasado lunes.
Han ingresado en la prisión de Soto del Real (Madrid).
García-Castellón ha atendido así a la petición del teniente fiscal de la AN, Miguel Ángel Carballo, que reclamaba el ingreso en prisión provisional de los 7 «ante el riesgo» de que materializasen «las conductas que planeaban» de cara al 1-O.
El magistrado les imputa pertenencia a grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.
Considera que existen «indicios de que formaban parte» de una organización denominada ‘Equip de Resposta Tàctica’ (ERT), una facción de los CDR con una «estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta».
Ha decretado prisión provisional porque estima que concurren los requisitos, como son la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas que tendrían los detenidos en caso de estar en libertad, la posible sustracción a la acción de la justicia, así como la posible reiteración delictiva.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 mantiene esta causa bajo secreto mientras se analiza la numerosa documentación incautada a los arrestados en los 10 registros que se practicaron el lunes en distintos puntos de la provincia de Barcelona.
Los siete CDR han sido trasladados a primera hora de la mañana a la Audiencia Nacional desde las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) en las que han permanecido desde el lunes.
Las declaraciones ante García-Castellón han tenido lugar entre las 11.00 y las 14.30 aproximadamente.
Dos de los detenidos admitieron ayer ante la Guardia Civil haber comprado y hecho pruebas para la fabricación de artefactos para «meter ruido» el próximo 1 de octubre, en la conmemoración del referéndum ilegal de 2017.
Hoy, esos dos -representados por abogados de oficio- han respondido a los interrogatorios del juez y del Ministerio Público.
Los otros cinco, que están representados por letrados de Alerta Solidaria, sólo han contestado a sus abogados para decir que no forman parte de ningún grupo terrorista y que son personas «normales y corrientes».
A raíz de las detenciones, la Fiscalía informó en un comunicado que se les imputaban los presuntos delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos. Finalmente, no les imputa rebelión, mantiene el de terrorismo y tenencia de explosivos, y ha añadido el de estragos.
LA AVT, LA AUCG Y LA AEGC HAN PEDIDO PERSONARSE COMO ACUSACIÓN POPULAR
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) han pedido, cada una por su parte, personarse para ejercer como acusación popular.
La AEGC formalizó ayer su personación, por medio de su abogado Jorge Piedrafita.
Indicó que las detenciones se han producido cuando, al parecer, estos individuos «se preparaban para atentar contra casas de la Guardia Civil en Cataluña».
Según ha explicado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, estos individuos están acusados de ultimar acciones terroristas, que supuestamente iban a perpetrar con el material para fabricar explosivos caseros que se les intervino.
Tenían en su poder información, e incluso planos, sobre edificios públicos, entre los que figura una casa cuartel.
Hoy se ha conocido que también han pedido personarse la AVT y la AUGC.
La AVT ha presentado una querella ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 contra uno de los detenidos, Txevi Bohugas.
La ha dirigido sólo contra él porque es la única identidad de la que tenía conocimiento en el momento de interponerla.
En la querella, la Asociación Víctimas del Terrorismo señala que los CDR «han venido manteniendo una inicial estrategia de desobediencia civil inicialmente no violenta», pero que «con el paso de tiempo ha desembocado bajo sus tesis secesionistas en la adopción de actitudes violentas».
Subraya que los detenidos «se concertaron para cometer una serie de actos violentos dentro del proyecto secesionista que pretenden y con la evidente finalidad de pretender subvertir el orden constitucional vigente».
Además, remarca que se les han intervenido sustancias consideradas precusores de explosivos, así como anotaciones sobre un cuartel de la Guardia Civil y edificios oficiales de Cataluña.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentando un escrito ante el Juzgado pidiendo su personación como acusación popular.
La AUGC indica que tiene entre sus fines “colaborar desinteresadamente con la acción judicial para la averiguación y esclarecimiento de acciones terroristas, de narcotráfico, inmigración ilegal y cualesquiera otros hechos delictivos, pudiendo ejercer en dichos casos la acción popular”.
«Por ello, se ha tomado la determinación de proceder a la personación, máxima cuando las primeras informaciones apuntan a que los detenidos tenían como objetivos a unidades de la Guardia Civil en Cataluña«, explica.
