El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha citado a declarar como investigado al diputado de ERC en el Parlamento catalán Josep Lluís Salvadó Tenesa por su presunta vinculación con el 1-O y la creación de la Hacienda catalana.
Lo ha citado para el 19 de noviembre, a las 10 de la mañana.
A este exsecretario de Hacienda del gobierno catalán que presidió Carles Puigdemont se le imputan los presuntos delitos de malversación de fondos, un delito de revelación de secreto y un delito de desobediencia grave.
El pasado 23 de julio, la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, que investiga la logística del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, pidió al TSJCat que investigara a Salvadó, ya que tiene la condición de aforado.
En un auto con fecha de hoy, la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior del TSJCat María Eugenia Alegret Burgués se ha declarado competente, tras recibir la exposición razonada de Gil.
Alegret ya tiene una pieza abierta en la que investiga a Josep Maria Jové, que era el ‘número 2’ del exconsejero catalán Oriol Junqueras en el departamento de Economía, a quien en su casa la Guardia Civil encontró el 20-S los planes secretos para llevar a cabo la independencia de Cataluña y la agenda con todas las reuniones de los embarcados en ese fin.
Ahora ha ampliado la instrucción de las presentes diligencias por medio de la presente pieza separada a Salvadó.
El Ministerio Público considera que este alto cargo del departamento que estuvo liderado por el exvicepresidente Oriol Junqueras puede ser presunto autor de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia, descubrimiento y revelación de secretos, y organización criminal.
Salvadó fue detenido el 20 de septiembre de 2017 en la operación de la Guardia Civil y ya compareció como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, aunque se acogió a su derecho a no declarar.
Finalmente no fue procesado por este Juzgado junto con una treintena de altos cargos por su presunta implicación en el 1-O.
Alegret señala en su auto que de la exposición razonada remitida por Gil, así como de los elementos probatorios que indiciariamente se describen en la misma, junto con los documentos y atestado que abren la presente pieza separada y que proceden de la instrucción de sus diligencias previas, se desprenden una serie de indicios referidos a Salvadó que se relacionan presuntamente con la hoja de ruta prevista para alcanzar la independencia de Cataluña por la vía unilateral contra las sentencias y mandatos del Tribunal Constitucional (TC) y con la asistencia al referéndum del 1 de octubre de 2017 que fue suspendido y luego declarado inconstitucional.
Indica que Salvadó, en su condición de secretario de Hacienda, y subordinado del también investigado en esta causa Jové LLadó, «trabajó al menos desde principios del año 2016 de forma intensa en el diseño de las llamadas estructuras del Estado» que debía conformarse tras las elecciones legislativas celebradas en 2015, pese a que era público y notorio, desde varias sentencias del Tribunal Constitucional de 2015, así como autos y providencias, que sin la modificación constitucional no era posible la creación de un Estado catalán independiente en forma de república ni la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Señala que los proyectos en los que trabajaba Salvadó incluirían cuatro áreas: sostenibilidad económica y financiera y financiación del nuevo Estado, Banco Central de Cataluña, supervisión del sistema financiero y autoridad de la competencia, incluyendo la necesidad de desplegar dotaciones presupuestarias para crear una Hacienda propia con la que recaudar y gestionar determinados impuestos ajenos al ámbito de la competencia de la comunidad, «preparando al efecto normativa administrativa de diverso rango, así como diversos informes».
Destaca que se intervinieron correos electrónicos y conversaciones telefónicas de las que «se infiere indiciariamente también su participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, del conocimiento de la existencia del envío de tarjetas censales a los ciudadanos, así como documentos encomendándole la coordinación de los escenarios posteriores a dicho referéndum».
Añade que en un pendrive bajo el título “Hoja de ruta-recaudación octubre 2017” que fue intervenido en el registro el día 20 de septiembre de 2017 se encontró, según la exposición razonada, “un gráfico en el que se describen cronológicamente los pasos que desde la Secretaría de Hacienda debían hacerse antes de la llegada de la fecha del referéndum. Pasos que coinciden con varias anotaciones manuscritas observadas en la agenda Moleskine intervenida al Secretario de Economía y hacienda, Jové Lladó».
«Por ejemplo, en el gráfico intervenido a Salvadó se indica la importancia del desarrollo del sistema Spriu y en la agenda de Jové a este programa se le vincula con la creación de una Hacienda de desarrollo de módulos relativos a la recaudación de impuestos estatales para los que no tienen competencia”, añadía la exposición razonada.
Alegret indica que se destaca así la importancia del desarrollo del sistema informático Spriu en el que se prevé el desarrollo de módulos relativos a la recaudación de impuestos estatales no cedidos para los que el Departamento de Hacienda a cargo de Salvado no tenía competencia.
«Así, en orden a la recaudación del impuesto del IRPF, IVA, IS e impuestos especiales», añade.
Relata que para ello se encargó a la sociedad IBM el «sistema informático ATC Gestora-Tramitadora y el módulo bac office SAp TRm».
«La contratación del sistema supuso un gasto pagado con fondos públicos de 241.383 euros, más 16.162.20 que se tuvo que satisfacer a IBM para desactivar la herramienta tras la aplicación del artículo 155 de la CE sobre la administración catalana», detalla.
La magistrada explica que «con dicho mecanismo se pretendía en una primera fase, mediante convenios de colaboración entre la Agencia Tributaria Catalana (AEAT), Ayuntamientos y entes públicos autonómicos, que estos ingresasen los impuestos estatales y cotizaciones a la seguridad social a la primera, para que -en forma innecesariamente centralizada- ésta los liquidara a la AEAT y tras el referéndum de independencia sirviesen para financiar al nuevo Estado».
LA FISCALÍA ENUMERA LOS ‘INDICIOS’ CONTRA ÉL
Entre los indicios recopilados contra él, el teniente fiscal de Cataluña, Pedro Javier Ariche Axpe, citaba en el escrito en el que pedía que el TSJCat investigue a Salvadó, la localización en el registro de su despacho en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 unos trozos de papel rotos en la fotocopiadora que, al ser reconstruidos, se comprobó que, con fecha del 14 de septiembre de 2017, especificaban «los escenarios posteriores al referéndum encomendándose la coordinación de los mismos para el 2 de octubre a Elsa Artadi -actualmente concejal de Barcelona- y Josep Lluís Salvadó».
El fiscal también resalta varias conversaciones telefónicas intervenidas de las que «se desprende que Salvadó era conocedor de la estrategia y la hoja de ruta a seguir para conseguir la independencia» de Cataluña, por ejemplo con el documento intervenido en su casa ‘Hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán’.
Señala otras conversaciones en las que aborda qué información hay que remitir al Ministerio de Hacienda sobre el 1-O, y otra sobre si habrá voto por correo, en la que asegura que lo solucionarán y que enviarán las tarjetas censales a 5,5 millones de ciudadanos.
Según el escrito de la Fiscalía, en las conversaciones también se escucha que Salvadó muestra «su disposición a obedecer leyes» emanadas del gobierno de Cataluña «por encima de lo que pueda decir el Gobierno de España o las resoluciones judiciales».
Sobre la documentación intervenida en el registro de su domicilio en Barcelona, el Ministerio Público resalta un informe con 175 medidas para la creación de un nuevo estado, con medidas a adoptar por el ‘govern’ y el Parlamento catalán, y borradores con las normas que debían aprobarse «para hacer efectiva la desconexión del Estado español».
Entre las medidas a adoptar desde la Consejería de Vicepresidencia y Economía, estaban desplegar la estructura organizativa de la Hacienda catalana, el procedimiento de recaudación ejecutiva, la red de oficinas de recaudación, el sistema de gestión tributaria, modelos de autoliquidación y declaraciones tributarias, el catastro, aduanas y la oficina de fiscalidad internacional, detalla.
Según la investigación, le encontraron un documento con el título ‘En mano. Personal. Confidencial. De Francesc Sutrías a Salvadó’ que contiene un informe con la distribución de activos y pasivos en diciembre de 2016, que clasifica los bienes en territorializables, no territorializables y extraterritorializables, y a partir de aquí se acordaría el reparto.
También incautaron a Salvadó el documento ‘Escenario guerra, escenario guerrilla’ con las respuestas a las actuaciones del Estado y las medidas judiciales que se pudieran adoptar, y también un documento en el que se especificaban preguntas del gobierno chinoacerca del hipotético banco central catalán y de la declaración unilateral de independencia.
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