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El fiscal decano de Talavera finalmente tiene que demoler su chalet, construido junto a un arroyo

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El fiscal decano de la Sección Territorial de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, tiene que demoler el chalet –pagándolo de su propio bolsillo– que tiene en el término municipal de Pepino, localidad a 8 kilómetros al norte de Talavera, en la provincia de Toledo.

El pasado 15 de julio, la sentencia 122/2019, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), se convirtió en firme –según confirmaron a Confilegal fuentes oficiales de dicho órgano judicial– al renunciar De la Cruz Andrade y su esposa, María García García, a recurrirla en casación ante el Tribunal Supremo.

Fue hace tres meses.

Ahora, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) tiene que proceder a la ejecución de la demolición del chalet, sobre el que pesa una hipoteca de 400.000 euros. 

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Y lo puede hacer sacando a contratación directa el encargo o solicitando su ejecución subsidiaria bien al Ayuntamiento de Pepino o a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

No puede haber otro desenlace ya que no lo derribó voluntariamente cuando le fue requerido, en 2009.

La obligación principal del fiscal decano –y de los 2.500 fiscales españoles– es la defensa de la legalidad.

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Defensa que, en el caso de su chalet, no llevó a cabo pues lo levantó en 2007 sobre una zona de Dominio Público Hidráulico sobre el que estaba prohibido construir sin la autorización de la CHT. 

El Dominio Público lo componen los cauces de ríos y arroyos y los lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales.

La vivienda se encuentra construida sobre el margen izquierdo del Arroyo de la Fuente o del Berrenchín a una distancia no superior a los 3 metros del cauce cuando la ley establece una zona de servidumbre, una franja de 5 metros a cada lado, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento, y una zona de policía, que comprende los 5 metros anteriores, más 95 más, en la que se condiciona el uso del suelo. Zonas sobre las que está prohibido construir.

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El chalet del fiscal decano fue construido en la zona de policía del cauce del arroyo Berrenchín, dentro de la franja de 100 metros.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Y ORDEN DE DEMOLICIÓN 

Así el 14 de noviembre, la CHT abrió un expediente sancionador que desembocó, 4 meses después -el 6 de marzo de 2009- en la orden de demolerlo.

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El articulado técnico de dicho expediente imponía «la orden de reponer las cosas a su estado anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del texto refundido de la Ley de Aguas, salvo que sean legalizadas las obras o autorizados los trabajos denunciados a instancia del interesado».

La zona de servidumbre es la franja específica de 5 metros que linda con el cauce y la de policía la franja de 100 metros a contar desde el cauce mismo, y que comprende la anterior.

Jamás cumplieron dicha orden. 

La sentencia del TSJCLM, pronunciada el 30 de abril pasado, se pronunció en la misma dirección que el informe del abogado del Estado, Pedro González: el chalet fue construido ilegalmente y, por lo tanto, hay que demolerlo.

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Foto desde el aire de la zona; está datada antes de que fuera construido el chalet.

EL ORIGEN DEL RECURSO FALLIDO

La esposa del fiscal decano se vio obligada a interponer un recurso ante el TSJCLM después de que la Confederación Hidrográfica del Tajo volviera a requerirle la demolición el 31 de octubre de 2017. 

Una orden en la que tuvo mucho que ver Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina, organización que el 21 de marzo de 2017 envió un escrito a la CHT pidiendo saber por qué no se había cumplido la demolición del chalet.

Posteriormente, la asociación ecologista presentó un informe pericial «que confirmaba la existencia de la infracción legal» y solicitó que se cumpliera con el derribo.

DESCARGAR: ECOLOGISTAS-EN-ACCIÓN-INFORME-SOBRE-SITUACIÓN-DE-LA-VIVIENDA-UNIFAMILIAR-y-ESPACIO-FLUVIAL_PEPINO_FINAL

Prado Salmeron, representante de Ecologistas en Acción de Talavera, señalando el chalet del fiscal decano, que se encuentra a poco metros de un embalse. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SE INTERESÓ POR EL CHALET 

En el fallo también reconoce la existencia de «requerimientos de información por parte de la Fiscalía General del Estado al hilo de las denuncias de Ecologistas en Acción, entidad que, por último, también presentó una denuncia ante el Ayuntamiento, como obra igualmente en el expediente».

Dichos requerimientos fueron realizados por orden del entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza. 

LAS ALEGACIONES QUE EL TSJCLM NO CONSIDERÓ

El tribunal del TSJCLM no ha considerado ninguna de las alegaciones realizadas por el abogado de la esposa del fiscal decano.

La primera argumentación es que no les fue notificada correctamente la resolución de derribo de 6 de marzo de 2009. La segunda es que el procedimiento administrativo es nulo porque no se notificó el acuerdo de incoación. La tercera es que dicho expediente administrativo caducó porque se inició el 14 de noviembre de 2008 y no se comunicó la resolución hasta el 31 de octubre de 2017. La cuarta es que el chalet fue levantado sobre suelo urbano. Y la quinta es que no existe cauce de arroyo alguno en el lugar donde se levantó el chalet.

Los cuatro magistrados consideran que las pruebas aportadas demuestran lo contrario.

El chalet se construyó en zona de policía.

«Las fotografías aéreas (…) permiten observar que, aunque desde luego la vivienda se integra en una urbanización, precisamente no parece que existan construcciones junto al arroyo –al menos en esa zona al sur de la laguna– salvo la de la recurrente, estando sin edificar las parcelas colindantes al oeste y toda la zona al sur de la parcela del actor, por donde sigue discurriendo el arroyo», dice la sentencia. 

Situación del chalet del fiscal decano de Talavera de la Reina en Pepino.

Sobre el resto, en lo esencial, el tribunal considera que, aunque la notificación de 2009, por defectos, debía ser impugnada, sin embargo, el expediente no puede considerarse afectado por la caducidad.

«Para la concreta cuestión de la caducidad existe, como acabamos de ver, una regla especial que considera suficiente, para que la caducidad no se produzca, el intento de notificación. Y una vez la caducidad no se produjo, al cerrarse con ese intento el cómputo del plazo máximo, ya no puede producirse después», dicen los 4 magistrados.

Y tampoco concurre la prescripción.

«Pues aunque aquí la Confederación no invoca la invasión del dominio público hidráulico -caso en el que la acción sería imprescriptible– sino de la zona de policía, es lo cierto que el artículo 327 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico establece un plazo de 15 años para la acción de la reposición de las cosas a su estado anterior, plazo no transcurrido en este caso», añaden.

Sólo han pasado 10 años, desde 2009. 

Por último, sobre el carácter «urbano» del terreno, los magistrados señalan que «curiosamente esta afirmación se realiza sin luego desarrollarse jurídicamente de ninguna forma y sin sacar ninguna conclusión ni consecuencia explícita».

Planos del chalet del fiscal decano y de su esposa que la Confederación Hidrográfica del Tajo ordenó derruir en 2009, orden que no se ha cumplido.