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La Fiscalía mantiene su petición de 4 años de cárcel para Jaime Botín por contrabando de un Picasso

La Abogacía del Estado también solicita 4 años de cárcel para el expresidente de BankinterLa defensa de Jaime Botín dice que las acusaciones están "tergiversadas" y señala que el Supremo aún tiene que decir si el cuadro es un bien cultural. Foto: EP
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La Fiscalía mantiene su petición de 4 años de cárcel y una multa de 100 millones de euros para Jaime Botín, expresidente de Bankinter y hermano del banquero fallecido Emilio Botín, por presuntamente querer sacar de España un Picasso sin la autorización necesaria del Gobierno español y venderlo en Reino Unido.

La obra en cuestión es ‘Cabeza de mujer joven’, data de 1906 y es una de las pocas obras del periodo ‘Gosol’ del pintor malagueño Pablo Picasso.

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Está valorada en 26.200.000 de euros.

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El Ministerio Público acusa a Botín de un presunto delito de contrabando de bienes culturales.

La obra ‘Cabeza de mujer joven’ fue pintada por Picasso en la localidad catalana de Gosol, de donde adquiere el nombre la etapa a la que se adscribe.

El juicio, que se ha celebrado a lo largo de esta semana en el Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid, del que es titular la magistrada Elena Raquel González Bayón, ha quedado hoy visto para sentencia.

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En la exposición de sus conclusiones definitivas, el fiscal César Estirado también ha reclamado que la obra sea adscrita al dominio público español en aplicación de la ley de patrimonio histórico.

Ésta fue incautada a Jaime Botín en 2015 en su barco, en el puerto de Calvi (Córcega, Francia), y está depositada en el Museo Nacional Reina Sofía.

La acusación particular, representada por la abogada del Estado Elena Sáenz, también reclama 4 años de cárcel por un presunto delito de contrabando de bienes culturales.

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La defensa, ejercida por el abogado Javier Gómez-Bermúdez -magistrado en excedencia- ha pedido la absolución.

Considera que las acusaciones están mal formuladas, dice que han «tergiversado» los hechos y han hecho una «interpretación sesgada» de la Ley de Patrimonio Histórico Español y de la Ley de Represión del Contrabando.

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En su alegato final, el acusado ha expresado que se considera «libre de culpa en cuanto a cualquier posibilidad de comisión de delito en este caso», pues nunca pensó que «pudiera tener tal calificación» la actuación realizada con el cuadro.

Jaime Botín (en el centro), a las puertas del Juzgado, junto a su abogado, Javier Gómez-Bermúdez (derecha). Foto: EP

El pasado lunes, Botín reconoció en el juicio que advirtió a la empresa Christie’s de que no quería que el Gobierno pudiera adquirir este cuadro ya que su intención era venderlo en una subasta que se realizaría en febrero de 2013.

LOS ARGUMENTOS DEL FISCAL

El fiscal ha señalado que, pese a que el acusado ha intentado hacer ver lo contrario, el cuadro ‘Cabeza de mujer joven’ se ha trasladado de forma ilegal de España porque se encontraba en territorio español en 2015, cuando fue incautado en el puerto de Calvi, y que la intención de sacarlo existía desde 2012 para poder venderlo en una subasta en Londres.

Ha apuntado que en diciembre de ese año la obra se encontraba en Madrid, en las oficinas de la casa de subastas Christie’s, para que fuera fotografiado y elaborar el catálogo sobre la venta.

Además, ha indicado que fue la propia empresa quien solicitó la autorización de exportación al Ministerio de Cultura e indicó que se encontraba en la capital y que, por ello, saldría por la aduana española.

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«Es absurdo. Si se pide un permiso para sacarlo del territorio nacional es porque está en territorio nacional», ha manifestado.

Además, el fiscal ha dicho que el chófer del acusado afirmó en su declaración como testigo que recogió la obra de arte en la casa de Botín, en Pozuelo de Alarcón.

También ha recordado que, tal como reconoció Jaime Botín, era conocedor de que las autoridades españolas denegaron el permiso de exportación de la obra, porque así se lo comunicaron los trabajadores de Christie’s, así como de que existía una sentencia de la Audiencia Nacional que prohibía dicho traslado.

Ha defendido que Botín provocó que el cuadro sea de dominio público español al llevarlo en 2015 a Francia con la finalidad de guardarlo en Ginebra (Suiza), pues el artículo 29 de la Ley Orgánica del Patrimonio Histórico Español establece que así ocurre con aquellos «bienes muebles» que pertenezcan al Patrimonio español que sean «exportados sin la autorización» de la Administración competente.

El fiscal ha sostenido que es «indiscutible» la pertenencia de este cuadro al patrimonio por la «conexión» con España, ya que el pintor es de nacionalidad española, se pintó en la localidad catalana de Gosol y que se ve influenciado por la plástica del arte ibérico.

Asimismo, ha destacado que dicha norma señala que es necesaria dicha autorización administrativa porque la obra tiene más de 100 de antigüedad.

El fiscal considera que Botín ha incurrido en un delito de contrabando de bienes culturales porque también cumple todos los requisitos previstos en la ley de Represión de Contrabando como el traslado de la obra cuyo valor «superior a 150.000 euros».

Ha subrayado que para cometer este tipo penal contra el patrimonio histórico español no hace falta que la obra esté «previamente catalogado», como es el caso.

LA ABOGACÍA DEL ESTADO AFEA A LA DEFENSA QUE HAYA TRATADO DE DEFENDER QUE LA PINTURA HA ESTADO CASI 30 AÑOS EN EL BARCO PORQUE «NO ES ASÍ»

La abogada del Estado Elena Sáenz ha manifestado esos mismos argumentos sobre la pertenencia del cuadro al patrimonio histórico.

Además, ha afeado a la defensa que haya tratado de defender que la pintura ha estado casi 30 años en el barco ‘Adix’ porque «no es así».

Sáenz ha apoyado sus argumentos sobre la importancia que tiene ‘Cabeza de mujer joven’ en España en el informe realizado por la que fuera conservadora jefe de todas las colecciones del Museo del Reina Sofía durante 10 años, Paloma Esteban, cuyas conclusiones han sido ratificadas hoy ante la magistrada.

«No hay en Europa ningún cuadro de estas características», ha apuntado la experta, y ha dicho que se trata de «una revolución» en la trayectoria y estilo de Picasso, ya que «desembocará en el cubismo, que dará lugar a ‘Las señoritas de Avignon'».

LA DEFENSA DICE QUE ESTE CASO ESTÁ SOMETIDO A UN ‘BUCLE JUDICIAL’

La defensa de Botín ha afirmado que este caso está sometido a un «bucle judicial».

Según ha expuesto Javier Gómez-Bermúdez, el intento de vender el cuadro no sólo ya ha pasado por la Audiencia Nacional, sino que el Tribunal Supremo aún está pendiente de resolver el recurso presentado contra dicha resolución y dictaminar si se puede aplicar a este cuadro el Patrimonio Histórico Español, aunque todos sus propietarios hayan sido extranjeros.

Antes de que Botín adquiriera el lienzo en 1977 en una galería de arte británica, según explicó durante su declaración, perteneció al coleccionista francés Paul Guillaume, y ha defendido que durante 28 años ha permanecido en su velero, con bandera británica.

Por ello, la defensa considera que hasta que no exista una sentencia firme del Supremo no puede haber ninguna condena por este asunto.

El letrado ha manifestado que no se da ninguna de las circunstancias previstas en la ley de contrabando,  y ha señalado que no hay ni exportación ni expedición porque la pintura no ha estado en España ni tenía como destino final ningún otro país comunitario.

Ha asegurado que desde que se compra «el cuadro tiene como destino final el barco».

Según Gómez-Bermúdez, «no ha salido nunca del círculo privado del acusado», pues salvo en «tres esporádicas salidas», el cuadro siempre ha estado en el velero que durante años ha estado navegando por aguas europeas.

Ha apuntado que esto no implica que «el país de visita suponga el destino final, no vale la mera estancia», y ha dicho que la intención de guardar el cuadro en un Freeport de Ginebra, un complejo de almacenes de arte y obras de valor, era un «tránsito» hasta ver si finalmente podía venderlo y no el «destino final».

La defensa también ha afirmado que «no es verdad» lo que señala la Fiscalía sobre que Francia rechazó el permiso de salida del vuelo para llevar el lienzo a Ginebra, sino que Jaime Botín decidió de manera «espontánea» cancelarlo al detectar que las exigencias de la aduana se debían a que se estaba tramitando una exportación, algo que no compartía.

«Si fuera una salida ilegal no hubiera tramitado nada a su nombre», ha concluido.