La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; el consejero de Interior, Miquel Buch; la exportavoz del gobierno catalán y concejal de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi; el portavoz de Cs en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, 11 agentes de la Policía Nacional y el excomisario jefe de los «Mossos d’Esquadra» Miquel Esquius están llamados a declarar el próximo lunes en el juicio por presunta desobediencia al presidente catalán, Joaquim Torra i Pla.
Será juzgado por presuntamente incumplir resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) al no retirar lazos amarillos y ‘esteladas’ de los edificios de la Generalitat en periodo electoral.
El juicio comenzará a las 9.00 con la declaración de Torra.
A continuación declararán agentes de la Policía Nacional, dos de los cuales lo harán a través de vidoconferencia, y el excomisario jefe de los Mossos d’Esquadra Miquel Esquius, a última hora de la mañana del lunes.
Por la tarde, declarará Carrizosa, a partir de las 16.00 horas, seguido por Cunillera, Artadi, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, y el consejero de Interior, Miquel Buch.
LAS PENAS QUE RECLAMAN LA FISCALÍA Y VOX
La Fiscalía Superior de Cataluña pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra.
Reclama que se le inhabilite durante ese periodo para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito «local, autonómico, estatal o europeo».
Además, solicita que se le imponga una multa de 30.000 euros.
Por su parte, la acusación popular, ejercida por VOX, reclama una multa de 72.000 euros y la «inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de dos años, que incluye su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cualquier otro cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo» durante ese tiempo.
Este procedimiento contra Torra se abrió a raíz de una querella presentada por el fiscal superior Francisco Bañeres Santo el pasado 27 de marzo, que fue ordenada por la fiscal general del Estado, María José Segarra.
El juicio iba a celebrarse los pasados 25 y 26 de septiembre, pero el TSJCat lo aplazó para el 18 de noviembre por «la imposibilidad material de tramitar cumplidamente» la recusación que Torra presentó contra el presidente del TSJCat, Jesús María Barrientos, y la magistrada Mercedes Armas, así como contra el magistrado Carlos Ramos, instructor de dichas recusaciones.
El artículo 410 del Código Penal prevé para el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales multa de tres a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años.
