La AN deja en libertad a los dos CDR que quedaban en prisión
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10/1/2020 00:00
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Actualizado: 10/1/2020 00:00
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El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado hoy la puesta en libertad provisional de Jordi Ros y Germinal Tomàs Aubeso, los dos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que todavía permanecían en prisión, previo pago de fianzas de 30.000 y 15.000 euros, respectivamente.
En sendas resoluciones, este magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, les impone como medidas cautelares la obligación de comparecer con carácter semanal ante el juzgado de guardia más cercano a su domicilio, la prohibición de salida del territorio nacional, retirada de pasaporte y la obligación de señalar un domicilio a efectos de notificaciones y citaciones.
De 9 detenidos, 7 fueron enviados a prisión.
Los otros cinco que ya habían quedado en libertad bajo fianza y con medidas cautelares son Xavier Buigas, Guillem Xavier Duch, Eduard Garzón, Ferrán Jolis y Alexis Codina.
En sus autos, García Castellón hace una defensa de la investigación por terrorismo que dirige desde hace más de un año y que desembocó en aquellas detenciones.
Indica que el hecho de que este grupo no haya sido declarado oficialmente como terrorista, al no haber todavía una sentencia judicial que así lo acredite, no significa que no haya indicios de la «naturaleza terrorista de la organización a la que pertenecen» los imputados.
El magistrado señala que esta organización, el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), «resulta acorde con las últimas tendencias legislativas y jurisprudenciales que han abordado el tema de la irrupción y proliferación de grupos terroristas inmersos como ocurre recientemente en el islamismo violento, donde priman las estructuras horizontales en detrimento de las verticales».
Cita el Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo y la Posición Común de la UE sobre este asunto para sustentar su afirmación tanto en lo que respecta a la finalidad de las organizaciones terroristas como a los requisitos para ser considerado integrante de ellas.
«Las características de la organización criminal a la que pertenecería el solicitante de libertad son conformes con las nuevas modalidades de terrorismo que han aparecido en la escena criminal interestatal y mundial, a las que los legisladores han de hacer frente para evitar sus dañinos efectos», subraya.
El juez García Castellón recuerda que el Código Penal establece que son delitos de terrorismo los que se cometen con una de estas finalidades: subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional y provocar un estado de terror en la población.
«Todo lo dicho concurre en la organización a la que pertenece el señor Tomás Abueso como resulta de lo actuado y como incluso le atribuye alguno de los sujetos del grupo al que pertenece», explica García Castellón, y añade que la investigación ha puesto de manifiesto que el ERT era una organización tenía una «estructura estable y permanente en el tiempo que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta».
«Se ha evidenciado la existencia de grupúsculos de personas muy radicales, dentro de los CDR, llamados ‘comité de acciones’, quienes están dispuestos a llevar a cabo las acciones más graves, las cuales tendrían una gran repercusión en los medios de comunicación y consiguiendo con ello dar mayor visibilidad al conflicto separatista, con el objetivo final de conseguir la materialización de la separación de la comunidad autónoma de Cataluña del resto de España», añade el juez instructor.
Apunta que estos ‘comités de acciones’ «serían autónomos en la toma de decisiones a la hora de realizar sus acciones, buscando con ello que sean rápidas y reactivas con el objetivo final de conseguir esa repercusión en los medios».
Algunos de los investigados intervinieron en la «planificación, dinamización y consecución en la totalidad de los altercados más relevantes realizados por los sectores independentistas durante los años 2017, 2018 y 2019 en Cataluña, como el intento de sabotaje durante un traslado de los presos del ‘procés’.
«Nos hallamos ante una célula fuertemente organizada y clandestina, integrada en el paraguas de los CDR, cuyos miembros abogan por un aumento manifiesto de la radicalidad en sus acciones, a los que los elementos probatorios hallados situaban en un avanzado estadio respecto a la confección de materiales explosivos y/o incendiarios susceptibles de ser utilizados en acciones que comprometían gravemente la integridad de personas y bienes», explica.
Por todo ello, el magistrado afirma que «no se puede cuestionar la ausencia de indicios incriminatorios que justifican el mantenimiento de la medida» de prisión provisional, dado que las investigaciones realizadas aportan «indicios racionales claros» tanto de los planes de la organización como de la participación de Germinal Tomás Abueso y Jordi Ros en el «núcleo productor» del ERT encargado de la «manipulación, confección y preparación de sustancias con la finalidad de ser convertidas en compuestos explosivos e incendiarios».
En el caso de Ros, dice que «ha estado manipulando sustancias químicas con la finalidad de conseguir Termita, Cloratita y otros explosivos», así como ha utilizado el domicilio de sus propios padres como «laboratorio» para hacer «ensayos a pequeña escala» y del también investigado Alexis Codina para pruebas de mayor envergadura. Además, se le intervino material que evidencia «la intencionalidad» de aprender y practicar fabricación de sustancias de este tipo.
Mientras, «la aportación de Germinal Tomás sería una pieza clave en el éxito del plan delictivo, ya que participaba en la fase de elaboración y producción de los compuestos explosivos e incendiarios sin los cuales no podría llevarse a cabo el propósito perseguido por la organización terrorista», explica.
El magistrado expone que está «profusamente documentada» su participación en las actividades que desarrollaban en este sentido los ERT en ‘el laboratorio’.
El instructor explica todos estos indicios a lo largo de 10 páginas de sendos autos.
En la 11 señala que al margen de ello debe modificarse la situación de los dos investigados atendiendo «fundamentalmente a sus circunstancias personales» y, en concreto, a su arraigo social.
LA ACVOT HA RECURRIDO LA LIBERTAD DE CODINA
La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) ha recurrido la libertad de Codina.
Esta asociación que preside José Vargas Rincón y que ejerce de acusación popular en el caso, representada por los letrados José María-Fuster Fabra y Juan Ignacio Fuster-Fabra, entiende que lejos de atenuarse las razones por las que fue enviado a prisión provisional, estas se han «agravado».
Y porque ve su situación comparable a la de los terroristas islamistas del Raval detenidos en 2008.
Esta asociación señala que tanto Codina como el resto de investigados forman parte de una organización criminal cumpliendo escrupulosamente todos los elementos requeridos para ostentar tal consideración, y por lo tanto, en opinión de la ACVOT, «deberían seguir todos en prisión provisional».
Argumenta que Codina está siendo investigado por tenencia de explosivos con fines terroristas y recuerda que, según las pesquisas de la Guardia Civil que llevaron a su detención el pasado septiembre, fue partícipe de la obtención, elaboración y almacenamiento de esas sustancias.
Destaca que formaba parte del núcleo ejecutor y que en su domicilio, «que ha servido como laboratorio clandestino», se manipulaban las sustancias precursoras de explosivo intervenidas por la Benemérita.
La ACVOT reitera que persiste el riesgo de fuga y pone como ejemplo a líderes independentistas sustraídos de la Justicia, como el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Argumenta que persiste este riesgo de fuga «no solo por las capacidades personales del investigado, sino porque se produce una declaración de apoyo institucional por parte del independentismo radical catalán a los investigados» cada vez que hay una actuación de este órgano judicial en cuanto a su situación procesal.
Cita como muestra la reacción del presidente catalán, Quim Torra, el pasado 27 de diciembre, cuando manifestó en un tuit lo siguiente: «Difamación tras difamación, durante días y días fuimos acusados «de amparar la violencia». Celebro que los presos del 23S salgan de prisión, donde no tenían que haber entrado nunca. Muchos han de pedir perdón. Y el primero que lo tiene que hacer es el presidente Sánchez».
Difamació rere difamació, durant dies i dies vaig/vam ser acusats “d’emparar la violència”. Celebro que els empresonats del 23S surtin d’una presó on no haurien d’haver entrat mai. Molts han de demanar perdó. I el primer que ho ha de fer ha de ser el president Sánchez. https://t.co/Q1Bet6eIju
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) December 27, 2019
La ACVOT también insiste en que cabe destrucción de pruebas porque quedan «aún pendientes de análisis un gran número de dispositivos electrónicos o informáticos» y riesgo de reiteración delictiva.
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