«La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad, le impuso a Pilar de Lara una sanción de 7 meses de suspensión de funciones por una falta muy grave. Después, el Pleno de ese mismo consejo, también por unanimidad, ratificó la sanción. Era de todo punto imposible que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo decidiera en contra de tanta unanimidad. El Supremo ha hecho lo justo con la magistrada: denegar la suspensión de su sanción», afirma Gregorio Arroyo Hernánsanz, abogado del exalcalde de Lugo, Xosé López Orozco, a quien las investigaciones de la magistrada -que no han llegado a nada- truncaron su carrera y afectaron a su persona.
«López Orozco no es el único afectado. La magistrada ha producido daños irreparables en sus carreras a muchos justiciables y en su bienestar físico y psíquico, por su forma de instruir, irregular y reprochable. Tanto el informe de la Disciplinaria como el que elaboró la vocal Mar Cabrejas, y que respaldo el Pleno, contienen palabras mucho más gruesas que las que acabo de utlizar yo. Nos alivia que esta pesadilla haya llegado a su fin», añade Arroyo.
Las actuaciones de De Lara han sido corregidas, repetidas veces, a lo largo de los dos últimos años, por la Audiencia Provincial de Lugo, por la Audiencia Nacional y por el propio Tribunal Supremo. Comprendían instrucciones interminables de casos que se abrían y se multiplicaban sin solución de conclusión.
La base de la sanción fue un estudio a fondo del Juzgado de Instrucción 1, realizado por el servicio de inspección del Consejo, en el que afloraron múltiples irregularidades.
Sobre el escrito presentado por el abogado representante de la magistrada, Agustín Azparren, Arroyo opina que «está hecho por un gran profesional, que conoce muy bien el tema. Sin embargo, era imposible levantar este partido en esta fase del juego. Al Supremo le queda ahora resolver el fondo del asunto».
El cumplimiento de la sanción conlleva la pérdida de destino de la magistrada.
