El Tribunal de Cuentas comunicará mañana martes a los representantes legales de Carles Puigdemont, ex-presidente de la Generalitat, a Oriol Junqueras y a otras 18 personas, exconsejeros y altos cargos de la Generalitat en la mayoría de casos, cuál es la cantidad que presuntamente desviaron para pagar los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Previsiblemente, como ya hizo este Tribunal contra el ex-presidente Artur Mas, fijará una fianza conjunta y solidaria para que los presuntos responsables respondan a una posible condena y garantizar así el reintegro del dinero utilizado para este fin a las arcas públicas.
En aquel caso, Mas fue considerado máximo responsable de los gastos de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, que se cifró en casi cinco millones de euros y por los cuales tuvo que responder de forma solidaria con las fianzas del resto de implicados.
Si no consignan dicha cantidad en el plazo que el Tribunal de Cuentas señale se procederá a embargar sus bienes de forma preventiva.
Los investigados, que no tienen deber de comparecer, serán notificados a través de sus representantes legales mañana, una vez concluida la instrucción de este caso.
Entre los investigados, además del ‘expresident’ y de Junqueras (condenado a 13 años de prisión por el delito de sedición por el ‘procés’ independentista), se encuentran los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull (también condenados por sedición y en prisión); Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila (condenados por desobediencia por la misma causa); y Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret (huidos).
Tanto Puigdemont como Toni Comín, poseedores de inmunidad por ser eurodiputados, podrán ser jugados igualmente ya que dicha inmunidad no funciona para la jurisdicción civil.
Otros de los citados también mañana por el tribunal son la exconsejera cesada en el verano de 2017 Neus Munté y los ex altos cargos de la Generalitat Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj, Josep María Jové (Negociador de ERC durante la investidura de Sánchez) y Josep Gineta (procesados por el juzgado de Barcelona que investiga la organización del referéndum).
Una cifra que ronda los dos millones de euros de fondos públicos desviados
Para concretar la cantidad que comunicará a los investigados en la denominada acta de liquidación provisional, la instructora de este expediente ha analizado los gastos vinculados a la actuación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para la creación de páginas webs, aplicaciones, plataformas y programas informáticos que darían soporte digital a la votación; el uso de 2.259 locales habilitados como puntos de votación o publicidad institucional, como la denominada campaña ‘Civisme’.
Igualmente, se ha indagado si se usaron fondos públicos para el suministro de papeletas, censo electoral, cartelería y cartas certificadas, que fueron incautadas en las naves de la empresa Unipost, así como la acción exterior desarrollada por la Generalitat en favor del proceso independentista.
La denuncia del Ministerio Público en el Tribunal de Cuentas no fija una cifra concreta del dinero que presuntamente se habría malversado el 1-O y que se debe reclamar. Sí cita facturas relacionadas con los locales de votación (900.906,70 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.666,96 euros en papeletas y 38.431,20 euros en cartelería.
También destaca que la «acción de la presidencia catalana» en el exterior absorbió 2,3 millones de euros, a lo que añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.
Por su parte, los otros dos demandantes, SCC y Abogados Catalanes por la Constitución considera que el Gobierno de Carles Puigdemont destinó 1.971.601,20 euros procedentes de fondos públicos de la Generalitat.
Condenados por malversación de caudales públicos y remitidos al Tribunal de Cuentas
La magistrada instructora ha tenido también en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo que se dio a conocer el pasado 14 de octubre por el ‘procés’ independentista, que se remitió al Tribunal de Cuentas, dado que no puede puede reclamar el dinero, ya que la competencia es del órgano fiscalizador.
El alto tribunal cifró en más de 2,35 millones lo gastado por la Generalitat en la consulta independentista y condenó por el delito de malversación de caudales públicos a Junqueras y a los exconsejeros catalanes Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Será después cuando comience el procedimiento jurisdiccional en este órgano contable, que es diferente al penal. Concluirá cuando la Sala de Justicia de este órgano celebre la vista para juzgar a Puigdemont, sus exconsejeros y altos cargos.
En este caso, los interrogatorios de los investigados se llevarían a cabo por las acusaciones si así lo piden, ya que no corre a cargo del Tribunal de Cuentas. Es decir, la declaración en dicha vista tendría lugar si alguno de los demandantes lo estiman oportuno y trasladan su petición al tribunal que enjuicie estos hechos.
