No es la primera vez que la magistrada Pilar de Lara se inhibe en un caso y en vez de enviarlo al juez competente se lo queda y sigue instruyéndolo. Cadena Ser.
De Lara presentará un recurso de reposición contra la decisión del TS de desestimar la suspensión cautelar de la sanción
Con él impugna la decisión del Supremo sobre las cautelares, no sobre el fondo, y no paraliza el procedimiento
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27/1/2020 13:38
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Actualizado: 27/1/2020 13:41
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La magistrada Pilar de Lara, presentará un recurso de reposición ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Alto Tribunal de desestimar la suspensión cautelar de la sanción de 7 meses de suspensión de funciones que le impuso la Comisión Disciplinaria del General del Poder Judicial (CGPJ) y ratificó el Pleno del órgano de gobierno de los jueces, y que al ser superior a los seis meses conlleva un cambio forzado de destino.
Con él impugna la decisión del Supremo sobre las cautelares, no sobre el fondo, y no paraliza el procedimiento.
Esta sanción fue impuesta a De Lara, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, el 27 de marzo de 2019 por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales, prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
De Lara la recurrió en alzada al Pleno del CGPJ, y éste la ratificó el pasado 26 de septiembre.
Este recurso de reposición es la última oportunidad que queda a De Lara para impedir su traslado, según ha recordado su abogado, el magistrado en excedencia Agustín Azparren, exvocal del CGPJ y miembro de la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces entre 2001 y 2007.
Según ha indicado, para presentar este recurso tienen «un plazo de cinco días».
Con todo, señala que «normalmente este tipo de recursos se desestiman porque es el mismo tribunal y los argumentos ya los hemos expuesto».
«Lo que pasa en este caso existe un documento que llegó después de haber presentado las medidas cautelares, que es la certificación del acuerdo del pleno del Consejo General del Poder Judicial«, ha añadido el letrado.
Recuerda que éste certifica la deliberación que hubo para llegar a la sanción en el pleno y que «es importante por lo que dice».
Según Azparren, «se resolvió en muy poco tiempo un expediente que tiene 5.000 folios» y contempla «las alegaciones que se hacen por parte de algún vocal (del Consejo General del Poder Judicial) reconociendo parte de los argumentos del recurso, con lo cual queda este último recurso (de reposición)».
El abogado de De Lara señala que el fondo del procedimiento se podría resolver en un año.
Respecto a que la sanción, al ser superior a los seis meses, conlleva un cambio forzado de destino, recuerda que la magistrada «tendría que concursar».
«Y en ese concurso va la última, la última en el escalafón, y lo normal es que ahora mismo las plazas que suelen quedar para el final, las que menos peticiones tienen son Cataluña o Canarias», ha indicado.
Agustín Azparren considera que podría tocarle un destino «a más de 1.000 kilómetros de su domicilio», con la «repercusión» que ello conlleva para la vida familia y personal de la magistrada-
Por ello, ha señalado que «el argumento principal» del recurso de reposición es que la medida «sería irreversible» si después el Supremo estima el recurso totalmente o parcialmente y lo reduce a cinco meses, tiempo que no llevaría aparejada la pérdida de destino.
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo concluyó en su auto, con fecha del pasado jueves, que “ante los hechos declarados probados en vía administrativa y que han determinado la imposición de la sanción, la ponderación de intereses debe inclinarse en favor del interés general del buen funcionamiento de la administración de justicia, que requiere que se cumplan las sanciones impuestas por conductas gravemente contrarias al mismo, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia”.
Respecto a los supuestos perjuicios derivados de la pérdida de destino, destacó que nada impide que una hipotética sentencia favorable le restituya en el juzgado en el que ahora desempeña sus funciones.
“No hay por tanto pérdida de finalidad del recurso ni en cuanto a la plaza que ocupa ni en cuanto a las restantes consecuencias económicas o profesionales”, señaló.
El auto lo firman los magistrados Luis María Díez-Picazo Giménez (presidente), Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Segundo Menéndez Pérez, Nicolás Maurandi Guillén, y Eduardo Espín Templado, que ha sido el ponente.
El abogado de Pilar de Lara también ha informado que la magistrada ha reducido a una «cuarta parte» las «80 o 90» causas sobre las que trabaja para «dejar las investigaciones» prácticamente finalizadas «con el fin de evitar más perjuicios a este tipo de procesos».
De Lara instruye macrocausas como la Carioca, sobre redes de prostitución; la Pokémon, sobre supuestas mordidas a políticos a cambio de concesiones públicas; o el caso O Garañón, también sobre supuesta corrupción.
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