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La Audiencia Nacional rechaza anular el juicio a Pineda y Bernad y no ve necesario que testifique Villarejo

También rechaza aplazarloEl Ministerio Público pide 118 años y cinco meses de cárcel para Pineda, y 24 años y 10 meses para Bernad.
| | Actualizado: 06/02/2020 12:06

La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado anular el juicio al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, la abogada Virginia López Negrete y otras siete personas acusadas de integrar una organización criminal de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.

El tribunal de la Sala de lo Penal de la AN (Sección Cuarta), que preside la magistrada Ángela Murillo, también ha rechazado la petición de Miguel Durán, abogado defensor de Pineda, a la que se han sumado el resto de defensas, de aplazar el juicio por las repercusiones que sobre el mismo pudiera tener el levantamiento del secreto de la pieza 9 del caso Tándem, que investiga los contratos de BBVA con el excomisario José Manuel Villarejo, en la que Pineda se personó como acusación particular.

Además, los magistrados han rechazado la petición de Durán de que en el juicio declarara en calidad de testigo Villarejo.

El abogado defensor de Pineda pidió la nulidad del juicio alegando que la instrucción parte de “una denuncia anónima falsa” que achaca a este excomisario, en prisión provisional por el caso Tándem.

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Sostiene que José Manuel Villarejo fue contratado por BBVA para que investigara y desacreditara a Ausbanc porque era molesta para la entidad.

Miguel Durán señala que las acusaciones contra su defendido, Luis Pineda, parten de un “montaje policial artificial” auspiciado por el BBVA, que fue acusación hasta el pasado 9 de julio.

El tribunal entiende que de la literalidad de esa denuncia inicial «no se atisba conculcación de derecho fundamental alguno de los consagrados» en la Constitución, a pesar de que la defensa de Pineda exigiera la nulidad de la causa al entender que partía de una actuación que podría ser delictiva.

Durán también pedía declarar nula la instrucción de la causa llevada a cabo desde el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, del que es titular el magistrado Santiago Pedraz.

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LA AUDIENCIA NACIONAL ES COMPETENTE

El tribunal ha acordado rechazar las cuestiones previas planteadas por las defensas de los diez acusados.

Planteaban la nulidad del procedimiento porque entendían que la Audiencia Nacional no era competente y que Pedraz debía haberse abstenido en la investigación.

«Precisamente porque se partió de la consideración de poder tratarse de hechos que afectaban a un amplio número de personas, se abrieron las diligencias de investigación en la Fiscalía», señala el tribunal en su auto, notificado hoy a las partes.

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Además, los magistrados indican que si bien las partes no mostraron problemas durante la instrucción, no comprenden que ahora «se cuestione la competencia de este órgano judicial».

En esta línea, el tribunal resuelve también otras cuestiones como la petición de desestimar las escuchas telefónicas a los acusados y las entradas y registros en domicilios y oficinas. Los magistrados entienden que en esas actuaciones se dio «el adecuado juicio de proporcionalidad» de Pedraz.

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Indican que «se contaba con unos hechos de entidad penal aparentemente grave y con unos indicios iniciales que los sustentaban», por lo que señalan que «se cumplen con las exigencias que permiten la interceptación de las comunicaciones telefónicas».

PRUEBAS TESTIFICALES Y DOCUMENTALES

El tribunal también ha rechazado que declararan como la mayoría de los testigos propuestos por las defensas, entre los que se encontraban la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, el magistrado Elpidio José Silva, el que fuera juez instructor de ‘Noos’, José Castro, y periodistas de ‘OkDiario’ o ‘El Confidencial’, entre otros.

Ha admitido gran parte de las pruebas documentales presentadas por las defensas, y la testifical de Jaime Guardiola (Banco Sabadell) y Braulio Medel (Unicaja) pedidas por la defensa de Pineda, y la de Jaime Alonso García, solicitada por la defensa de Bernad.

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También estima que la Fiscalía incorpore seis páginas de un informe policial que sirven para completar el que dio origen a la investigación.

La defensa de Pineda se oponía a esto porque consideraba sospechoso que esas hojas aparecieran ahora, pero los magistrados atienden a las razones dadas por Fiscalía y las admite «al tratarse de un olvido».

El tribunal también aprueba la testifical-pericial de seis agentes expertos en tecnología y que fueron responsables del volcado de discos duros e información durante la instrucción.

El juicio se reanudará mañana con el primero de los interrogatorios que será el de Luis Pineda, al que seguirá el del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.

MIGUEL BERNAD DENUNCIA AL FISCAL 

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado al fiscal encargado de su juicio, José Perals Calleja, a quien acusa de “retener” parte del informe policial que dio origen a la investigación que finalmente le ha sentado en el banquillo, y cuya denuncia inicial achaca a Villarejo.

Lo denuncia por “imprudencia grave en el cumplimiento de sus funciones (en la guardia y custodia de documentos y ocultación y retención de los mismos) en el procedimiento D.P 132/2015 que se instruyó en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la AN».

En la denuncia, con fecha de ayer, solicita a la Fiscalía General del Estado que a través del órgano competente se abra a una investigación a este fiscal.

Bernad acusa a Perals de “una imprudencia grave, no solo una simple negligencia”, y de “mala fe, al ocultar el informe original y completo desde el mes de septiembre de 2019 hasta el 29 de enero de 2020″.

Añade que “si de las diligencias que se practiquen quedara acreditado este comportamiento estaríamos ante un delito”.

Señala que es “clamoroso” que ese informe que dio lugar a la causa en la que se le ha investigado, “al estar mutilado y retenido durante casi cinco años” le ha “perjudicado” tanto a él como al resto de los investigados.

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