La Fiscalía y la Abogacía del Estado se han opuesto a que se suspenda la sanción a la magistrada Pilar de Lara, de 7 meses de suspensión de funciones, que le impuso la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ratificó el Pleno del órgano de gobierno de los jueces, y que al ser superior a los seis meses conlleva un cambio forzado de destino.
La magistrada presentó un recurso de reposición ante el Tribunal Supremo para reclamar la suspensión cautelar de esta sanción.
La Abogacía del Estado y el Ministerio Público han emitido recientemente sus alegaciones informando en contra de que se suspenda.
De Lara, que cesó el pasado 30 de enero en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, está ahora a la espera de la resolución del Alto Tribunal.
Este recurso de reposición es la última oportunidad que le queda para impedir su traslado.
Si bien su abogado, el magistrado en excedencia Agustín Azparren -exvocal del CGPJ y miembro de la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces entre 2001 y 2008- no se muestra muy optimista, según ha señalado a Confilegal, «ya que no se suelen estimar los recurso de reposición», indica que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) recientemente ha dictado una sentencia «muy novedosa» que tiene efectos en casos en los que se aplican medidas que suponen un cambio de destino.
Esta sanción fue impuesta a De Lara, que era titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, el 27 de marzo de 2019 por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales, prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
De Lara la recurrió en alzada al Pleno del CGPJ, y éste la ratificó el pasado 26 de septiembre.
El abogado de De Lara prevé que el recurso respecto al fondo del procedimiento se resuelva definitivamente en un año.
Como la sanción, al ser superior a los seis meses conlleva un cambio forzado de destino, la magistrada tendría que concursar.
“Y en ese concurso va la última, la última en el escalafón, y en la actualidad las plazas que suelen quedar para el final, las que menos peticiones tienen, son Cataluña o Canarias”, indica Azparren.
El abogado de De Lara indica que podría tocarle un destino “a más de 1.000 kilómetros de su domicilio”, con «la repercusión que ello conlleva para la vida familia y personal de la magistrada».
Señala que, por ello, “el argumento principal” del recurso de reposición es que la medida “sería irreversible” si después el Supremo estima el recurso totalmente o parcialmente y lo reduce a cinco meses, tiempo que no llevaría aparejada la pérdida de destino.
El pasado 24 de enero, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo desestimó la suspensión cautelar de la sanción, lo que llevó a De Lara a presentar el recurso de reposición.
Manifestó que “ante los hechos declarados probados en vía administrativa y que han determinado la imposición de la sanción, la ponderación de intereses debe inclinarse en favor del interés general del buen funcionamiento de la administración de justicia, que requiere que se cumplan las sanciones impuestas por conductas gravemente contrarias al mismo, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia”.
Respecto a los supuestos perjuicios derivados de la pérdida de destino, indicó que nada impide que una hipotética sentencia favorable le restituya en el juzgado en el que desempeñaba sus funciones.
“No hay, por tanto, pérdida de finalidad del recurso ni en cuanto a la plaza que ocupa ni en cuanto a las restantes consecuencias económicas o profesionales”, señaló.
Según informó entonces su abogado, Pilar de Lara redujo a una “cuarta parte” las “80 o 90” causas que llevaba en el juzgado para “dejar las investigaciones” prácticamente finalizadas «con el fin de evitar más perjuicios a este tipo de procesos”.
De Lara ha instruido macrocausas como la Carioca, sobre redes de prostitución; la Pokémon, sobre supuestas mordidas a políticos a cambio de concesiones públicas; o el caso O Garañón, también sobre supuesta corrupción.
