Las organizaciones de consumidores y usuarios recuerdan que las consecuencias económicas del coronavirus van a extenderse en el tiempo.
Los consumidores reclaman seis meses de moratoria hipotecaria y más protección de los derechos de los usuarios
Nueva reunión online de los representantes del CCU con la directora general de Consumo para abordar la problemática derivada del estado de alarma
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26/3/2020 06:40
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Actualizado: 26/3/2020 00:56
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No hay que bajar la guardia en la defensa de los consumidores porque durante el estado de alarma pueden producirse abusos. Ejemplo de ello es que durante las últimas semanas han aumentado los ciberdelitos que buscan suplantar la identidad de los usuarios usando como gancho información sobre el coronavirus.
Es el momento de realizar un esfuerzo divulgativo para evitar que el consumidor caiga en este tipo de trampas.
Así lo han puesto de manifiesto los representantes de las organizaciones que forman parte del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) en el marco de las reuniones que vienen manteniendo su presidente Carlos Ballugera y la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, desde el inicio de esta crisis.
La fijación de un plazo mínimo de seis meses para la moratoria hipotecaria, los derechos de los clientes en el ámbito de los transportes y el alojamiento, las ayudas al arrendamiento, la ampliación del concepto de consumidor vulnerable y la prevención de los ciberdelitos, han sido algunas de sus principales reivindicaciones en esta segunda reunión online.
Las organizaciones de consumidores y usuarios recuerdan que las consecuencias económicas del coronavirus van a extenderse en el tiempo y advierten de la necesidad de mantener las ayudas a la ciudadanía más allá del periodo de alarma sanitaria.
Carlos Ballugera, presidente de CCU.
Moratoria hipotecaria de seis meses
Las organizaciones de consumidores consideran que, en sus actuales condiciones, la moratoria hipotecaria propuesta resulta «insuficiente» porque «no hay concreción de plazo».
Todas coinciden en reclamar la fijación de un plazo mínimo de seis meses al que los bancos deban comprometerse, más allá de las ampliaciones que luego puedan negociar con sus clientes más vulnerables.
Al mismo tiempo piden que se simplifiquen los trámites y la documentación exigida para agilizar el acceso a la moratoria de las familias con problemas.
«Es importante igualmente atender a la modalidad de devolución de esos aplazamientos, con pagos fraccionados que no pongan en riesgo la capacidad adquisitiva de los usuarios».
En cuanto a los alquileres señalan que se debe dar solución a los problemas que pueden derivarse del pago de alquileres .
Además, evitar los desahucios es uno de los aspectos de mayor preocupación para el CCU. No es un tema fácil por la variedad existente de situaciones de propietarios.
De hecho en este contexto se habla diferentes tipos de arrendadores, como el jubilado que completa su pensión alquilando una vivienda, las Administraciones y empresas del sector o los fondos buitre. Esto hace que las medidas sean diferentes.
Estas asociaciones están a favor de acciones combinadas de aplazamiento de los pagos, aumentando y definiendo el plazo de la moratoria, así como de ayudas directas al arrendatario destinadas al alquiler, según los casos.
CCU considera necesaria alguna suspensión en casos concretos, a los sectores vulnerables se les podría plantear ayudas al alquiler de carácter económico.
Es el caso del País Vasco que tiene un parque público de vivienda importante. En cambio, donde no llega el parque público han optado por ayudas económicas para determinados ciudadanos.
Viajes y alojamientos
Respecto al sector de viajes y alojamiento, desde el CCU recuerdan que es uno de los sectores que está generando buena parte de las consultas y reclamaciones de los consumidores en estos días.
También consideran que son conscientes igualmente de la necesidad de adoptar medidas que tengan en cuenta la variedad de empresas que desarrollan su actividad en el sector, especialmente en el caso de los viajes combinados.
Se constata, afirman, que grandes empresas, como es el caso de Iberia, están poniendo dificultades para la devolución del dinero. Por ley deben reembolsar las cancelaciones generadas por fuerza mayor otra cuestión sería los posibles daños y perjuicios.
En cuanto a la alternativa de los bonos para futuros viajes o devoluciones posteriores, que también se están contemplando, podría verse en forma de crédito para las pequeñas agencias, siempre que se haga en un marco de suficiente seguridad jurídica y se garanticen por parte de la patronal del sector los derechos adquiridos por los usuarios en caso de quiebra de compañías.
Otra cuestión que se ha planteado es definir mejor el concepto de consumidor vulnerable. Desde la CCU se insiste que ante la falta de una definición comprensiva del concepto de consumidor vulnerable, los representantes de los consumidores y usuarios consideran fundamental una ampliación de ese concepto.
A este respecto consideran que no solo se debe tener en cuenta la situación socioeconómica general de las personas, sino también la vulnerabilidad sobrevenida y la pérdida de empleos y de los ERTE.
Bibiana Medialdea, directora general de Consumo.
Otro de los temas que se trató en la reunión telemática con la directora general de Consumo tuvo que ver con la ciberseguridad.
En unos momentos en los que las relaciones entre oferentes y demandantes y entre los propios ciudadanos se está produciendo en gran parte a través de internet, «es fundamental atender a la seguridad de las comunicaciones electrónicas«.
Para este colectivo de expertos en consumo habría que evitar o reducir en lo posible tanto las ofertas fraudulentas en la red (por ejemplo, de pseudo remedios para el coronavirus, de materiales falsificados o a precios abusivos), como las prácticas de ‘phishing’ asociadas a supuestos mensajes de las entidades bancarias, que buscan capturar los datos de los usuarios, hacerse con sus números de cuenta y tarjeta o simplemente instalar virus en sus ordenadores.
Las organizaciones del CCU manifestaron también otros temas que preocupan a los consumidores como la aplicación del derecho de desistimiento, la adopción de medidas de flexibilización, protección y garantías para los consumidores en relación al endeudamiento generado por los créditos al consumo y tarjetas como las ‘revolving’.
Junto con ello ven importante que se mantenga y potencien los sistemas arbitrales y de resolución extrajudicial de conflictos, pensando en la avalancha de reclamaciones que va a producirse al superarse el estado de alarma, y el control de precios y la garantía de suministros básicos para toda la ciudadanía.
Otra cuestión que también preocupa es la falta de atención al cliente, la utilización para esa atención de números no gratuitos por parte de algunas empresas (901) o la propuesta de medidas específicas de ayuda para los consumidores y usuarios de la España vaciada.
Desde las asociaciones que pertenecen al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) explican que están plenamente en activo y operativas para atender consumidores en sus problemas a través de canales no presenciales, teléfono y correo electrónico, y todas las nuevas herramientas de relación, intercambio y reunión que permiten las tecnologías de la información y la comunicación.
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