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Imponen 4.000 euros en costas al magistrado que impugnó el nombramiento de Berberoff al Supremo

La norma no escrita es que cuando hay dudas jurídicas en un caso no se imponen costas. En este caso, a pesar de que el resultado ha sido por 3 a 2, no ha sido así. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
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La derrota del magistrado de la Audiencia Nacional, Jesús Calderón, de 66 años, en el Tribunal Supremo, donde impugnó el nombramiento de Dimitry Berberoff Ayuda, de 50 años, como magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha sido de esas con sabor a victoria.

Porque el resultado final ha sido por 3 a 2. No 5 a 0 o 4 a 1.

La cosa no ha podido estar más dividida.

Lo que no se entiende, y Confilegal ha pulsado diferentes fuentes de la judicatura, es que con esa división tan profunda el tribunal le haya impuesto 4.000 euros en costas, de acuerdo con el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

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“La norma es que cuando hay dudas jurídicas, y este caso las tiene, y muy claras, no se ponen costas”, ha sido la opinión de varios magistrados de esa jurisdicción consultados por este periódico digital, que han mostrado su sorpresa e incredulidad.

La cantidad, 4.000 euros, también se sale de lo que suele ser la norma –2.000, 3.000 euros.

De los 4.000 euros de costas globales, 2.000 corresponden a la Administración, porque Calderón demandó al Consejo General del Poder Judicial, responsable del nombramiento de Berberoff, y 2.000 al propio Berberoff.

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El tribunal de este caso ha estado formado por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Luis María Díez-Picazo Giménez, Eduardo Espín Templado y Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, que votaron a favor de Berberoff, y por Nicolás Maurandi Guillén y Segundo Menéndez Pérez, que votaron en contra. 

El caso del nombramiento Berberoff está lejos de estar cerrado.

Calderón ha anunciado que va a recurrirlo en amparo ante el Tribunal Constitucional porque considera que la sentencia no ha respondido de forma satisfactoria ni a la valoración del mérito y la capacidad de los candidatos y porque, desde su punto de vista, no vale una motivación genérica como la que se ha argumentado en una sentencia tan profundamente dividida.

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“Voy a recurrir en amparo ante el Constitucional porque lo que está en juego es el sistema objetivo de nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo”, declaró a Confilegal el magistrado el pasado sábado.

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