El caso «Dina» no cuenta con demasiada credibilidad en estos momentos en el seno de Podemos, pues cuestionan las «circunstancias» del robo del teléfono de la exasesora de Pablo Iglesias, la tardanza en devolver la tarjeta que contenía información íntima de la afectada, Dina Bousselham, por parte de su propio secretario general, y la posibilidad de que hubiera copias previas al robo de la tarjeta de Dina, según relatan a Confilegal miembros del partido.
Incluso apuntan a la ex asesora como alguien «vinculada a algún trabajo de inteligencia» que podría haber generado «el montaje de la tarjeta de su teléfono» rodeado de contradicciones que, se desprenden de sus declaraciones ante la Audiencia Nacional.
La destrucción de la tarjeta favorece al comisario, en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, y elimina la posibilidad de que estuviese vinculado «al espionaje» de Iglesias.
Iglesias mantuvo en su poder durante meses la tarjeta de Bousselham, por lo que el juez instructor del caso, Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, retiró al vicepresidente del gobierno la condición de “perjudicado” el 25 de mayo pasado.
Además, decretó que había un conflicto de intereses entre las defensas de Iglesias y Bousselham, ambas dirigidas por la letrada de Podemos, Marta Flor, hasta entonces. Flor, a su vez, fue denunciada en el partido por su supuesta relación íntima con el fiscal anticorrupción, Ignacio Stampa.
Desde el momento en que Iglesias pierde el tren de “perjudicado” y sustituye a Flor por otro abogado, la defensa de Bousselham, que, incomprensiblemente, continúa asistida por Flor, entra en barrena por ser una letrada asalariada de Podemos con fondos públicos, cuyo jefe es Pablo Iglesias, lo que acarrea un segundo conflicto de intereses, explican desde la formación morada.
Otra de las claves del caso «Dina» es el uso de fondos públicos de Podemos para ejercitar las defensas de sus cargos, subrayan.
El partido se abastece de fondos públicos y donaciones privadas, una parte va destinada a los servicios jurídicos para las causas de sus políticos, pero no para sus cuestiones privadas, hecho que se incumple con Iglesias, ya que el caso Dina es una cuestión particular.
Al mantener a Flor en nómina de la formación de Pablo Iglesias, bajo las directrices de la cúpula política, pero como letrada de Bousselham en este proceso judicial, redoblan el conflicto de intereses pues Flor sigue accediendo a los «secretos» del expediente del caso teniendo a Iglesias como ex cliente, lleva la defensa de Dina que es perjudicada, y defiende a la ex asesora que ya no pertenece al partido.
«La letrada Flor debería abstenerse del caso Dina», porque no puede vincular a su ex cliente, Pablo Iglesias, con las decisiones del partido, explican desde Podemos, subrayando «una administración desleal para la formación política».
El ex jefe jurídico del partido, José Manuel Calvente advirtió desde el principio que «no había caso Dina» en relación a los detalles que se iban observando.
«No van a poder engañar al juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, con esta estafa procesal, que podría plantear una presunta malversación de fondos públicos en la defensa de Bousselham», matizan voces críticas de Podemos que aclaran «hay miedo entre militantes desde que el Confilegal destapó este escándalo».
