Así lo reconoció el propio líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuando fue a declarar ante el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, como perjudicado, en marzo de 2019, según ha podido saber Confilegal por medio de la grabación de aquella comparecencia.
Iglesias relató que la tarde del 20 de enero de 2016 tuvo una reunión con Antonio Asensio Mosbah en la sede del Grupo Zeta, y de la revista Interviú, de los que era dueño.
«Me dijo, ha llegado a mi poder una tarjeta de teléfono, una tarjeta SIM, en la que habría fotografías íntimas de tu pareja. Y te las voy a enseñar. Quiero que sepas que ningún medio de comunicación propiedad del Grupo Zeta se va a hacer eco de estos materiales, pero voy a entregártelos y quiero que los veas«, explicó el político.
«Yo examiné allí mismo, en una computadora que me facilitó el señor Asensio los materiales y comprobé que se trataba de fotos íntimas, pero no de mi pareja sino de la señora Dina Bousselham«, añadió.
«Algunos meses después», relató que entregó la tarjeta SIM a Bousselham, que había sido su secretaria «durante mucho tiempo en el parlamento europeo».
Reconocer que Iglesias le devolvió a Bousselham la tarjeta que contenía información íntima de su exsecretaria, tras conservar en su poder estos contenidos sensibles durante tanto tiempo, ha supuesto que el líder de la formación morada haya perdido la condición de perjudicado en el «caso Dina», al que García Castellón ha dado carpetazo al concluir que no existía una conspiración del comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva, ni de la llamada «policía patriótica» contra el líder de Podemos.
Una decisión que ha sido recurrida por Iglesias ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El «caso Dina» es la pieza número 10 de las 25 que componen la macrocausas Tándem, centrada en las actividades ilegales del comisario investigado.
Iglesias respondió ante el juez que «Asensio se portó como un caballero», aunque desconocía si era la tarjeta original, una copia, contenía todos los datos o solo una parte, pero «había muchísima información en la tarjeta», alegó el responsable de Podemos.
En una entrevista con RNE del pasado 3 de julio, el vicepresidente segundo del Gobierno dijo que guardó varios meses la tarjeta de su colaboradora para no meterle “más presión”, decidiendo, así, por ella, sobre lo qué era mejor para su persona.
Iglesias eludió ante el magistrado instructor y el fiscal anticorrupción «una vinculación sentimental» con Bousselham. Y subrayó que «la prensa le atribuyó un noviazgo con su ex asesora», aunque su marido era Ricardo.
Un compañero de Podemos «al que se podía hacer daño con estas informaciones», argumentó.
DE PERJUDICADO A POSIBLE IMPUTADO
En aquella declaración García Castellón admitió su personación en la causa como «perjudicado». Una situación que ha cambiado a día de hoy y que podía transformarse en «investigado» ante el Tribunal Supremo, por su condición de aforado, por tres supuestos delitos: revelación de secretos, daños informáticos y fraude procesal.
En el marco de aquella comparecencia Iglesias le contó al magistrado de la conspiración que, desde su punto de vista, se había urdido contra él y Podemos.
«Me di cuenta que en julio de 2016 se hacen públicos vídeos de la tarjeta de Bousselham, y llego a la conclusión de quién tiene la tarjeta», explicó Iglesias.
«Me pareció muy coherente que el contenido de la tarjeta de Dina apareciera en un medios de comunicación en tres momentos muy dolorosos para Podemos: en enero de 2016 se publica el informe PISA [acrónimo de Pablo Iglesias S.A.], con informaciones falsas de financiación por parte de países extranjeros, siendo el responsable de este informe el DAO, Eugenio Pino. OKDiario publica una cuenta falsa sobre un paraíso fiscal en Granadinas; finalmente, en julio los contenidos del móvil de Dina se publican coincidiendo con momentos políticos en elecciones y tratábamos de formar gobierno», contestó Iglesias ante preguntas de García Castellón.
«No recuerdo cómo le llega la tarjeta a Asensio», matizó Iglesias, que indicó que había varios grupos de «chat» del partido y que «probablemente podría recuperar los mensajes, aunque cada legislatura cambia de teléfono», y tendría que consultar un dispositivo móvil más antiguo al que podría acceder.
«Deduzco que esto forma parte de algo más grande, lo político se mezcla con lo procesal, acciones que atraen la atención mediática que empezó con un robo de un móvil», sentenció Iglesias.
Todo un relato que se ha quedado sin base fáctica, de ahí la decisión de García Castellón de archivarlo.
La huida hacia delante de Iglesias, después de afirmar que el presidente Pedro Sánchez lo apoya, ha sido la propuesta de crear una comisión de investigación en el Parlamento sobre el caso para devolverle la pelota al magistrado y darle vuelta a una tortilla que, en términos de credibilidad pública, se le ha puesto muy difícil.
