Firmas
Lo esencial es invisible a los ojos en el «caso Tándem»
La columnista, María Montero, directora del programa "La ventana indiscreta", de Radio Las Palmas, explora los últimos acontecimientos en torno a la investigación que el teniente fiscal de la Comunidad de Madrid está haciendo sobre la supuesta revelación de secretos que se pudo haber producido entre el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa y la abogada de Podemos. Stampa es uno de los dos fiscales del caso Tándem, que se investiga en la Audiencia Nacional. Marta Flor. Foto: Carlos Berbell.
24/7/2020 06:46
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Actualizado: 24/7/2020 01:50
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El fiscal anticorrupción, Ignacio Stampa, se convirtió en su anterior destino, en la isla de Lanzarote, en lo que en Madrid se describe como “fiscal estrella”.
Fue merced al trabajo que realizó, en funciones de fiscal medioambiental, en el “caso Unión”.
Dicho caso era una trama de corrupción de empresarios y políticos con centro neurálgico en el Ayuntamiento de Arrecife, Lanzarote, y un bar con el mismo nombre, el bar Unión, donde se hacían los acuerdos que desencadenaron en una macrocausa judicial.
Stampa es, en la actualidad, uno de los dos fiscales asignados al “caso Tándem”. Una investigación sobre las actividades privadas, y a modo de pluriempleo muy bien pagado, que el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, llevó a cabo durante años, mientras se relacionaba con los medios y tiraba de contactos dentro de la Policía.
Investigación que el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, ha dividido en 25 piezas diferentes y ya ha enviado a juicio dos.
Casi nada.
Hoy Stampa está siendo investigado por el teniente fiscal de la Comunidad de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría Madariaga, a instancias de la Fiscalía General del Estado, para determinar si ha existido revelación de secretos por su “relación íntima” con la abogada de Podemos, Marta Flor, en el “caso Tándem”.
Un proceso de relevancia social incuestionable.
No es la primera vez que Stampa se ve en el filo de la navaja, hay que decirlo.
Los que vivimos en Canarias recordamos muy bien el escándalo que se montó en 2008 cuando se supo que su entonces esposa había sido contratada como auxiliar administrativo por el Ayuntamiento de Arrecife, que entonces presidía el socialista, Enrique Pérez Parrilla.
El mismo Consistorio que estaba siendo objeto de investigación en el «caso Unión» por el fiscal Stampa, daba trabajo a su pareja.
Y es aquí dónde emergieron más interrogantes y dudas: ¿existió alguna supuesta connivencia para tal contratación contratación? ¿Alguna vez se dieron circunstancias de supuesta revelación de secretos?
Estas cuestiones han sido remitidas a la Fiscalía Superior de Madrid y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que activen una investigación.
En este caso concreto, la interpretación que ha hecho el fiscal jefe inspector de la FGE, Fausto Cartagena, sobre los matrimonios o convivencia entre fiscales con otras personas en cuanto a revelación de secretos sería digna de revisión.
Pero se sucedieron más imponderables sobre este asunto.
El Comité de Empresa increpó entonces al Ayuntamiento de Arrecife por la falta de firmas de los nuevos trabajadores en la documentación correspondiente a las plazas y el retraso en la entrega de listas, entre las que se encontraba la plaza de auxiliar administrativo adjudicada a la esposa de Stampa.
Posteriormente, en un pleno de este consistorio, sería el sindicato CC.OO. el denunciante de las «contrataciones a dedo».
Es cierto que aquello no devino en investigación interna alguna, por parte de la Fiscalía, sobre Stampa, y que el alcalde Pérez Parrilla terminó siendo condenado, ocho años después.
El Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife le impuso la pena de siete años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público, por la apertura, en 2009, sin licencia y con informes desfavorables, del Teatro Insular.
Pero ahí quedó el dato. Y las dudas.
Ahora el mencionado fiscal instructor de las diligencias de investigación penal abiertas al fiscal anticorrupción en la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid va a disponer de nuevos elementos para llegar a la verdad: el burofax del exjefe del equipo legal de Podemos, José Manuel Calvente, y el informe de la juez Lucía Barrancos, que instruyó el desastre organizativo del “caso Unión” cuando asumió la titularidad del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Arrecife.
La cosa se está complicando. Pero es el precio por llegar a la verdad.
Lo sorprendente es que nadie haya mencionado, hasta ahora, el artículo 7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Ese que dice que el Ministerio Fiscal actuará “con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados”.
La apariencia de objetividad e independencia para los fiscales es tan importante como la objetividad y la independencia misma.
Lo mismo que la apariencia de imparcialidad y la imparcialidad para los jueces, como bien ha recordado repetidamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ambas actividades funcionan sobre la misma base: la confianza de la ciudadanía en su trabajo.
Una confianza que hay preservar por encima de todo y de todos.
Esa confianza es un intangible invisible, pero vital. Como diría nuestro querido Antoine Saint-Exupery, “lo esencial es invisible a los ojos”. En especial en el «caso Tándem».
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