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La juez de violencia sobre la mujer envía al Supremo el caso del magistrado del TC por ver indicios de malos tratos

El magistrado acusado de un supuesto delito de violencia de género con el chalet, a su espalda, donde sucedió todo.
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Finalmente será en el Tribunal Supremo donde se dirima el destino del magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés Dal-Ré.

La titular del Juzgado Mixto 7 de Majadahonda, con competencias en violencia sobre la mujer, Elena Garde, ha remitido al Alto Tribunal la diligencias instruidas contra Valdés Dal-Ré el pasado martes, según informa la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Garde dice apreciar indicios de la “comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, recogido en el artículo 153 del Código Penal.

Este artículo dice: “El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido la esposa” será castigado con prisión de “seis mese a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días”.

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Dos jóvenes de Majadahonda, localidad al oeste de Madrid, llamaron a la policía local el pasado lunes por la tarde tras ser testigos de cómo una señora, que resultó ser la esposa del magistrado, pedía auxilio desde una terraza de su casa y de cómo el hombre la introdujo en el interior haciendo uso de la fuerza.

A consecuencia de aquello, Valdés Dal-Ré fue detenido poco después y, aunque no pasó la noche en el cuartelillo de la Guardia Civil, sí lo hizo en el Hospital Puerta de Hierro al haber sufrido una insuficiencia respiratoria.

Al día siguiente fue conducido ante la magistrada Garde, quien, al saber que Valdés Dal-Ré era magistrado del Constitucional, lo puso en libertad, a propuesta del Ministerio Fiscal, tras tomarle declaración. Lo mismo que a su esposa y a los testigos.

TRES SALIDAS

Al inhibirse ante el Supremo, al Alto Tribunal le quedan tres salidas: La primera, nombrar instructor para luego proceder al enjuiciamiento del caso, con la preceptiva acusación del fiscal; la segunda, devolverlo a la magistrada Garde para que complete la instrucción y luego lo vuelva a enviar al Supremo para su enjuiciamiento; la tercera, inadmitirlo porque el hecho no sea constitutivo de delito.

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Fuentes jurídicas, especializadas en violencia sobre la mujer, dan por descontado que, una vez en el Supremo, la esposa de Valdés Dal-Ré se acoja al artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que la dispensa de declarar contra su marido.

En la mayoría de los casos, en los que no hay otro testimonio que el de la mujer, cuando esto sucede no hay otra salida que el archivo. La existencia de testigos directos, sin embargo, convierte ese desenlace en improbable.

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