El pasado 24 de julio llegó por avión, procedente de Amsterdam, el joven Thomas Charles y fue directamente a prisión, tras pasar por el juez de guardia de los Juzgados de Madrid. Lleva 27 días en prisión preventiva. Y podría pasarse dos años y medio, como mínimo, tras las rejas. Hasta que salga su juicio.
Su caso es un buen ejemplo de cómo la maquinaria judicial puede hace polvo una vida. Frank Kafka, de vivir, tendría en su caso materia para otro de sus grandes libros.
Tendría que adaptarlo, eso sí, a nuestro tiempo. A la presencia omnipresente de Internet y de las redes sociales, donde sus amigos holandeses, país en el que vive ejerciendo la carpintería desde la adolescencia, han puesto en marcha una campaña titulada «Justicia para Thomas Charles». Ya han conseguido recaudar 25.780 euros de un objetivo de 50.000 euros.
El proceso, hasta la fecha, le ha dejado casi en la ruina. Porque ha perdido su trabajo, ha tenido que pagar a abogados de tres países diferentes –Portugal, Holanda y España–, lo que le ha dejado un agujero económico, hasta la fecha, de 37.000 euros.
Sus amigos creen en su inocencia a ojos cerrados. Todos ellos coinciden en que Thomas Charles es una víctima en un caso en el que nada tiene que ver.
Jamás había tenido ninguna relación pasada con la policía o la justicia. No tiene antecedentes penales.
Tiene un expediente limpio.
Había sido contratado para patronear un velero, el «Imagine», que fue interceptado, el 10 de julio de 2019, en Las Azores, con 497 kilos de cocaína en habitáculos ocultos.
Thomas Charles se encontraba a 2.880 kilómetros de distancia, en Amsterdam, en el momento de la operación que llevaron a cabo la operación conjunta la Policía Judiciaria de Portugal, en colaboración con la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Agencia Tributaria, la Policía de los Países Bajos y la Policía de Estonia.
Había regresado a su casa, vía aérea, el 12 de abril, casi dos meses antes, tras acabar su contrato a bordo del barco.
De nada sirvió que dos de los detenidos, el dueño del velero Imagine, el estonio Mikk Toom, y el holandés Casper Igor Van Zantwijk, declararan por escrito que Thomas no tuvo nada que ver con el transporte de las drogas, que no conocía el verdadero propósito de la navegación y que la única intención del joven era hacer horas para obtener la licencia de patrón de yate.
La magistrada del Juzgado de Instrucción 2 de Orihuela, Alicante, María Elena García Moreno, ordenó, de todas formas, su detención el 23 de julio del año pasado por medio de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).
¿Y por qué el Jugado de Instrucción 2 de Orihuela?
Porque algunos de los detenidos tenían su domicilio en el municipio de Pilar de la Horadara, en esa localidad.
La policía holandesa detuvo a Charles Thomas en la mitad de la noche irrumpiendo en su casa flotante y se lo llevó detenido y esposado, acusado de un delito de tráfico de drogas.
“Mi cliente no se encontraba a bordo del barco ‘Imagine’ entre los puertos de Río de Janeiro e Itajaí, en el mes de mayo de 2019, como se indicó en el auto de fecha 12 de julio de 2019, por el que se acordó la emisión de una OEDE para reclamarlo. Ni tampoco habría acompañado al máximo responsable en la navegación de retorno a Europa y transporte de la sustancia como se dice en el expresado auto, ni estuvo en las Azores, pues, de lo contrario, habría sido detenido como los tripulantes a bordo del velero«, explica su abogado español, Jaime Campaner.
EN LIBERTAD DURANTE TODO EL AÑO
Charles Thomas pasó nueve días en prisión preventiva tras ser detenido. Luego fue puesto en libertad bajo fianza.
Durante todo este año el joven, que ha negado cualquier tipo de implicación en el asunto, ha hecho vida normal.
Ha comparecido ante la Policía holandesa cuando se le ha requerido. Jamás ha faltó a las fallidas citas para su envío a España, achacable a las autoridades españolas y holandesas.
“Mi cliente ha cumplido desde el minuto uno con lo que se le ha pedido. Ha comparecido ante la policía las veces que se le ha impuesto. Ha colaborado en todo lo que se le ha dicho”, señala el abogado, que solicitó a la magistrada García Moreno que dictara una Orden Europea de Investigación para que su cliente pudiera ser interrogado por video conferencia, desde Holanda.
«Nunca tuve respuesta. Habría sido la respuesta más lógica», subraya.
Thomas Charles fue finalmente enviado a España el 27 de julio pasado. «Fue voluntariamente al aeropuerto. No fue necesario el envío de un coche patrulla a su casa», recuerda Campaner.
Cuando llegó a España fue enviado a la prisión de Soto del Real, en Madrid.
«La medida de internamiento en prisión es desproporcionada, innecesaria y gravosa y no está en concordancia con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», recalca el abogado.
«No se dan ninguno de los tres requisitos del artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: riesgo de fuga, evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes y evitar que el investigado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima o que cometa nuevos delitos».
La magistrada García Moreno, que lo interrogó, el 4 de agosto, por videoconferencia –ella en Orihuela y él en Soto del Real– no lo entendió así y ordenó su permanencia en prisión preventiva «ante el riesgo de fuga».
LA ÚLTIMA PALABRA LA TIENE LA AUDIENCIA NACIONAL
Campaner apeló su decisión.
Sin embargo, ahora la última palabra la tiene el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 1, Santiago Pedraz.
La magistrada de Orihuela entendió que quizá la competencia del asunto correspondía a la Audiencia Nacional, y se inhibió a éste órgano judicial.
Pedraz tiene que aceptar –o rechazar– su competencia, más lógica, teniendo en cuenta que la interceptación del barco se llevó a cabo en Las Azores, en Portugal, que tomaron parte fuerzas y cuerpos de seguridad de cuatro países diferentes.
Esta la única esperanza que le queda a Charles Thomas: que un magistrado «cuerdo» valore con justicia toda su conducta, hasta ahora, que ha sido ejemplar, su completa colaboración y su disposición a cooperar con la justicia española.
Campaner –y no es una pose– cree a ojos cerrados en la inocencia de su cliente.
Tiene la certeza de que, al final, Charles Thomas será absuelto.
«¿Pero de qué servirá entonces? ¿Que podrá interponer una demanda por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia para resarcirse? No se trata de eso sino de hacer las cosas bien, tratando de perjudicar lo menos posible al ciudadano. Ni más ni menos», concluye.
