Firmas
Elisa Pinto: ¿Y la justicia «pa» cuándo?
La doctora Elisa Pinto lleva siete años y medio de calvario judicial, con una instrucción interminable; el denunciado por acoso sexual, amenazas y agresión es Javier López Madrid, amigo personal de los Reyes, quien contrató al comisario José Manuel Villarejo para encargarse del caso.
24/8/2020 06:51
|
Actualizado: 23/8/2020 23:55
|
Es la misma pregunta que se hace Jennifer López en su hit de hace dos años, «Y el anillo ¿’pa’ cuándo?». Pero en este caso lo que está en juego es algo tan esencial para una sociedad democrática como la Justicia. La pregunta es la misma. El objeto diferente, mucho más importante: «Y la Justicia ‘pa’ cuando?».
Porque en el caso de la doctora Elisa Pinto está en juego la propia credibilidad del sistema judicial.
Los números son, en este caso, como el algodón, no mienten.
Hablan por sí mismos.
Hace siete años y medio –repito, siete años y medio– que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, Belén Sánchez instruye el caso, fruto de la denuncia presentada por la doctora Elisa Pinto contra Javier López Madrid, el «compi yogui» de la Reina Leticia y miembro de la aristocracia del IBEX-35.
«Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC [La Otra Crónica, el suplemento sobre noticias del corazón de El Mundo] y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!! [te hecho de menos])», escribió doña Leticia Rocasolano a López Madrid a las 17.08 del 15 de octubre de 2014, y que publicó eldiario.es
El mensaje era parte de una conversación de texto en modo «chat» a la que después se unió el Rey Felipe VI, quien tuvo el cuidado de no decir nada inconveniente, proponiendo una próxima comida para hablar «sin intermediación electrónica ni telefónica».
Es una denuncia contra López Madrid por acoso sexual, amenazas y agresión.
López Madrid es el yerno de Juan Miguel Villar Mir, quien fuera vicepresidente del Gobierno y ministro de Hacienda en el primer gobierno del Rey Juan Carlos.
Villar Mir es presidente del Grupo Villar Mir -del que López Madrid es directivo-, que agrupa a la empresa de energía Villar Mir Energía, el Grupo Fertiberia –de fertilizantes–, las constructoras Grupo OHL, Colonial, el Grupo Pacadar, líder en prefabricados de hormigón, y Mothercare, compañía dedicada a la venta al por menor de ropa y artículos para niños, entre otras.
Una potencia económica evidente.
López Madrid, quien formó parte del Consejo de Administración de Caja Madrid, fue condenado en 2018 por la Audiencia Nacional a seis meses de cárcel menos un día en el juicio por las tarjetas «black», sentencia que ratificó después el Tribunal Supremo.
Luego los dolores de cabeza del empresario han ido en aumento con su imputación en la «Operación Púnica» y en la «Operación Lezo» –por la que tuvo que abonar 100.000 euros de fianza para seguir en libertad–, a lo que se une, ahora, otro nuevo frente, este a cargo del magistrado José de la Mata, del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, sobre la fallida construcción de la Ciudad de la Justicia de Madrid.
Actualmente está esperando conocer la sentencia por el caso Bankia, que fue juzgado el año pasado en ese mismo órgano judicial, en el que fue acusado de un delito de falseamiento contable.
LÓPEZ MADRID, IMPUTADO
La cercanía a los Reyes de España, sin embargo, no impidió que a mediados de 2017 –finalmente, después de un intento de archivo– la magistrada Sánchez imputara a López Madrid por acoso sexual y amenazas a la doctora Pinto. Le impuso, además, una orden de alejamiento.
Previamente, el comisario José Manuel Villarejo había sido reconocido en rueda de reconocimiento por la doctora Pinto como el responsable del apuñalamiento que sufrió en el abdomen el 10 de abril de 2014.
De la misma forma, fue imputado, con imposición de otra orden de alejamiento que le prohibió acercarse a la doctora a menos de 500 metros.
López Madrid había conocido a Villarejo en 2013, el año en el que Pinto presentó la denuncia, en el Hotel Santo Mauro, de Madrid. Fue una «conexión» que –a toro pasado– empeoró las cosas.
Porque Villarejo, en su actividad de «pluriempleo», montó una campaña de desprestigio contra la doctora Pinto con el objetivo de hacer creer a la opinión pública que estaba loca y que el bueno de la película era López Madrid.
Incluso llegó a crear el estado de opinión, a través de «periodistas amigos», de que la acosadora era ella.
Lo que culminó con la presentación de una denuncia de López Madrid, en 2014, contra la doctora por acoso a su persona y a su familia en 2014.
Hace seis años y medio. Repito 6,5 años.
El caso cayó en el Juzgado de Instrucción 26 de Madrid, cuyo titular es la magistrada Concepción Jerez.
Los autos de apertura de juicio oral contra Villarejo –en prisión preventiva desde noviembre de 2017 por el «caso Tandem», dividido en 25 piezas de investigación– dictados últimamente por el magistrado Manuel García Castellón, del Central 6 de Instrucción de la Nacional, describen muy bien la capacidad del comisario para movilizar periodistas y acceder a datos protegidos de todo tipo para construir historias paralelas que sustituyen a la verdad misma.
El año pasado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió, a finales del año pasado, correos y mensajes relacionados con el caso de Elisa Pinto cuando investigaban los teléfonos y dispositivos móviles de López Madrid en el marco de las pesquisas sobre los casos Púnica y Lezo, en los que está imputado.
Mensajes que se intercambiaron López Madrid y el entonces inspector jefe de la Policía Nacional y jefe de la Unidad de Secuestros y Extorsiones –hoy comisario–, Alberto Carba, entre el 16 de octubre y el 26 de noviembre de 2015, cuando el policía confeccionaba un informe para el Juzgado de Instrucción 39.
En el que dijo que Pinto se estaba haciendo pasar por una falsa víctima y que ella era responsable del acoso enfermizo contra López Madrid.
«Buenos días javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar», le dice Carba a López Madrid en uno de los muchos mensajes que se intercambiaron.
Jamás Carba llamó a la otra parte, a Elisa Pinto. Le dio toda la credibilidad a López Madrid.
Para la doctora Pinto han sido siete años y medio de tortura personal. No solo para ella sino también para toda su familia.
¿Cómo es posible que estas dos instrucciones sigan todavía abiertas siete años y medio y siete años, respectivamente, después?
¿Por qué el Servicio de Inspección o el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial no han tomado cartas en este asunto?
¿Tiene algo que ver la relación de López Madrid con los Reyes?
¿Dio la Secretaría de Estado de Interior alguna consigna sobre el caso?
¿Y el CNI?
Sea como fuere, no es de recibo este estado de cosas. Alguien debe responder.
Recientemente la doctora Pinto me decía: «Yo lo único que quiero es que todo se acabe. Olvidarme de todo. Que me dejen en paz. Eso es lo que quiero».
Su confianza en la justicia se ha resquebrajado. La comprendo.
Y no nos lo podemos permitir como estado democrático que somos.
No cabe que unos sean más iguales que otros.
Por eso, lo vuelvo a plantear aquí, negro sobre blanco a quien corresponde: En el caso de la doctora Pinto, ¿la Justicia, ‘pa’ cuándo?
Otras Columnas por Carlos Berbell:
