La Sala Segunda ha reclamado la querella original y las actuaciones practicadas al Archivo General del Tribunal Supremo para resolver sobre la petición de Izquierda Unida (IU) y del Partido Comunista de España (PCE) de reabrir la causa derivada de la querella presentada en diciembre de 2018 contra el Rey Emérito Juan Carlos I y otras siete personas por la presunta comisión de 13 delitos relacionados con la adjudicación del AVE a la Meca.
Así lo ha manifestado IU en un comunicado en el que indica que esta Sala ha informado a los querellantes que da por «recibido» el escrito en el que solicitan la reapertura.
En el escrito presentado en julio, los querellantes argumentaron que el Supremo ahora «sí esta capacitado» para investigar a Juan Carlos de Borbón y al resto de querellados «a la vista de los nuevos acontecimientos de los que fueron protagonistas antes del verano».
Insistían en que después de que el Supremo decidiera archivar la causa “ha continuado aflorando diversa información incriminatoria en relación a los hechos objeto de la querella”.
Los querellantes alegaban también que «ya no vale el argumento que el Supremo empleó hace un año sobre que los hechos denunciados ya fueron objeto de investigación y fueron archivados por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional».
Y es que “como es público y notorio», subrayaban, el pasado 27 de julio de 2020 el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional acordó reabrir la pieza número 5, conocida como ‘Carol’, de la macrocausa ‘Tándem’ o caso Villarejo, en la que se investigan los supuestos encargos que la empresaria y examante del Rey Emérito Corinna Larsen habría hecho a Villarejo.
En el audio de una conversación grabada en 2015 entre Villarejo, Villalonga y Larsen, la empresaria apuntaba que el Rey Emérito tenía dinero en Suiza, utilizaba testaferros para enmascarar propiedades en Marruecos y había cobrado comisiones por su intermediación en la adjudicación del AVE a la Meca a una UTE Española.
El titular de este juzgado, Manuel García Castellón, decidió entonces reabrir esta pieza y, entre otras medidas, citar como investigada a Corinna y al empresario Juan Villalonga.
En el escrito, IU y el PCE también recordaban que a comienzos del pasado mes de junio, la Fiscalía del Tribunal Supremo asumió la investigación sobre las presuntas comisiones irregulares en la adjudicación del contrato del AVE a la Meca derivada de las diligencias que llevaba a cabo Anticorrupción al resultar que una de las personas involucradas en los hechos investigados era el entonces Rey Juan Carlos de Borbón.
En concreto, la investigación se refiere a la Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado ‘AVE del desierto’ que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.
Esta investigación se centra, precisamente, explicó entonces la Fiscalía, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014 (abdicación), momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.
La querella, que ahora estudiará de nuevo el Supremo, fue archivada en abril de 2019 porque los hechos ya se investigaron en la Audiencia Nacional y se archivaron por falta de indicios de criminalidad.
Además, del Emérito la querella se dirigía contra Corinna Larsen, el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario jubilado y ahora en prisión José Manuel Villarejo, además del ciudadano y abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.
Los querellados se reparten la imputación de hasta 13 supuestos delitos -siete de ellos referidos directamente al Rey Emérito-, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
