El TSJM tumba el confinamiento en Madrid impuesto por el Gobierno al afectar a derechos fundamentales
El tribunal tendrá que volver a pronunciarse sobre estas medidas debido a los recursos interpuestos por VOX y un abogado.

El TSJM tumba el confinamiento en Madrid impuesto por el Gobierno al afectar a derechos fundamentales

Concluye que la ley utilizada "no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales"
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08/10/2020 11:53
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Actualizado: 08/10/2020 13:23
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado, «por verse afectados los derechos y las libertades fundamentales», la ratificación de las medidas que restringen desde el pasado 2 de octubre la movilidad en diez municipios de la región, entre ellos la capital, ordenadas por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el 30 de septiembre.

Así lo han acordado hoy los magistrados de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Juan Pedro Quintana Carretero (presidente), Amparo Guilló Sánchez Galiano, Rafael Botella y García-Lastra,  Juana Patricia Rivas Moreno, María Dolores Galindo Gil, y María del Pilar García Ruiz.

Por tanto, no se podrá multar a los que incumplan estas medidas que afectan a la movilidad y que se levantarán al no contar con la autorización judicial.

Los magistrados concluyen que «la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y en concreto su artículo 65, no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales».

Asimismo, recriminan que supone «una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos» y desgacan que «el sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir, e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales».

Contra esta resolución cabe recurso de reposición.

En el caso de que ratifiquen su decisión, se podría presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Esta decisión del TSJM obedece a una actuación de oficio conforme a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

El TSJM tendrá que volver a pronunciarse sobre estas medidas restrictividas debido a que también fueron interpuestos dos recursos contra esa orden de Illa, uno de VOX, y otro del abogado Curro Nicolau.

VOX había pedido medidas cautelarísimas contra la orden de Sanidad «por ser una decisión política y no científica». El TSJM ya le contestó rechazando las medidas cautelares que solicitó, pero no sobre el fondo del asunto.

«Estamos frente a un gobierno de corruptos y mafiosos que atacan las libertades más básicas de los españoles con todo descaro», ha manifestado el presidente de VOX, Santiago Abascal, en Twitter tras conocer la decisión del TSJM.

«¿Quién paga ahora las pérdidas económicas a tantísimos damnificados? Hay que echarlos urgentemente. Y juzgarlos», ha añadido junto a la etiqueta MocionDeCensura’.

LA COMUNIDAD DE MADRID RECURRIÓ ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL

La Comunidad de Madrid presentó el pasado viernes ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra la orden del ministro. Considera que supone una “agresión a las competencias” del gobierno regional que puede resultar “contraproducente” y que “en realidad supone la aplicación de unas limitaciones propias del estado de alarma”.

El ejecutivo madrileño también ha solicitado la medida cautelar de suspensión de la resolución impugnada.

Partiendo de un “principio de prudencia”, el ejecutivo regional acató la orden de Illa “por responsabilidad” y para poner fin al “caos” generado por el Gobierno de España, según explicó el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, secretario de Justicia e Interior del PP y magistrado en servicios especiales.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que su Ministerio adoptará «las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud», tras el rechazo del TSJM de las medidas impuestas.

Illa se ha mostrado «seguro» de que la Comunidad de Madrid «coincidirá en este planteamiento», y ha anunciado que ha reclamado una reunión del Grupo COVID-19 entre Madrid y Sanidad para «esta misma tarde».

El letrado Curro Nicolau ha acudido al TSJM después de que se le cerrara la vía de la Audiencia Nacional para, en ambos casos, tumbar las medidas restrictivas alegando que vulneran sus derechos a la libre circulación, debido al confinamiento, y a la reunión, porque se limitan a un máximo de seis personas.

También solicita al TSJM medidas cautelarísimas para suspender la vigencia de las órdenes del Ministerio y de la Comunidad y, en caso contrario, que al menos otorgue una medida consistente en el reconocimiento como situación jurídica individualizada de su derecho a circular libremente y a reunirse con el número de amigos y familiares que considere.

Además, pide la comparecencia del ministro, por ser el autor de la orden ministerial, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, como autor de la orden autonómica.

EL AUTO DEL TSJM, AL DETALLE

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo precisa en su auto que se está ante un marco legal que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis, coincidiendo con la ratificación de las medidas sobre áreas sanitarias, de 24 de septiembre y 1 de octubre.

Señala que «como reconoce el propio letrado de la Comunidad de Madrid, lo que se solicita en esta ocasión es la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad por el que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-COV-2”.

El tribunal destaca que esta orden del ministro de Sanidad se dicta al amparo del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y expone que conforme a ello, Illa aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, obligando con ello a las Comunidades autónomas destinatarias.

El tribunal aclara que es el artículo 65 de la referida ley el que cita el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Orden comunicada del 30 de septiembre como único título legal habilitante de la potestad administrativa ejercitada en la mención del citado acuerdo y la emisión de la Orden comunicada, cuya ejecución lleva a cabo la Comunidad de Madrid.

Por ello, dice que «la ratificación de las medidas sanitarias restrictivas de derechos fundamentales dependerá del juicio que merezca tal habilitación legal”. Los magistrados dilucidan en el auto “si la previsión del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud autoriza la restricción de derechos fundamentales y libertades públicas”, abordándose con independencia de que “las medidas restrictivas de tal derecho fundamental fueran necesarias e idóneas para evitar la extensión de la enfermedad en una situación de pandemia como la actual”.

Indican que «en consecuencia, se ha venido admitiendo la posibilidad de que por Ley Orgánica, e incluso mediante Ley Ordinaria, se permita la adopción de medidas concretas que limiten el ejercicio de determinados derechos fundamentales, con las matizaciones hechas acerca del ámbito aceptable de intromisión de una y otra en el derecho fundamental, sin necesidad de acudir a la excepcionalidad constitucional que implica la declaración de un estado de alarma y siempre que esta limitación se encuentre suficientemente acotada en la correspondiente disposición legal de habilitación en cuanto a los supuestos y fines que persigue, de manera que resulte cierta y previsible, y este justificada en la protección de otros bienes o derechos constitucionales”.

Para los magistrados, «eesulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país, pese al consenso doctrinal existente acerca de que la regulación actual de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales, con el objeto de proteger la integridad física (artículo 15 CE) y la salud (artículo 43 CE), íntimamente conectados entre sí, resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación”.

“En fin, la exposición de motivos del Real Decreto Ley-ley 21/2020, de 9 de junio, -que modifica la redacción del artículo 65 de la Ley 16/2003- pone de manifiesto las razones que justifican la modificación normativa que supone y el objetivo que persigue, consistente en garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del conjunto del sistema nacional de salud, ante crisis sanitarias, quedando al margen de su finalidad la de autorizar medidas limitativas de la libertad de circulación, como muestra el hecho de que asocie de forma reiterada las mismas a la declaración de estado de alarma”, prosiguen.

Y concluyen que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y en concreto su artículo 65, «no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales”.

“La consecuencia de tal apreciación –valoran los magistrados- es que las medidas limitativas de derechos fundamentales que establece la Orden 1273/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, meramente en ejecución de la Orden comunicada de 30 de septiembre de 2020, constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada”.

El tribunal manifiesta que en nuestro orden constitucional corresponde a los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales, bajo la reserva de ley prevista en los artículos 81.1 y 53.1 de la Constitución, «la delimitación y la modulación de los derechos fundamentales de las personas, bajo las exigencias de proporcionalidad, certeza y previsibilidad y, en todo caso, respetando su contenido esencial”.

“Dicho de otro modo, los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de Ley, que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho», destaca.

Añade que este es «un presupuesto de necesario cumplimiento para que esta Sala, cuya función es administrar justicia, sometida únicamente al imperio de la ley, interpretando y aplicando nuestro ordenamiento jurídico, pueda autorizar o ratificar medidas adoptadas por las autoridades sanitarias por razones de salud pública que impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales”.

El tribunal concluye el auto destacando que «es consciente de la gravedad de la crisis sanitaria sin precedentes, ante la que se enfrentan los poderes públicos y que padece nuestra sociedad», constatada ya el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional.

Agrega que «también lo es de la necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces de diversa índole para proteger la salud de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud, entre las que cabría incluir medidas limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance».

Y recuerda que para ello, «nuestro sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir, e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales”.

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