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Anticorrupción informa en contra de investigar a Iglesias en el Supremo por el caso Dina

He emitido una nota interna que se ha remitido al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, para que lo tenga en cuenta a la hora de redactar su informe definitivo sobre si procede o no abrir causa en el alto tribunal contra Iglesias. Foto: EP.
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La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ha emitido una nota interna en la que se posiciona en contra de que se abra una investigación en el Tribunal Supremo al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en relación a la pieza ‘Dina’ de la causa ‘Tándem’.

Según adelanta La Vanguardia, ese documento se ha entregado al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, para que lo tenga en cuenta a la hora de redactar su informe definitivo sobre si procede o no abrir causa en el alto tribunal a Iglesias.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha señalado este mismo jueves en un acto organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) al ser preguntada al respecto, que ella no opina y no participa en el desarrollo del informe que prepara el Ministerio Público al respecto.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press confirman que esa nota interna ha sido enviada a la FGE. En estos momentos, la Sala de Admisiones de lo Penal del Supremo permanece a la espera de ese informe del Ministerio Fiscal, solicitado la semana pasada, para decidir si procede o no investigar a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y acusación o denuncia falsa en relación a la ‘pieza Dina’.

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En la nota, la Fiscalía disiente de lo sostenido por el magistrado Manuel García Castellón y apunta sobre el delito de daños informáticos, que hay un informe de policía científica que concluye que no se puede acreditar que la tarjeta de Bousselham sufriera daños durante el tiempo que estuvo en manos de Iglesias.

De hecho, apuntan que el quemado de la misma se produjo en la empresa de recuperación de datos a la que la envió la propia Bousselham.

Asimismo, en relación al delito de descubrimiento y revelación de secretos por retener la tarjeta de la exasesora, los fiscales de ‘Tándem’ Ignacio Stampa y Miguel Serrano sostienen que ese delito no puede investigarse dado que Bousselham no se siente perjudicada y no ha iniciado ninguna acción al respecto.

Respecto al delito de denuncia falsa, los fiscales entienden que la tesis más plausible es que el contenido de la tarjeta llegara al comisario José Manuel Villarejo a través de los dos periodistas procesados y que este a su vez se lo hiciera llegar al medio de comunicación que posteriormente publicó parte del contenido de esa tarjeta.

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Inciden en que la investigación sobre esos supuestos delitos debería haberse enviado a otro juzgado donde un nuevo instructor, tras practicar las diligencias oportunas, debería haber decidido si existen indicios suficientes para enviar causa al Supremo.

Estos argumentos mantenidos por los fiscales del caso en la nota, coinciden con los que defendieron meses atrás cuando el magistrado decidió quitar la condición de perjudicado a Iglesias.

Estos movimientos en el Ministerio Público llegan después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor de ‘Tándem’ elevara al Supremo exposición razonada al entender que existen indicios para comenzar a investigar tanto al líder de Podemos como a la propia Dina Boussellham, a la vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo, a la expareja de Bousselham Ricardo Sa Ferreira y a los letrados Marta Flor y Raúl Carballedo.

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El juez de la Audiencia Nacional señalaba que Iglesias recibió en buen estado del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.

Destacaba que pese a que Bousselham e Iglesias eran personas cercanas, éste se guardó la tarjeta durante un tiempo sin informar a la que fuera su asesora. El juez cree que esta acción puede vincularse al conocimiento que el líder de Podemos tuvo al observar las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado.

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Otro punto significativo para el magistrado es el hecho de que Iglesias devolviera a la que fuera su asesora la tarjeta inoperativa y, advertía de que si bien no se ha podido determinar la fecha de la devolución, indica, en todo caso, que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017. “Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento“, afirma el magistrado.

Asimismo, indicaba en el escrito que en julio de 2016 un medio de comunicación publicó durante varios días noticias acompañadas de las imágenes procedentes del dispositivo de Bousselham y que Pablo Iglesias había visto en la tarjeta de memoria.

El juez subraya que Iglesias en ese momento tenía acceso a la tarjeta que guardaba en su poder por los que sabía que se estaban publicando imágenes enviadas a terceros mandadas por la asesora.

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En este sentido, afirma que con la única finalidad de desprestigiar a ese medio de comunicación, y a sabiendas del origen de las imágenes publicadas, instó a “los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia inicial formulada por Bousselham, tratando de simular falsariamente, una conexión entre las imágenes publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015“.

De este modo, el magistrado relataba que, bajo las instrucciones dadas por Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica del partido, presentaron la desaparición del teléfono “como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario Villarejo, para publicar en el digital, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos” y así usar de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral.