El ministro ha hecho este anuncio en la presentación de la 'Guía para el Uso Forense del ADN', realizada por la Comisión Nacional para el Uso Forense el ADN. Foto: Marta Fernández Jara/ EP
Campo dice que el anteproyecto de la nueva LECrim llegará ‘muy pronto’ al Consejo de Ministros
Revela que el Ministerio está trabajando en varios proyectos legislativos para "avanzar en la imprescindible actualización del ordenamiento jurídico"
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04/11/2020 15:53
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Actualizado: 14/6/2022 14:13
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado hoy que el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que sustituya a la vigente de 1882, llegará «muy pronto» al Consejo de Ministros, tras lo cual ha asegurado que se abrirá un amplio diálogo para mejorar el texto de cara a su tramitación parlamentaria.
Campo ha hecho este anuncio durante la presentación de la ‘Guía para el Uso Forense del ADN’, elaborada por la Comisión Nacional para el Uso Forense el ADN, y que ha señalado como ejemplo de «una materia compleja» en cuanto a su contenido y a su regulación, donde «la voz de los expertos resulta fundamental a la hora de adecuar nuestra legislación al estado del conocimiento científico».
El acto, que ha tenido lugar en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), ha sido presidido por el ministro.
La guía sido presentada por director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Antonio Alonso, y también han participado en su presentación la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y la directora general para el Servicio Público de Justicia y presidenta de la Comisión Nacional para el Uso Forense el ADN, Concha López-Yuste.
De izquierda a derecha: Concha López-Yuste, Dolores Delgado, Juan Carlos Campo y Antonio Alonso.
Campo ha informado que el Ministerio de Justicia está trabajando en varios proyectos legislativos para «avanzar en la imprescindible actualización del ordenamiento jurídico«, entre los que ha destacado «la elaboración de una nueva LECrim, cuyo borrador de anteproyecto será sometido muy pronto a la consideración del Consejo de Ministros».
El ministro la había incluido entre las prioridades de su mandato y se había comprometido a presentar un texto para su aprobación por el Consejo de Ministros antes de finales de este año.
El anteproyecto de la nueva LECrim ha sido elaborado por una Comisión de expertos, integrada por cinco fiscales, tres magistrados y dos profesores de Derecho Procesal, coordinados por el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega, que la ha presidido.
Ortega también presidió el grupo de trabajo encargado de la elaboración del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, del anterior Gobierno socialista, en el que participaron, además, cinco de los miembros de la comisión que ha elaborado el actual.
Aquel anteproyecto fue aprobado el 22 de julio de 2011 por el Consejo de Ministros, pero no vio la luz porque crisis la económica de 2008 obligó al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a adelantar las elecciones generales y las ganó el PP.
La redacción de una nueva ley procesal penal ha sido defendida en los últimos 20 años por gobiernos de distinto signo.
El texto de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal quedó concluido el pasado mes de septiembre. Según informó entonces Justicia, ha tenido como base el anteproyecto que elaboró el gobierno del PSOE en 2011, y el borrador de código procesal penal del PP de 2013, que tampoco encontró una materialización, junto a las reformas realizadas a la actual LECrim a través de dos leyes, la Ley Orgánica 13/2015 en materia tecnológica y la ley 41/2015 en relación con las garantías procesales.
El ministro ha defendido «la necesidad de superar el modelo decimonónico de un proceso penal aún vigente», incidiendo en que «supone una oportunidad para dar un salto cualitativo en la modernización de nuestra legislación procesal».
Ha avanzado que la nueva LECrim regulará «avanzadas técnicas de investigación contra el crimen que aún no tenían acomodo en nuestro ordenamiento jurídico y que en algún caso no están tampoco reguladas por ningún otro país».
Asimismo, ha explicado que el borrador también aborda el uso forense del ADN para dar respuesta a aspectos como la toma de muestras y el posterior análisis de las mismas, algo sobre lo que las normas vigentes «guardan silencio», integrando los estándares fijados por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Una vez aprobada en el Consejo de Ministros, se abrirá un diálogo con expertos, operadores jurídicos y sociedad civil sobre «cómo mejorarla de cara a su tramitación parlamentaria», un diálogo que ha planteado como una «obligación», según ha dicho el ministro.
Campo también ha señalado que no toda la regulación del uso forense del ADN está en las leyes procesales. Ha dicho que la mayor parte de esta materia está regulada por la Ley Orgánica 10/2007, sobre la base de datos policial de identificadores obtenidos a partir del ADN, que «debe ser revisada y actualizada» tanto por los avances científicos que se han experimentado en la última década como por la normativa europea sobre protección de datos.
Ha anunciado que para esta labor se contará con la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN, que ha elaborado dicha guía y «demuestra un saber hacer imprescindible para el perfeccionamiento de nuestro ordenamiento jurídico».
Campo ha destacado el «estupendo trabajo» que representa esta guía, y ha valorado la orientación que la misma da a los poderes públicos ante la toma de decisiones legislativas, recalcando que se siguen descubriendo «nuevas técnicas forenses llamadas a definir los modelos de investigación criminal del futuro» y por eso se requieren ajustes periódicos en materia normativa.
En este sentido, ha reiterado que la genética forense es «uno de los medios más fiables de acceso a la verdad por parte de los órganos judiciales», pero también «una técnica tan fiable como compleja» que precisa de una correcta interpretación que maximice su utilidad y prevenga «los riesgos asociados al mal entendimiento de los resultados.
También ha destacado que «al igual que ocurre con el lenguaje jurídico, también debemos esforzarnos en hacer comprensible y accesibles, en la medida de lo posible, un aspecto tan relevante de nuestro modelo de investigación penal como es la criminalística».
La guía tiene como finalidad facilitar el conocimiento del uso forense del ADN a los profesionales del ámbito de la Administración de Justicia: jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses, facultativos de institutos de Toxicología y Ciencias Forenses, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros.
“Como juez, soy plenamente consciente de la importancia que tienen las ciencias forenses en una administración de justicia eficaz y moderna”, ha resaltado Campo, que ha mostrado, además, su admiración hacia esta área del saber y hacia quienes, a través del mismo, ponen lo mejor del conocimiento científico al servicio de los tribunales.
Campo ha agradecido «la gran labor de los profesionales y de los servicios de criminalística y de la policía científica de las FCE».
El documento contiene propuestas y recomendaciones de buenas prácticas fruto de la experiencia profesional de los integrantes de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN. Además, recoge, en los anexos otra documentación de utilidad, como una breve reseña jurisprudencial con sentencias sobre la validez y valoración de la prueba pericial de ADN en el proceso penal.
DESCARGAR LA GUÍA PARA EL USO FORENSE DEL ADN
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha descrito la guía como «un valiosísimo instrumento» para todos los operadores jurídicos porque «se refiere a los diferentes ámbitos y fases del proceso desde el punto de vista jurídico pero también científico» y trata «las cuestiones de mayor interés», como la toma de muestras garantizando los derechos de víctimas y justiciables, la cadena de custodia o «la prueba penal transfronteriza».
La fiscal general del Estado, durante su intervención.
«Logra compatibilizar el rigor informativo con la claridad y sencillez en la exposición de las cuestiones más técnicas, de modo que hace accesible para quienes trabajamos en la administración de justicia nociones que a veces son complejas porque son nociones científicas», ha señalado.
El director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Antonio Alonso, que ha sido el encargado de presentar la guía, ha indicado que su objetivo es facilitar el conocimiento práctico de la aplicación forense del ADN desde un doble enfoque, jurídico y científico.
El director del INTCF, Antonio Alonso, en la presentación de la ‘Guía para el uso forense del ADN’.
Alonso ha puesto en valor este documento frente a lo que ha denominado «efecto CSI», por el cual se asume que «el ADN es infalible», algo que ha refutado explicando que puede haber restos genéticos subyacentes de otras personas o contaminaciones posteriores que generen confusión, por lo que no siempre conduce al culpable.
Sin embargo, ha resaltado que se trata también de una técnica cada vez más precisa. Según ha contado, cada día se van introduciendo «nuevos marcadores de ADN que permiten conocer nuestro origen biogeográfico» hasta el punto de poder hacer un retrato robot porque aportan información sobre el color del pelo, los ojos o la piel.
Alonso se ha mostrado consciente de que esto suscita cuestiones bioéticas, en cuanto a la injerencia en la intimidad de las personas, si bien ha recordado que ya ha tenido una «enorme trascendencia» en investigaciones penales que estaban estancadas.
Alonso ha expuesto que en la actualidad hay 23 países europeos en una red global para identificar un perfil criminal con ADN. «Hemos logrado casi 5.000 coincidencias”, ha revelado.
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