La Comisión de Educación del Congreso aprueba eliminar el castellano como lengua vehicular en la ‘ley Celaá’
El texto de la ponencia debe pasar después por la Comisión de Educación, el Pleno del Congreso y el Senado. Foto: Carlos Berbell

La Comisión de Educación del Congreso aprueba eliminar el castellano como lengua vehicular en la ‘ley Celaá’

PP, VOX y Cs recurrirán ante el TC en caso de que finalmente incluya la supresión del castellano como lengua vehicular
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06/11/2020 09:55
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Actualizado: 21/12/2020 12:15
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La ponencia de la Comisión de Educación del Congreso, grupo de trabajo que analiza, debate y vota las enmiendas al proyecto de reforma de la ley educativa, votó ayer a favor de eliminar que el castellano sea considerada una lengua vehicular en el ámbito educativo y una lengua oficial del Estado.

Esta enmienda del PSOE, Unidas Podemos y ERC -el impulsor- suprime de la ley educativa la referencia al castellano como «lengua oficial del Estado», así como de «lenguas vehiculares» tanto al castellano como las demás lenguas cooficiales.

Ha salido adelante por 20 votos a favor, frente a 16 y una abstención, del PNV.

PP, VOX y Cs ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC) la denominada ‘ley Celaá’, en caso de que finalmente incluya la supresión del castellano como lengua vehicular.

Con esta enmienda, el texto quedaría así: «Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable».

Con ella pretenden introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo.

El proyecto de reforma inicial no recogía en un principio esta opción, al establecer que «las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios», así como que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable».

Ahora se elimina del proyecto la referencia a las lenguas cooficiales como «lenguas vehiculares» y al castellano como «lengua oficial del Estado».

La actual ley de educación, la denominada ‘ley Wert’, también recoge que «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable».

La Ponencia de ayer fue la quinta y última. Este grupo de trabajo, que ha analizado 1.168 enmiendas al proyecto, presentará ahora un dictamen a la Comisión de Educación del Congreso, que lo aprobará o rechazará, y donde se votarán también las enmiendas que mantengan vivas los grupos parlamentarios que no han conseguido consenso en la Ponencia.

Después, este dictamen será sometido a votación en el Pleno del Congreso, además de las enmiendas que quedaron sin aprobar anteriormente, para pasar después al Senado y, de ahí al Congreso de nuevo, donde se aprobaría finalmente la ley.

‘UN PASO IMPORTANTE PARA CATALUÑA’

El portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Educación del Congreso, Joan Mena, ha destacado que en todas las enmiendas aprobadas ayer, cuatro, ha habido acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC.

Entre ellas está la de inmersión lingüística, que permitirá «el blindaje de la escuela catalana y del modelo de inmersión lingüística», según ha destacado este diputado, quien  ha agradecido el trabajo realizado al PSOE y ERC por haber hecho posible este acuerdo, dado que, según afirma, «hay un consenso amplísimo en la sociedad catalana» con respecto al tema.

«Es un paso importante para Cataluña y para el conjunto del Estado, que da pasos firmes en reconocimiento del plurilingüismo y de la plurinacionalidad», ha señalado.

También ha salido adelante una enmienda transaccional entre el PSOE, Podemos y ERC para prohibir que en la educación concertada se pueda segregar a los alumnos por sexo; por 20 votos a favor, 16 en contra y una abstención.

Dicha modificación contempla la opción de retirar el concierto a aquellos centros educativos que incurran en la separación por género de los alumnos, sustentando ese impedimento en la Ley de Igualdad.

El líder del PP, Pablo Casado, se reúne hoy en Barcelona con entidades que defienden el bilingüismo en Cataluña. El presidente de los ‘populares’ ha acusado al Gobierno de querer liquidar la libertad educativa y, a Pedro Sánchez, de querer «permanecer en el poder negociando el futuro de nuestros hijos».

Los ‘populares’ consideran que detrás de esa reforma de la ley educativa está «el precio de los votos» a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y «ahí las prisas en la tramitación», según ha señalado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra.

«Recurriremos al Constitucional la Ley Celaá pues ningún derecho fundamental puede ser moneda de cambio para los Presupuestos», ha manifestado Casado.

VOX: SUPONE LA CULMINACIÓN DE UN PROYECTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA QUE TIENE COMO META LA RUPTURA NACIONAL POR LA VÍA DE LOS HECHOS 

El grupo parlamentario de VOX también anunció ayer que la recurrirá ante el TC ‘ley Celaá’ si elimina el castellano como lengua vehicular.

VOX considera que esta ley supone «la culminación de un proyecto de inmersión lingüística que tiene como meta la ruptura de la unidad nacional por la vía de los hechos».

«La riqueza cultural de España y su diversidad lingüística se utilizan como instrumentos para la secesión, pasando por encima de nuestra Constitución que, en su artículo tercero, establece claramente el deber de conocer y expresarse en la lengua oficial del Estado para todos los españoles», ha denunciado el portavoz de VOX en la Comisión de Educación del Congreso, Joaquín Robles.

Según VOX, se vulneran, además, los derechos que tienen tanto padres como ciudadanos cuya lengua materna es el español.

Por ello, y ante esta «ofensiva contra los derechos de los ciudadanos y contra la unidad nacional», ha anunciado su «total oposición con todos los mecanismos legales y parlamentarios a su alcance» a la ley.

El partido de Santiago Abascal recurrirá la LOMLOE ante el TC por ser una «ley sectaria que no sólo atenta contra la Nación Española por esta vía, sino que, además, pretende asfixiar a la enseñanza concertada, a las escuelas infantiles o a los centros de educación especial», en palabras de la portavoz de VOX Georgina Trías.

La formación denuncia, además, el uso de la educación que pretende hacer el Gobierno, para convertir este derecho de los niños en un «medio para el adoctrinamiento en los principios doctrinales del progresismo, imponiendo su visión de la historia, de las relaciones personales y de sus principios éticos y morales, mediante la obligación de cursar materias fuertemente ideologizadas, impidiendo toda respuesta o protesta por parte de las familias».

«Es un hecho gravísimo, sin precedentes en nuestra historia democrática, donde un Gobierno pretende dar amparo legal a las infracciones que se llevan cometiendo desde hace muchísimos años tanto en Cataluña, como en Galicia y País Vasco, se pretende excluir el español, vulnerar el derecho de padres y estudiantes, y VOX no va a dar un paso atrás, sino que va a defender esa libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos, esa necesidad de que nuestros estudiantes se formen en español», ha señalado el diputado por Barcelona de la formación, Ignacio Garriga.

CIUDADANOS PEDIRÁ HOY LA DIMISIÓN DE CELÁA 

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha anunciado en una entrevista en RNE que su partido pedirá hoy la dimisión de la ministra de Educación, Isabel Celáa, en la comisión de Educación y Formación Profesional en la que el secretario de Estado dará cuenta de la aportación de los Presupuestos en su departamento.

Además, ha informado que Cs mantiene conversaciones con el Partido Popular para sumarse en un recurso conjunto ante el Tribunal Constitucional una vez que se apruebe de forma definitiva la eliminación del castellano como lengua vehicular.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunció el miércoles que su partido acudirá al Constitucional, a la Unión Europea, al Defensor del Pueblo y a la Alta Inspección educativa para evitar que eso esté contemplado en la futura ley educativa.

Como Cs no tiene suficientes diputados para presentar un recurso de inconstitucionalidad, tendrá que solicitar al Defensor del Pueblo que lo haga o sumar sus escaños a los de otro grupo parlamentario.

Bal ha lamentado esta «tropelía inadmisible», al tiempo que ha criticado que tanto PP como PSOE, durante los 40 años de bipartidismo, no hayan hecho «más que concesiones al bipartidismo».

Con todo, ha explicado que el partido pretende sumarse al recurso anunciado por el PP.

Bal también dijo ayer que en la reunión que su partido mantuvo este jueves con el Ejecutivo no hablaron de esta enmienda, pero afirmó que Cs aprovechará que está «cerca del Gobierno» para intentar que esa propuesta no salga adelante.

Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, ha alertado a la Comisión Europea sobre “la vulneración de Derechos Fundamentales en España”.

Denuncia que “desde el punto de vista nacional, vulnera el derecho constitucional a recibir educación en una lengua oficial como es el español”.

Además, afirma que se producirá “una vulneración de derechos fundamentales de los niños recogido en la Declaración de Universal de Derechos del Hombre (artículos 2, 7, 15 y 26), la Declaración de los Derechos del Niño de la UNESCO (artículos 2, 3, 28 y 29), y por ende, en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”.

Pagazaurtundúa pregunta al Ejecutivo comunitario qué va a hacer para proteger los derechos de estos estudiantes, y que aclare si va a tener en cuenta esta cuestión en su próximo informe sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en España.

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