Echenique dice que "nunca una tramitación de urgencia estuvo más justificada". Foto: Carlos Berbell
PSOE y Podemos piden tramitar de forma urgente su reforma que limita funciones al CGPJ
Su intención es habilitar en enero la Comisión de Justicia para abordar el nuevo texto legislativo y sacarlo adelante, según fuentes parlamentarias
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18/12/2020 11:19
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Actualizado: 18/12/2020 11:33
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PSOE y Unidas Podemos han solicitado en el Congreso de los Diputados la tramitación urgente de la Proposición de Ley que limita funciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que reduce prácticamente a la mitad los plazos del procedimiento para aprobarla.
El Congreso dio el martes luz verde a la toma en consideración de la reforma que plantean los dos partidos del Gobierno, iniciativa que ha recibido el voto en contra del PP, VOX y Ciudadanos, que la consideran un ataque a la independencia de la Justicia.
Según ha podido saber Confilegal, diputados de ambas formaciones, en número suficiente conforme a lo previsto en el artículo 61.2 del Reglamento de la Cámara, reclamaron ayer a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, «la celebración de las sesiones extraordinarias de los órganos parlamentarios que sean necesarios para la tramitación y aprobación de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones».
La intención de los dos grupos parlamentarios es habilitar en enero la Comisión de Justicia para abordar el nuevo texto legislativo y sacarlo adelante, según indican a este diario fuentes parlamentarias. Así, su aprobación podría estar lista en febrero o marzo.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha afirmado que «nunca una tramitación de urgencia estuvo más justificada» ante la negativa del PP a renovar la cúpula del Poder Judicial, algo que, según dice, constató el martes tras la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder popular, Pablo Casado.
«Se confirmó que el PP, seguramente para protegerse de los numerosos casos de corrupción que acorralan a su formación, no quiere renovar un CGPJ que diseñó Mariano Rajoy cuando tenía mayoría absoluta y que tiene al frente a una persona que fue alto cargo del Gobierno de Aznar», ha manifestado Echenique.
Echenique ha marcado como «urgente» acabar «con la anomalía constitucional provocada porque una institución con el mandato caducado esté nombrando jueces vitalicios en tribunales que tienen que juzgar los casos de corrupción del PP».
La limitación de las competencias de un CGPJ en funciones ya se incluía en la Proposición de Ley que PSOE y Podemos registraron el pasado mes de octubre para cambiar las mayorías por las que se elige a los doce vocales del turno judicial,
La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de dar “una vuelta de tuerca más” para interferir desde el Ejecutivo en el Poder Judicial. Gamarra también ha censurado que esta reforma se tramite como Proposición y no como Proyecto de Ley, lo que permite esquivar los informes de los organismos constitucionales.
El PP denuncia que paralizar los nombramientos de un CGPJ en funciones supone “interferir en la independencia del Consejo” con una reforma sin “amparo constitucional”.
Ciudadanos considera que esta reforma es un “nuevo golpe a la independencia judicial”. Para el portavoz adjunto de Cs en el Congreso y portavoz de Justicia del partido, Edmundo Bal, la intención de esta reforma es “doblegar al Poder Judicial” y convertirlo en “subordinado”.
Bal denuncia que “los políticos pretenden influir en los dictados de las sentencias”, y acusa al Gobierno pretender “cercenar” los nombramientos de los altos cargos judiciales.
«Este tema, por supuesto, lo llevaremos a Europa», anuncia.
El portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, también defiende «los jueces elijan a los jueces».
Además, advierte que la reforma puede provocar sanciones de la Unión Europea y la ha comparado con la de Polonia.
«Si siguen adelante con esa propuesta serían igualmente sancionados», avisa Espinosa de los Monteros.
Este diputado cree que finalmente habrá acuerdo entre PP y PSOE para renovar el CGPJ.
La APM publicó el lunes un comunicado sobre la «privación de competencias constitucionales» del CGPJ para recordar, «aunque produzca sonrojo por tratarse de cuestiones básicas», que que el Estado de Derecho se fundamenta en los principios de sujeción de todos a la Constitución y las leyes, y de separación de poderes.
El CGPJ, ha enfatizado, se crea precisamente para «asegurar el principio de separación de poderes y salvaguardar la independencia judicial, como fundamento de nuestra democracia y garantía de los derechos y libertades fundamentales».
«De ahí que la Constitución señale expresamente las competencias del CGPJ -con expresa referencia a la materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario- y trate de desvincular su mandato del concreto debate y curso político, fijando un período de cinco años, distinto del previsto para las Cortes Generales», ha explicado.
En este sentido, ha querido destacar que, «al contrario de lo que sucede con las Cortes Generales y con el Gobierno, la Constitución no contempla que el CGPJ quede en funciones ni que vea limitadas sus competencias transcurrido el plazo del mandato, precisamente porque esas competencias son ajenas al devenir político».
La APM denuncia que la propuesta de PSOE y Unidas Podemos tiene como único objetivo impedir que el CGPJ efectúe nombramientos. «Es lo único que preocupa a los autores, lo cual no solo implica privar a un órgano constitucional de una competencia que le atribuye la propia Norma Fundamental sin limitación, sino que afecta gravemente al valor Justicia en el doble sentido de mermar su credibilidad al avivar sospechas de politización y de perturbar su normal funcionamiento al no cubrir las plazas», manifiesta.
EL CGPJ HA INSTADO AL CONGRESO A QUE LE PIDA INFORME SOBRE LA REFORMA Y A QUE TAMBIÉN LO SOLICITE A LA COMISIÓN DE VENECIA
Al ser registrada como Proposición de Ley y no como Proyecto de Ley no requiere informe del CGPJ ni del Consejo de Estado, impidiendo esos informes previos que aunque no son vinculantes realizan un análisis pormenorizado de la reforma propuesta.
No serían exigibles según la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero sin embargo podrían serlo con arreglo al Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según han destacado seis vocales del CGPJ, José Antonio Ballestero, José María Macías, María Victoria Cinto, Juan Martínez Moya, Rafael Fernández Valverde y Wenceslao Olea, quienes pidieron el pasado lunes al CGPJ que se solicite al Congreso de los Diputados que recabe el informe del Consejo y de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, en relación a esta Proposición de Ley.
Otros cinco vocales, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona, solicitaron expresamente el examen de la reforma por parte del Pleno del CGPJ.
El órgano de gobierno de los jueces estudió ayer la propuesta de este grupo de vocales y acordó reclamar a la Cámara Baja que le solicite informe sobre la misma, decisión que ha sido respaldada por 16 de los veintiún miembros del CGPJ. También ha instado al Congreso a recabar la opinión de la Comisión de Venecia y a oír a las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la justicia.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) emprendieron el pasado 3 de diciembre una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para presentarles el ‘Manifiesto por la Independencia Judicial’, que en apenas un mes ha recabado más de 20.000 firmas, y reclamar que se cambie ‘ya’ el sistema de elección del CGPJ, y que los jueces puedan elegir a los 12 vocales judiciales.
Estas tres asociaciones judiciales, que suman más de 2.500 jueces y magistrados, se han reunido ya con el Partido Popular, Unidas Podemos, VOX y Ciudadanos.
Hoy se reunirán con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para exigir que se «despolitice ya y de verdad» el Consejo General del Poder Judicial.
Por su parte, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) pide la «renovación inmediata» del CGPJ conforme a la legislación actual.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también instó a finales de agosto a todas las fuerzas parlamentarias a que cumplan con el mandato constitucional de renovación del CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Además, la UPF ha exigido al CGPJ que no realice nombramientos y se limite al despacho ordinario de asuntos.
En cambio, la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera Fiscal, ha denunciado que la reforma del planteada por PSOE y Unidas Podemos «con el objetivo de controlar el Poder Judicial» supone «un grave ataque a nuestra democracia».
“Esta decisión dinamita por completo nuestro Estado de Derecho”, sostiene la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, que reivindica que que se modifique la LOPJ para que todos los jueces españoles puedan votar a 12 de los 20 vocales de este órgano.
Ante esta «lamentable situación», Dexeus destaca que «la separación de poderes y la sujeción de todos a la Constitución y a la ley son los pilares sobre los que se apoya nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia, que entraña el respeto a las instituciones que los integran y no admite injerencias políticas en el poder Judicial».
La Asociación de Fiscales aboga por «blindar el Poder Judicial para que ningún partido político haga y deshaga a su antojo».
«Blindar el Poder Judicial es esencial para la democracia”, subraya Dexeus.
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