La mera sospecha de un delito no habilita a la Policía a acceder a una vivienda, recuerda el Supremo

Según los hechos probados, el 14 de febrero de 2014, sobre las 21:45 horas, los condenados, «aprovechando su condición de agentes de Policía Nacional», y convenientemente uniformados, hallándose de servicio se personaron en el domicilio de un individuo del que sospechaban se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes.

Tras llamar a la puerta, que les fue abierta por la madre, le dijeron que buscaban a su hijo, y al contestarlesesta que estaba en el cuarto de baño, «procedieron seguidamente, sin pedir permiso a los moradores y sin estar provistos de mandamiento judicial para la entrada y registro del domicilio, a entrar en la vivienda».

En el tercer motivo del recurso, los condenados alegan de forma diferente infracción de los artículos 202, 204, 163, 167 y 390 del Código Penal.

Uno de ellos argumenta que no habiendo prueba de los hechos, no es posible aplicar los referidos preceptos.

El tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo señala que «es claro que, en lugar de cuestionar la correcta aplicación de la norma penal sustantiva, el recurrente vuelve a negar la existencia de pruebas suficientes, alegación que ya fue examinada y desestimada».

El motivo se desestima.

El otro agente comienza afirmando que no realizó los hechos, alegación que el Supremo también desestima.

El condenado argumenta, asimismo, que al actuar los recurrentes por tener sospechas de que el perjudicado se dedicaba al tráfico de drogas, mediaba causa por delito, por lo que no serían de aplicación los artículos 202 y 204, sino el artículo 534.1.1 del Código Penal, que tampoco sería aplicable por respeto al principio acusatorio.

La Sala de lo Penal recuerda que el artículo 204 agrava la pena del allanamiento de morada para los casos en los que la autoridad o funcionario público cometiera el delito fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa legal por delito.

Señala que para apreciar que media causa legal por delito «es necesario acreditar la existencia de unas diligencias policiales o judiciales de investigación sobre hechos concretos o bien de unos hechos que presenten caracteres delictivos y que puedan justificar la actuación policial en averiguación de sus circunstancias».

«En el caso, y según afirma el recurrente, no existía otra cosa que unas meras sospechas acerca de la posible dedicación del perjudicado al tráfico de drogas. No existían diligencias abiertas, ni órdenes superiores, ni datos acreditados que justificaran la investigación. No se habían incoado diligencias, que no se inician por hechos conocidos con anterioridad, sino solo tras la actuación ilegal de los recurrentes. Ni siquiera es posible conocer el nivel o la seriedad de las sospechas cuya existencia se afirma», explican los magistrados.

Destacan que «no se puede aceptar que media causa por delito por el simple hecho de que los agentes afirmen que «tenían sospechas» de que el titular del domicilio o el detenido estaba cometiendo un delito».

«Es posible apreciar esa circunstancia en casos en los que las diligencias se inician como consecuencia de la actuación policial, y no antes, pero, en todo caso, debe acreditarse que las sospechas tienen una mínima consistencia que, al menos desde perspectivas razonables, aunque sean discutibles, podrían autorizar la actuación policial», añaden.

Explican que «tampoco es aplicable cuando, careciendo de elementos que sustenten la sospecha y sabiendo que se ejecuta una conducta ilegítima, se consigue a través de la misma un resultado (que nunca podría ser valorado) que permitiría, aparentemente, justificar una actuación policial o judicial».

«Pues antes de la obtención de ese dato no se disponía de elementos que permitieran esa actuación y, por lo tanto, no existía causa por delito», apostilla el tribunal.

Indica que «en esas condiciones no puede sostenerse que mediara causa por delito en la forma exigida por la ley, que requiere una mínima concreción y consistencia en las razones que justifican la averiguación policial».

El recurrente alega también que la entrada se produjo con el consentimiento, al menos presunto, de los moradores. El Supremo destaca que «no resulta así de los hechos que se declaran probados», en los que se consigna que los condenados entraron en la vivienda sin pedir permiso.

El Alto Tribunal recuerda que «lo que la Constitución exige es la autorización del titular para entrar en un domicilio».

«No es necesario que se resista, de una u otra forma, a la entrada. Basta, pues, con la utilización de vías de hecho previas a la autorización», agrega.

El tribunal destaca que «es cuestión diferente que esta pueda ser otorgada mediante actos concluyentes, pero entre ellos no puede incluirse la inexistencia de resistencia».

Alude a la sentencia del Supremo número 64/2013, de 29 de enero, que decía que «el delito de allanamiento de morada que se caracteriza por el hecho de entrar en casa ajena o permanecer en ella, siempre que se verifique contra la libre voluntad del que la ocupa, condición que no es menester se haya puesto de relieve de una manera expresa y directa, bastando que lógica y racionalmente pueda deducirse de las circunstancias del hecho».

El tribunal cita la sentencia del TS número 1053/2013, de 30 de setiembre, según la cual el artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «autoriza incluso una forma de consentimiento tácito -de obligada interpretación restrictiva-, cuando establece que se entenderá que presta su consentimiento aquel que, requerido por quien hubiere de efectuar la entrada y registro para que lo permita, ejecuta por su parte los actos necesarios que de él dependan para que puedan tener efecto, sin invocar la inviolabilidad que reconoce al domicilio el precepto constitucional».

El Supremo concluye que en el caso analizado no existen elementos que permitan concluir que la madre del perjudicado prestó su consentimiento a la entrada de los agentes pues no necesitaba ayuda ni había requerido su presencia, ni se declara probado que los invitara a entrar o que de alguna otra forma les hiciera saber que podían hacerlo, y que ésta se limitó a no hacer nada cuando entraron por su propia voluntad.

«Niega, por otro lado, que concurra el elemento subjetivo, es decir, el conocimiento de la ausencia de consentimiento. Sin embargo, no se recoge así en la sentencia, lo cual debe considerarse una conclusión razonable, pues los agentes policiales saben, por su formación, que, para entrar en el domicilio de un ciudadano, en ausencia de autorización judicial o delito flagrante, necesitan su consentimiento», expone el tribunal.

Destaca que «no se trata de que no puedan entrar cuando el ciudadano lo prohíba, sino que no pueden hacerlo si no se les autoriza»

El Supremo manifiesta que también en relación con el delito de detención ilegal el recurrente sostiene que mediaba causa por delito, argumentando que, como consecuencia de esa detención y de la ocupación de la droga, se incoaron diligencias previas.

El tribunal subraya que aunque oficialmente solo más tarde se pudo saber que la aprehensión de la droga que justificaba la incoación de ese procedimiento se había producido a través de una vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y que, por lo tanto, no podía ser valorada como prueba, esas circunstancias ya eran conocidas por los recurrentes cuando practican la detención del perjudicado.

Es decir, que los condenados «sabían que la detención practicada no era inicialmente lícita, lo que excluye la aplicación del artículo 530 CP», concluye el tribunal.

En este sentido, alude a la sentencia del Supremo número 694/2016, de 27 de julio, que dice que este artículo «exige que medie causa por delito, estando su ilicitud determinada por el hecho de incumplirse las garantías institucionales de carácter constitucional y legal. Garantías de las que a su vez debe excluirse el supuesto del incumplimiento del deber de informar de sus derechos al detenido, ya que es objeto de específica tipificación en el artículo 537 del Código Penal».

Dicha resolución de 2016 añade que «en consecuencia, con esta excepción, el tipo del artículo 530 queda reservado a los casos de detención justificada, pero en la que se produce luego el incumplimiento de los plazos legales, como expresamente prevé el tipo penal, o la inobservancia de las restantes exigencias, como la de no poder exceder la detención del tiempo estrictamente necesario» ( artículos 17.2 de la Constitución y 520 de la LECrim), «o de las garantías del artículo 520, a salvo lo relativo a la información de derechos cuyo incumplimiento ya hemos dicho origina el delito del artículo 537 y no el del 530 del Código Penal».

En cuanto al delito de falsedad, el recurrente sostiene que no hay prueba que acredite que la incautación de la navaja y la monodosis de cocaína se efectuó en el domicilio y no en la vía pública, y que tampoco la hay de la forma en la que se intervinieron los 80 gramos de cocaína.

El Supremo señala que las cuestiones relativas a la existencia de prueba fueron examinadas al resolver sobre la vulneración de la presunción de inocencia.