La APM pide al Congreso el acuerdo por el que tramitó de forma urgente la reforma de PSOE y Podemos que limita funciones al CGPJ
Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha enviado hoy una carta a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxel Batet.

La APM pide al Congreso el acuerdo por el que tramitó de forma urgente la reforma de PSOE y Podemos que limita funciones al CGPJ

Para poder ejercitar, en su caso y ante quien corresponda, las acciones oportunas
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29/1/2021 12:33
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Actualizado: 29/1/2021 13:29
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La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, ha pedido al Congreso de los Diputados que le notifique formalmente el acuerdo de la Mesa del pasado 13 de enero por el que tramitó por el procedimiento de urgencia la Proposición de Ley de PSOE y Unidas Podemos para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras esté en funciones.

Un acuerdo, que la APM explica que ha conocido por los medios de comunicación y que se ha realizado, según destaca, «sin dar el oportuno traslado al Consejo, como órgano de gobierno, ni a las asociaciones de jueces», como «expresamente se interesaba en el Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del pasado 17 de diciembre».

El presidente de la APM, el magistrado Manuel Almenar, ha hecho hoy esta petición a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet (PSOE) en una misiva, en la que le recuerda que las asociaciones de jueces legalmente tienen «atribuida la defensa de los intereses profesionales de los miembros de la Carrera Judicial en todos sus aspectos».

El órgano de gobierno de los jueces acordó el 17 de diciembre reclamar a la Cámara Baja que le solicitara informe sobre dicha reforma, decisión que fue respaldada por 16 de los veintiún miembros del CGPJ.

El CGPJ también instó al Congreso a recabar la opinión de la Comisión de Venecia y a oír a las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la justicia.

Sin embargo, la Mesa del Congreso rechazó, con los votos de PSOE y de Unidas Podemos, los escritos del CGPJ y del PP para que la Cámara pidiera informes consultivos sobre la reforma.

Por ello, desde la Asociación Profesional de la Magistratura solicitan a Batet que les notifique formalmente dicho acuerdo de la Mesa, que ella preside, «para poder ejercitar, en su caso y ante quien corresponda, las acciones oportunas».

El pasado 21 de enero, el CGPJ también advirtió que la tramitación urgente y sin audiencia de la reforma de PSOE y Podemos «no respeta las exigencias del principio de separación de poderes».

También acordó solicitar a la Mesa que reconsiderara su decisión de tramitar de forma urgente dicha reforma.

Y volvió a instar a las fuerzas parlamentarias a renovar el órgano de gobierno de los jueces «a la mayor brevedad».

Esta semana, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han vuelto a exigir que al menos la mitad de los vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces, tras la última llamada de atención de la Comisión Europea en este mismo sentido.

La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Transparencia, Vera Jourová, ha deslizado esa recomendación en respuesta a una carta que le envió el pasado 16 de octubre Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo pidiéndole que «intervenga» y «evite» la reforma planteada por los partidos del Gobierno.

Jourová ha advertido que el Gobierno de España debe evitar que el CGPJ sea «vulnerable a la politización», en relación a la reforma del Consejo planteada por los partidos de la coalición gubernamental.

La Proposición de Ley de PSOE y Unidas Podemos superó ayer un nuevo escollo en el Congreso al ver rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular, VOX, Ciudadanos y Junts, aunque en medio de críticas de la oposición, que la califica de «reforma exprés» y de «atentado» contra la independencia judicial.

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