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PSOE, Podemos e independentistas tumban en el Congreso la Ley del PP contra la ‘okupación’

Según datos del propio Ministerio del Interior, la ocupación ilegal ha crecido en España desde el año 2016 casi un 50% y entre 2018 y 2019 ha aumentado un 20%, hasta las 14.394 okupaciones.
| | Actualizado: 17/02/2021 10:24

El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó ayer la Proposición de Ley Orgánica contra la ‘okupación’ presentada por el PP, que plantea un desalojo inmediato para que «en menos de 12 horas, un okupa a la calle», recuperar el delito de usurpación con penas de prisión, prohibir a los ayuntamientos que empadronen a los que ‘okupen’ un inmueble y permitir a las comunidades de vecinos que puedan intervenir y denunciar en caso de que el propietario esté ausente, para «no convertir a nuestro país en un paraíso ‘okupa'».

Esta iniciativa contra la ‘okupación’ ilegal y «para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios» ha sido rechazada por la mayoría parlamentaria que conforma PSOE, Unidas Podemos, los grupos independentistas y las fuerzas que sustentan al Ejecutivo.

179 diputados votaron en contra, 158 respaldaron la PL, hubo 8 abstenciones y 5 no votaron.

El PSOE ha arremetido contra la iniciativa de los ‘populares’, que califica de «anecdótica» porque considera que es «innecesaria y superflúa». «Votamos que no porque no aprobaría ningún examen de constitucionalidad», han asegurado.

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Los socialistas manifiestan que «ya se han articulado instrumentos jurídicos necesarios para combatir la ‘okupación’ ilegal», y que el Ejecutivo ya combate este delito «con eficacia» y buscando proteger a los propietarios.

Unidas Podemos y varios grupos como Bildu, ERC, Compromís o el BNG consideran que se está «sobredimensionando» el problema de la ‘okupación’, y han insistido en centrar el debate sobre la vivienda. Muchos de ellos han apelado al artículo 47 de la Constitución que hace referencia al derecho de una vivienda digna.

Podemos ve «insultante» esta iniciativa, que tilda de «ley Colón», y asegura que esta norma persigue la «criminalización de la pobreza».

Otros partidos, como ERC, BNG y Compromís han acusado al PP de magnificar un problema que, según afirman, «no es prioritario» para los españoles por «un miserable puñado de votos» a cambio de hacer de Robin Hood para los ricos, mientras que Bildu dice que a favor de «los grandes tenedores» se pretende «perseguir a quien busque un techo para poder dormir».

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Por su parte, la diputada del PP Ana María Zurita, ha defendido que «los ilegales no gocen de la misma protección» que la gente que cumple la ley.

El PP denuncia que hasta la fecha «las únicas medidas de vivienda aprobadas son un ataque claro a la propiedad privada» que buscan «proteger a los ‘okupas'».

Pide a los socialistas que se posicionen «si están con los que amparan el delito o con los que lo perseguimos», porque esta ley «la reclama toda la sociedad».

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Los ‘populares’ también reclaman a PSOE y Unidas Podemos que «no confundan» porque «desalojar a un ‘okupa’ no es un desahucio, es recuperar un bien».

LA PROPOSICIÓN DE LEY DEL PP CONTRA LA ‘OKUPACIÓN’

VOX se ha mostrado favorable a este tipo de iniciativas contra la ‘okupación. El partido de Santiago Abascal y Ciudadanos también las presentaron en su día y el Congreso igualmente rechazó su toma en consideración.

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«A los okupas, patada en el trasero»ha subrayado la diputada de VOX Cristina Alicia Esteban, como recientemente también ha manifestado en una entrevista en Confilegal la secretaria general del grupo parlamentario VOX en el Congreso, Macarena Olona.

Ciudadanos reconoce «la realidad social que sufren muchas familias» por la carestía de una vivienda y subraya que «la solución para la crisis de la vivienda no puede ser la ‘okupación'».

El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, también ve «pertinente» esta iniciativa, y el PRC ha hecho hincapié en que «si es ilegal, no se puede permitir».

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En la PL, que firma la diputada Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del grupo parlamentario popular entonces, el PP plantea recuperar el delito de usurpación, con penas de uno a tres años de prisión, y facilitar a la Policía poder echar a los ‘okupas’ en un máximo de 48 horas «dando plena seguridad jurídica a los servidores públicas».

Señala que la defensa contra actos que perturben la posesión de un inmueble destinado a vivienda quedó garantizada «con resultados muy positivos» en la Ley de 2018, acortando plazos y agilizando procedimientos. También considera protegida la vivienda a través de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

No obstante, considera que «el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos».

Además, indica que «ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido debida consideración: La convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas».

Se centra en «situaciones muy comunes en que la ocupación de una vivienda de manera ilegal y en contra del titular de la misma se produce comportando una alteración de la convivencia vecinal» porque «provoca una inseguridad de los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales».

El PP destaca que «las duras consecuencias» que tiene la ‘okupación’ «aconsejan un refuerzo de las medidas actualmente existentes en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel penal como administrativo y civil».

«No cabe desconocer que estas consecuencias no solo se proyectan individualmente sobre los ciudadanos que han de sufrir estas situaciones indeseables y preocupantes, sino sobre la economía a mayor escala, pues la inseguridad que genera el fenómeno de la ocupación provoca también que haya determinadas zonas urbanas que empeoren su estatus», expone.

El PP proponía introducir en el artículo 245 del Código Penal «el supuesto de que concurran dos o más autores, actuando en grupo organizado, de manera sistemática o concertada, y estos ocuparan dos o más cosas inmuebles o usurparen varios derechos reales inmobiliarios ajenos».

Planteaba que se impusieran igualmente las penas superiores en grado a los ocupantes que actúen siguiendo instrucciones de un grupo organizado que actúe en los términos del artículo 570 bis del Código Penal.

Además, la iniciativa del PP abría la puerta a que en los procesos intervengan las comunidades de propietarios, a las que se confieren medios de defensa jurídica.

El presidente del PP, Pablo Casado, defiende que, «ante comportamientos violentos de los ‘okupas'», las comunidades de vecinos y los propietario que son personas jurídicas «deben poder actuar directamente ante los tribunales».

«Esto no solo son fondos de inversión. Hay inmobiliarias, hay pequeños autónomos, que tienen pisos y los tienen registrados como personas jurídicas y hasta ahora no podían a actuar», manifiesta.

La iniciativa del PP también deslinda los conceptos de morada o domicilio de las situaciones de ilegalidad por ocupación. Tiene como finalidad «reforzar el concepto de domicilio, pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quien ocupa sin título y sin tolerancia del primero».

El PP explica que esto permite «prohibir que los ayuntamientos permitan empadronarse a los okupas», ya que «se empadronan para recibir ayudas sociales y para que los legítimos propietarios de la vivienda no les puedan desahuciar».

Los ‘populares’ manifiestan que las reformas que plantean «nada obstan a la debida protección de los más desfavorecidos», las «situaciones en precario» y la garantía de la vivienda que deriva de los principios rectores de la política social».

Subrayan que «no deben, por tanto, confundirse las necesidades de vivienda y su cobertura con la lucha contra la delincuencia, las actividades incívicas y las conductas que pongan en riesgo la seguridad de las personas y las cosas».

«El tema de desahucios hipotecarios por vulnerabilidad social no opera para esto. Todo lo contrario», subraya Casado, y explica que la ley del PP busca proteger a «clases medidas ahorradoras que no tienen por qué ver su casa ocupada y cada vez más con mafias y con redes de extorsión dedicados a ello».

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