Absueltos los 13 acusados en la Operación Zamburiña tras la anulación de la escuchas telefónicas

Con la anulación de las escuchas telefónicas, que según el juez instructor probaban la conexión entre los cuatro policías y nueve presuntos traficantes de la ciudad, también quedaron sin valor las pruebas derivadas de las mismas: los registros efectuados y las sustancias incautadas.

El tribunal de la Audiencia explica en la resolución que la nulidad de las intervenciones telefónicas y de las declaraciones sumariales de los sospechosos, así como de las entradas y registros y de todas las ocupaciones de efectos, determinan “la más absoluta falta de prueba de cargo, al no mediar ningún dato que permita hipotetizar sobre posibles fuentes independientes de prueba”.

Señala que todas las actuaciones “se han valido de forma exclusiva de la información propiciada por las intervenciones telefónicas”, lo cual implica la absolución de los acusados.

Anula, por vulneración de derechos fundamentales, el auto de marzo de 2015 que dio inicio a la operación al autorizar las intervenciones de las comunicaciones mantenidas por ocho agentes e inspectores de la policía ourensana.

El resto de pruebas, según explica el tribunal, son nulas porque derivan directamente de esos ‘pinchazos’ telefónicos.

Los magistrados entienden que se trató de justificar “el sacrificio de la intimidad” de ocho policías “en un encuentro del inspector con una persona, en unas investigaciones tildadas de irregulares o anómalas, sin constatación objetiva alguna, salvo las suspicacias de los actuantes, y en unos accesos a bases de datos no justificados profesionalmente”.

Para el tribunal, la supuesta corrupción policial “descansa en un único hecho demostrado: la sustracción de armas del armero de la Comisaría de policía, cuya autoría ni se especifica en tal momento, ni se ofrece dato alguno que permita establecer una relación con alguna de las personas cuyas comunicaciones han de ser intervenidas”.

También señala que “la comprobación de la eficacia de las conclusiones del informe policial, a fin de viabilizar la intervención telefónica cuestionada, no resiste la más leve critica».

«Si ello fuera así, cualquier solicitud podría servir de fundamento a la intervención telefónica de las comunicaciones”, manifiestan los magistrados, e indican que los hechos calificados de “anomalías o irregularidades” en el oficio de la Unidad de Asuntos Internos “no permiten en absoluto deducir indicio de corrupción policial mínimamente serio”.

La sentencia, número 32/2021, está fechada a 22 de febrero y se ha notificado hoy.

La firman los magistrados de la Sección Segunda Ana María del Carmen Blanco Arce (presidenta y ponente), Manuel Cid Manzano y Amparo Lomo del Olmo.

No es firme. Contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La fiscal la recurrirá.

La representante del Ministerio Público fundamentaba todo el caso en la investigación realizada a partir de esas escuchas y pedía penas de prisión que, en suma, superaban los 100 años.

La defensa de los cuatro agentes la ha ejercitado de forma general el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que también representa a título individual a uno de los agentes.

Los otros tres policías también tienen su propio abogado, dos de ellos tienen el mismo letrado y otro, a otra letrada.

Los cuatro agentes -Antonio, Felipe, Mercedes, y José Antonio- han difundido hoy una carta.

En ella explican que en estos cinco años han pasado «momentos difíciles», pero que sabían que «tarde o temprano se demostraría» su inocencia.

«Porque nuestro único delito fue trabajar. Jornadas intempestivas al servicio de la Policía Nacional con el único fin de perseguir la delincuencia de nuestra ciudad», indican.

Y concluyen diciendo que quieren agradecer el apoyo de aquellos que nunca les han abandonado y especialmente del Sindicato Unificado de Policía, cuyos representantes y servicio jurídico siempre estuvieron «a su lado, desde el primer día», creyendo en ellos y «la exculpación que hoy se percibe con más fuerza».

La carta de agradecimiento de los agentes.

«Por fin se ha hecho Justicia», ha manifestado a Confilegal el secretario general del SUP en Galicia, Roberto González, quien se muestra «satisfecho» con la sentencia absolutoria.

Lamenta «el escarnio» que han sufrido los agentes por un proceso que, a su juicio, «nació viciado», y también que «la imagen de la Comisaría se haya dañado», y asegura que «eso es ya irreversible».

Anuncia que el inspector jefe del anterior grupo de estupefacientes solicitará en los próximos días la reincorporación al servicio, algo que no podrán realizar dos de sus compañeros por haber alcanzado la jubilación durante este proceso.

El otro agente nunca ha dejado de prestar servicio activo.

«Desde el SUP siempre hemos confiado en su inocencia, apoyándolos desde el primer día», concluye.