El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha insistido hoy en que no es necesario cambiar las leyes vigentes para dar cobertura a las medidas sanitarias contra el coronavirus tras el estado de alarma.
Argumenta que contamos con «los mejores instrumentos jurídicos para ello» y que no se deben hacer reformas legales en «tiempos convulsos» como los actuales.
Así ha contestado el ministro en el Pleno del Congreso a una interpelación del diputado de VOX José María Sánchez García sobre qué medidas va a promover el Gobierno para «poner fin al caos en el que han sumido a España tras el estado de alarma», en referencia a que quede en manos de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y, en último término, del Tribunal Supremo (TS) la decisión de ratificar o aprobar las restricciones.
🙅♂️ «El Gobierno no tiene la confianza del Pueblo español».
👉 José María Sánchez recuerda las promesas incumplidas de Sánchez y los pactos con los comunistas, los separatistas y los herederos de ETA.#GobiernoDimisión
⬇ HILO ⬇ pic.twitter.com/JiKuoyzDew
— Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) May 19, 2021
El ministro ha reiterado que en el contexto actual de crisis, «la mejor opción es el régimen normativo ordinario».
«El actual marco jurídico no se puede considerar insuficiente, al contrario, creo que contamos con los mejores instrumentos jurídicos e institucionales para vencer definitivamente al virus», ha señalado.
Campo ha destacado que “las restricciones de derechos fundamentales no deben ser cómodas en un Estado de Derecho». «Se trata de decisiones delicadas que deben someterse al principio de proporcionalidad y que deben estar muy bien fundamentadas y motivadas en cada caso”, ha apuntado.
El ministro ha expuesto que el estado de alarma ha sido un instrumento útil para doblegar el virus en los momentos más duros de la pandemia, pero que en el contexto actual, “con el descenso de la presión hospitalaria y del número de contagios, y el avanzado plan de vacunación, la obligación de un Gobierno democrático es abandonar la excepcionalidad”.
Esta, por su naturaleza, solo debe durar el tiempo absolutamente imprescindible, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa y otros organismos internacionales, ha puntualizado.
Campo también ha señalado que la legislación ordinaria permite la adopción de medidas necesarias para el control del Covid-19. Ha indicado que a nivel estatal, “contamos con una serie de leyes orgánicas y ordinarias en materia de Salud Pública para hacer frente a la actual fase de la crisis sanitaria», y que las autonomías “han tenido en todo momento competencias normativas sobre espectáculos públicos, turismo, hostelería, museos, sanidad mortuoria, promoción del ocio o educación, entre otras”.
«Y también las autoridades locales tienen competencias normativas que pueden y deben ser desarrolladas para adoptar medidas que contribuyan a contener el virus», ha agregado.
“Precisamente, este es el valor de nuestra organización territorial, que permite adaptar la respuesta de los poderes públicos a las circunstancias concretas”, ha dicho el ministro. “En suma, decaído el estado de alarma, lo que queda es el normal funcionamiento del Estado de Derecho, y no el caos en el que se empeñan ustedes”, ha zanjado.
Además, el ministro ha defendido que no se deben hacer reformar legales «en tiempos convulsos y tiempos de crisis».
«No es el momento de introducir habilitaciones genéricas que faculten a un solo poder, sin ningún control, para afectar a derechos fundamentales», ha apuntado.
Campo ha explicado que en estos momentos hay dos posibles vías de actuación, el cauce de la autorización judicial de las restricciones sanitarias, esgrimiendo que el Gobierno lo ha mejorado con el recurso al Tribunal Supremo para unificar las decisiones discordantes de los Tribunales Superiores de Justicia, y que las comunidades autónomas soliciten a Moncloa que declare el estado de alarma para su territorio.
Sánchez García ha replicado que, si esta «panoplia de leyes» permitía aprobar las medidas restrictivas, a excepción del confinamiento total, «por qué prologaron el estado de alarma de modo abusivo».
El diputado ha añadido que el problema es que el Gobierno hizo un uso abusivo del estado de alarma y en el tercero que decretó delegó «en fraude de ley» competencias a las comunidades autónomas que correspondían al Ejecutivo central.
Campo, por su parte, ha lamentado que los mismos que ahora ven al Estado de alarma como una panacea antes se oponían al mismo.
El diputado ha replicado que VOX no estaba en contra del estado de alarma, sino del uso que hizo el Gobierno del mismo, reprochándole especialmente que convirtiera a todos los presidentes autonómicos en autoridades delegadas.
👉 «Han hecho uso abusivo de los dos estados de alarma». pic.twitter.com/IuuKDCXU5q
— Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) May 19, 2021
Según ha argumentado, VOX dejó de apoyarlo porque el Ejecutivo se «inclinó de rodillas» ante «esa historia que se han inventado de la cogobernanza». «De forma abusiva, acrítica y disparatada, contraria a los intereses de España y contraria a la salud y a la vida de los españoles», ha remachado.
El ministro ha respondido que si bien «el estado de alarma ha sido útil para doblegar al virus», la situación epidemiológica ha cambiado, por el avance de la vacunación y el descenso de la incidencia y de la presión hospitalaria.
«El Gobierno ha considerado que la mejor opción no es mantener la excepcionalidad», sino reconducirse hacia la legislación ordinaria, ha dicho.
RESOLUCIONES DISTINTAS DE LOS TSJ
‘PLAN B JURÍDICO’ DEL PP
Tanto el ministro como Sánchez García han coincidido en criticarlo.
«Ni es ‘plan b’ ni es nada, en esto le tengo que dar la razón (…) sin que sirva de precedente», ha apuntado Sánchez García, y ha subrayado que, para VOX, tanto Gobierno como PP son responsables de este «desatino jurídico». «Un desatino total en el que ustedes compiten en este duelo de titanes ridículo», ha señalado.
Por otra parte, Sánchez García ha acusado al Ejecutivo de usar el estado de alarma con un «propósito político», «enfrentarse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, provocando la emergencia de esta señora como figura de la política nacional, cuando no lo era y estaba bastante abandonada por el aparato de Génova».
Con todo, el ministro ha insistido en defender el marco jurídico actual como suficiente y en afirmar que «las autonomías han sido y deben seguir siendo uno de los principales actores en la lucha contra la COVID-19» en el uso de sus competencias.
Noticias relacionadas:
Madrid no es partidaria de aplicar toque de queda, pero reivindica una ley
Decisiones encontradas en los TSJ respecto a las restricciones tras el fin del estado de alarma
