La Audiencia de Barcelona avala juzgar al jefe de la oficina de Puigdemont por presunta malversación y prevaricación

La Audiencia explica que «no puede compartir» los argumentos expuestos por la defensa, «sino más bien al contrario», y hace suyos los alegatos vertidos por la Fiscalía: Que Alay fue nombrado responsable de la Unidad Administrativa identificada como “Oficina del Expresidente Carles Puigdemont”, consistiendo una de sus funciones en gestionar y controlar el presupuesto asignado a la citada oficina.

Los magistrados señalan que si bien es cierto que el investigado tenía derecho a usar, sin tener la necesidad de tenencia material, una Tarjeta Visa corporativa de la Generalitat de Cataluña, «está únicamente debía servir a los únicos efectos de pagos de los desplazamientos (transporte) a través de la agencia de viajes homologada por la Generalitat».

Indican que a la fecha de los hechos, la autoridad competente para autorizar la comisión de servicios era la secretaria general del Departamento de la Presidencia de la Generalitat y que consta acreditado que el 24 de octubre de 2018 fue enviado al investigado un correo electrónico en el que se disponía que se tenía el honor de invitarlo a participar en la promoción de un proyecto de plena soberanía durante la semana previa al referéndum.

La Audiencia explica que del contenido de ese correo «se desprende que el viaje realizado y pagado con fondos públicos no obedecía en modo alguno a las funciones que como responsable de la oficina del expresidente», pues la invitación «era a título personal».

Según exponen los jueces, «dicho viaje se gestionó pidiendo presupuesto a la agencia de viajes y haciendo uso de la tarjeta corporativa de la Generalitat contratando sus servicios», de tal modo que el importe del viaje, 4.394,79 euros, «se efectuó con cargo a la partida presupuestaria de la Generalitat».

Asimismo, explican que del resultado de la instrucción «ha quedado provisoriamente acreditado» que el investigado «en ningún momento indicó la realidad a la que obedecía el viaje en cuestión, tratándose de una invitación personal y particular, que no debió ser atendida con los fondos públicos».

También consta acreditado que el 9 de noviembre de 2018, Meritxell Massó i Carbó, secretaria general del Departamento de la Presidencia, autorizó el citado desplazamiento y aprobó el gasto correspondiente, apuntan.

La Audiencia señala que «resulta igualmente significativo que en la memoria de actividades a presentar ante el Parlamento de Cataluña», Alay «omitiera en la descripción de actividades realizadas durante el año 2018 por parte de la oficina del expresidente, la inclusión del viaje realizado a Nueva Caledonia».

Añade que se ha acreditado, asimismo, que el investigado tenía asumidas funciones públicas como personal eventual de la administración autonómica catalana y que entre ellas se hallaba la de gestionar y controlar los fondos públicos asignados, consiguiendo que le fuera autorizada la comisión de servicios y se ordenara el citado gasto a cargo del presupuesto que tenía que gestionar y controlar él mismo.

El tribunal destaca que de todo ello se deduce de la instrucción practicada al efecto, que los fondos utilizados generaban la obligación de devolver el dinero en cuestión si no quedaba acreditado debidamente que los mismos obedecían a un gasto derivado del ejercicio de los derechos y prerrogativas reconocidos en la Ley 6/2003.

Indica que «finalmente y sin perjuicio de que la autora material se hallaría perfectamente identificada, asimismo y esto es lo esencial, existe una resolución que permitió cubrir con fondos públicos un gasto personal» y que de dicha conducta, el investigado puede perfectamente responder como partícipe como ‘extraneus’ (cooperación necesaria o inductor) sin necesidad de que el autor tenga responsabilidad penal alguna».