«Tengo muy claro que esto que me está pasando es una represalia para neutralizar a ACODAP [la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, que fundó y que preside]. Quieren que entre en prisión para matarme civilmente. Lo ve hasta un ciego», afirma Fernando Presencia, exmagistrado y exjuez decano de Talavera.
Presencia hace estas declaraciones en el final de su particular cuenta atrás.
Los tres magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha –Eduardo Salinas Verdeguer, Jesús Martínez-Escribano y Carmen Piqueras Piqueras–, quienes conformaron el tribunal que lo condenó el 23 de mayo de 2016 por un delito de prevaricación, han ordenado que entre en prisión el 9 de octubre próximo para pasar los próximos seis meses tras las rejas.
La sentencia que dictaron llevaba aparejada, además de la pérdida de su condición de magistrado, «la pena de doce meses de multa con una cuota de 10 euros por día, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas no pagadas».
En total 3.600 euros.
NO TIENE INGRESOS DE NINGÚN TIPO
El problema es que Presencia no tiene ingresos y la única propiedad a embargar es un vehículo marca Chrysler Voyager que no es del todo suyo sino que es propiedad de la sociedad de gananciales que tenía con su anterior esposa, lo que está pendiente de liquidación.
No posee nada que pueda embargarse.
Dada su situación económica –»peor que la que tenía en 2016″, asegura–, el exmagistrado planteó, el pasado mes de junio, al tribunal una modificación del importe de las cuotas y los plazos para su pago.
«Mi situación es de completa insolvencia. No ingreso nada. Los funcionarios, cuando dejamos de serlo, no tenemos derecho al paro porque no pagamos por esa contingencia», explica.
Un mes más tarde de hacer ese planteamiento al tribunal, los tres magistrados dictaron un auto rechazando su petición y ordenando el cumplimiento de la sentencia.
«Ante la falta de pago de la multa se está en el caso previsto en la sentencia ejecutada que, para el incumplimiento de la pena de doce meses de multa por el condenado, le impuso un día de privación de libertad por cada dos cuotas no pagadas. En consecuencia, hay que ordenar el ingreso en prisión del condenado para ejecutar dicha pena de privación de libertad, entregándole mandamiento de prisión, para que en un plazo de 15 días pueda ingresar en el centro penitenciario más próximo a su domicilio de forma voluntaria», dice el auto, que tiene fecha de 24 de septiembre.
A esto se añade un procedimiento vivo, en los Juzgados de Talavera, por el que se pretende el desahucio del piso en el que habita con su segunda esposa y sus cuatro hijos, de 5, 4, 2 y 1 año.
«Sin haber permitido el ejercicio del derecho de tanteo que me reconoce la ley», asegura.
«TODAVÍA SOY JUEZ»
A pesar de las dos sentencias del Tribunal Supremo, Presencia asegura que sigue siendo juez.
«El Reglamento de la carrera judicial dice que el cese debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado explicando la resolución. No se acordó mi cese en ninguna de las dos sentencias. No se ha publicado dicho cese, por lo tanto, a todos los efectos sigo siendo magistrado destinado en los Juzgados de Talavera de la Reina», explica.
A su juicio, todo este procedimiento es altamente irregular. «Yo me querellé contra los miembros de este tribunal que me quiere mandar a la cárcel porque formaron parte de los tribunales que me condenaron la primera y la segunda vez», relata.
«Mi actual situación de insolvencia la han provocado ellos. Porque cuando me condenaron me impidieron que pudiera ejercer como abogado», subraya.
«Y ahora pretenden meterme en la cárcel, lo repito: para matarme civilmente y para callar a ACODAP. Esa es la realidad y no hay otra», concluye.
