La Fiscalía pide 3 años de cárcel y 17 años de inhabilitación para el jefe de la oficina de Puigdemont

La Fiscalía Provincial de Barcelona pide tres años de cárcel y 17 de inhabilitación para el director de la oficina de expresidente de Carles Puigdemont, el historiador Josep Lluís Alay Rodríguez, por presuntamente usar dinero público para un viaje «personal y ajeno a sus funciones» en la Generalitat.

Le imputa un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa.

La Fiscalía se querelló contra él a principios de 2020 por supuestamente «abusar» de su cargo para que la Generalitat le pagara los 4.580 euros de un viaje en 2018 como observador del referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia, así como gastos de los peajes de autopista del trayecto a la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) el 3 de septiembre de 2018, donde estaban internos siete líderes independentistas condenados por el ‘procés’.

Por el delito de malversación reclama que se le impongan tres años de prisión y siete de inhabilitación especial para cargo o empleo público por elección en la administración local, provincial, autonómica o estatal, con la consecuente incapacidad para obtenerlos por el mismo tiempo, y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Por el delito de prevaricación solicita otros 10 años de inhabilitación.

Además, pide que Alay indemnice con 4.732,56 euros a la Consejería de Presidencia de la Generalitat, de la que depende la Oficina de expresidente. Esa es la cantidad que supuestamente costó el viaje.

Según el representante del Ministerio Público, Alay usó su tarjeta corporativa para comprar el billete de avión a Nueva Caledonia para asistir a un acto de promoción del referéndum de independencia de la región, lo que según la acusación pública era «una actividad personal y ajena a sus funciones».

El pasado lunes, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona que ha investigado la causa acordó abrir juicio oral a Alay por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, y dio traslado del auto a las partes para que en el plazo de 10 días presentaran sus escritos de defensa y acusación.

La magistrada acordó mantener la situación de libertad provisional del acusado, y requirió a Alay que en el plazo de 24 horas prestara una fianza de 4.732,56 euros.

En septiembre, la Audiencia Provincial de Barcelona avaló cerrar la investigación y llevarlo a juicio. Desestimó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Alay, ejercitada por el abogado Gonzalo Boye Tuset, contra el auto dictado el pasado mes de mayo por el Juzgado de Instrucción que confirmó otro de 2020 en el que desestimaba el recurso de reforma contra la resolución por la cual dispuso continuar la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado.