Salvador Viada (APIF), sobre el caso Stampa: «Me da la impresión de que Delgado no quiere reconocer lo que ha ocurrido;  espero que en el Consejo Fiscal le inciten a ello»
La AF ha pedido explicaciones sobre las "supuestas maniobras" de la FGE en este asunto y los vocales del Consejo Fiscal elegidos a propuesta de la UPF defienden que la no elección de Stampa para una de las plazas de Anticorrupción fue legal.

Salvador Viada (APIF), sobre el caso Stampa: «Me da la impresión de que Delgado no quiere reconocer lo que ha ocurrido; espero que en el Consejo Fiscal le inciten a ello»

La fiscal general del Estado ha incluido en el Consejo Fiscal del próximo día 24 un nuevo punto del día para abordar las "gravísimas y difamatorias imputaciones" sobre la salida del fiscal Stampa de Anticorrupción
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18/11/2021 06:47
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Actualizado: 18/11/2021 00:35
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«Me da la impresión de que Dolores Delgado no quiere reconocer nada de lo que ha ocurrido y espero que en el Consejo Fiscal le inciten a reconocerlo o, por lo menos, a acreditar el papel que ha tenido la Fiscalía General del Estado en esto, simplemente espero que el Consejo Fiscal cumpla con su obligación».

Son palabras del portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, en declaraciones a Confilegal en relación al caso Stampa tras conocer que ante la polémica que se arrastra durante los últimos días el Consejo Fiscal del próximo miércoles, 24 de noviembre, abordará este asunto.

Y ello, después de que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, remitiera este martes un correo electrónico a los miembros de este órgano indicando que se incluirá un punto específico en el orden del día.

En concreto, para abordar las «gravísimas y difamatorias imputaciones» aparecidas en varios medios en relación a las razones que llevaron a no otorgar una de las nuevas ocho plazas fijas en Anticorrupción al fiscal Ignacio Stampa, que estaba adscrito al caso Tándem. Entonces, ejercía en comisión de servicios, ya que su puesto es la Fiscalía de Madrid.

Fuentes de la FGE indican a Confilegal, que este lunes la propia fiscal general del Estado se puso en contacto con los vocales de más antigüedad de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Aurelio Blanco, y de la Asociación de Fiscales (AF), Concepción Talón, para transmitirles su preocupación institucional ante la gravedad de las difamaciones que se estaban transmitiendo tanto del Consejo Fiscal como de otros órganos del Ministerio Fiscal, algo que los vocales compartieron. Asimismo, les avanzó la inclusión de un nuevo punto en el orden del día del próximo Consejo Fiscal.

Actualmente, el Consejo Fiscal está integrado -además de sus miembros natos- por nueve vocales elegidos por la Carrera Fiscal, cinco por la AF y cuatro por la UPF. Ninguno de ellos respaldó en octubre la solicitud de Stampa de tener una plaza fija en Anticorrupción. Stampa pertenece a la AF.

Posicionamiento de la AF y de la APIF

Se da la circunstancia de que este martes, la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales lanzó un comunicado en el que exige una «explicación muy detallada» de la FGE en el seno del Consejo Fiscal «sobre las supuestas maniobras de la Fiscal General del Estado para poder justificar que no se nombrara a un fiscal para una concreta plaza en la Fiscalía Anticorrupción».

A juicio de la asociación, «son, sin duda, unas acusaciones muy graves que exigen una explicación». Asimismo, apuntaba en relación a Delgado que «su trayectoria al frente de nuestra Institución da cumplida cuenta de la forma de entender su funcionamiento».

En su opinión, «marcada por el intencionado desconocimiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico y en el Reglamento que lo desarrolla, cuyas disposiciones han sido obviadas de manera sistemática en materias tan relevantes como las relativas al deber de abstención, a la obligada convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala a fin de tomar decisiones en aquellos asuntos que afecten a miembros del gobierno, o al valor vinculante de las órdenes, instrucciones o circulares que en modo alguno pueden ser derogadas por una nota interior».

«Desgraciadamente, el episodio que ahora se conoce no es nuevo, sino que forma parte de una manera de dirigir la institución que está generando una crisis de credibilidad del Ministerio Fiscal», concluía.

Por su parte, la APIF ya pidió la semana pasada al Consejo Fiscal aclaraciones sobre el caso Stampa, ya que, a su juicio, el asunto podría estar «plagado de irregularidades», por lo que pidió al Consejo que informe sobre una serie de cuestiones que le plantea en un escrito.

La APIF pregunta, entre otras cuestiones, si conocía el Consejo Fiscal en la votación del 27 de octubre de 2020 sobre determinadas plazas en la Fiscalía Anticorrupción, a una de las cuales concurría Stampa, que en la macrocausa Tándem, en la que este intervenía por la Fiscalía, ejercía la defensa de varios implicados el despacho de la pareja sentimental de Delgado, y que él mismo había intervenido en alguna diligencia en defensa de alguno de los investigados.

También quiere saber si es cierto que el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, «en al menos dos ocasiones, por medio de ‘sugerencias’ por escrito«, se dirigió al instructor de las diligencias de investigación número 32/2020 abiertas a Stampa en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid «para hacerle reconsiderar su propuesta de archivo de las actuaciones e instándole a practicar nuevas diligencias».

En declaraciones a Confilegal, tras conocer que se ha actualizado el orden del día del próximo Consejo, Viada manifiesta que espera que se aclare lo que ha ocurrido en relación a la salida de Stampa de Anticorrupción.

«No es que sea legal o ilegal, si legal es, el tema es que el Consejo Fiscal tiene que informar sobre la base de datos que sean correctos, cuando te ocultan datos tu puedes resolver sobre una cosa y es legal, pero es una elección viciada porque no sabes todos los datos» afirma el portavoz de APIF.

De modo que «debe averiguarse lo que ha ocurrido. Basta con que se aclare esto, si el Consejo Fiscal sabía eso cuando se decidió, que no lo sabían, y que de alguna explicación sobre el tema», sostiene.

El propio Stampa sugirió en junio en una misiva dirigida a la Asociación de Fiscales que se hurtó al Consejo Fiscal una información decisiva en la sesión en la que se adjudicaron las ocho nuevas plazas fijas en la Fiscalía Anticorrupción, a una de las cuales aspiraba él.

De acuerdo con Stampa, ese día, el 27 de octubre, ya habían sido archivadas las diligencias de investigación penal que habían sido abiertas contra él por una posible revelación de secretos en la pieza ‘Dina’ de la causa contra el comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo, derivada de los contactos que pudo mantener con Marta Flor, abogada de Podemos.

«Aun cuando no fuera preceptivo informar a los vocales de lo anterior, también consta que no fueran informados de que dicho archivo había sido rechazado por la Fiscalía General del Estado, en la primera ocasión para sugerir el 8 de octubre la práctica de más diligencias, pero en la segunda ocasión sin motivo alguno», dijo Stampa en la carta.

Los vocales de la UPF: «no se tomó en consideración para la votación de las plazas ninguna cuestión ajena al mérito y capacidad del total de las candidaturas presentadas»

En este escenario con varias versiones, los vocales del Consejo Fiscal elegidos a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han asegurado en un comunicado, sobre la decisión de Delgado de no otorgar una de las ocho plazas a Stampa, que «no se tomó en consideración para la votación de las plazas ninguna cuestión ajena al mérito y capacidad del total de las candidaturas presentadas».

UPF ha explicado que Stampa «se encontraba prestando servicio como fiscal en comisión de servicio hasta su vencimiento» y que en el Pleno del Consejo Fiscal de fecha de 27 de octubre de 2020, presentó su candidatura para la obtención de plaza en la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada «donde no obtuvo ningún informe favorable para la misma».

«Como todos sabemos, las comisiones de servicio nunca aseguran la obtención de la titularidad de las plazas cuando estas salen a concurso. De hecho, en estos supuestos, numerosas compañeras y compañeros presentan sus candidaturas y aportan sus currículums vitae para que sean valorados en igualdad de condiciones con los que, estando en comisión de servicios, también deciden presentar sus candidaturas», han argumentado desde UPF.

Recuerdan que los fiscales de la lista por la UPF optaron por apoyar a los ocho fiscales que consideraron que tenían «las mejores condiciones, en base a su mérito y capacidad, para el desempeño de sus funciones» como fiscales de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada. «De ellos había seis que estaban en comisión de servicio y dos que no lo estaban».

En este sentido, sobre las cuestiones que plantea Viada indican que «suponemos que sus preguntas están referidas a si alguno de los hechos a los que usted se refiere, de los que desconocemos su certeza, pudieran haber tenido alguna relación con no haber apoyado la candidatura de compañero Ignacio Stampa para la plaza que solicitó en la Fiscalía Anticorrupción. La respuesta es clara y contundente: NO«.

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