Un exconcejal de Llanes (Asturias) admite que se quedó con dinero del Ayuntamiento destinado a pagar a participantes en ferias y exposiciones

El exconcejal de Llanes (Asturias) Emilio Carrera (PSOE) ha reconocido ante la Justicia que se quedó con dinero del Ayuntamiento destinado a pagar a participantes en ferias y exposiciones, y que falsificó recibís para justificar su supuesto abono.

El pasado miércoles, ratificó ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Asturias su conformidad con los hechos que le atribuían la Fiscalía y la acusación particular, aceptando una condena por un delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con uno continuado de falsificación de documento público cometida por autoridad pública, y un delito de exacciones ilegales, en los que concurren las circunstancias atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas.

En concreto, ha aceptado por el delito de malversación de caudales públicos en concurso con el delito continuado de falsificación de documento público, un año y medio de cárcel, una multa de 1.080 euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y 11 meses, así como la imposibilidad de concurrir a ningún tipo de elección o ser nombrado para puesto representativo o ejecutivo o gestor por una autoridad pública durante ese período, si bien no implicará la pérdida de su condición de funcionario, si la tuviera.

Por el delito continuado de exacciones ilegales, otra multa 1.080 euros y suspensión de empleo o cargo público durante 13 meses.

En concepto de responsabilidad civil, indemnizará al Ayuntamiento de Llanes con 11.825 euros, más los intereses legales correspondientes.

El fiscal y la acusación particular no se oponen a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, dada la satisfacción de la indemnización y la fecha de los hechos. El plazo de suspensión se fijará en tres años.

Este concejal ya fue condenado en sentencia de 19 de abril de 2018, firme el 25 de octubre de ese mismo año, por prevaricación a la pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y en sentencia de 2 de mayo de 2018, firme el 26 de septiembre de ese año, por delito de prevaricación a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

LOS HECHOS QUE RECONOCE

El dinero que este recibía del Ayuntamiento de Llanes debía emplearlo en pagar los premios y en hacer pagos a participantes en exposiciones y talleres, y tenía la obligación de devolver a la tesorería municipal el importe no justificado como empleado en esos pagos y premios.

Por resoluciones del 4 de agosto de 2010, 28 de julio de 2011, 8 de agosto de 2012, 8 de agosto de 2013 y 4 de agosto de 2014, dictadas por los entonces concejales delegados de Economía, se acordó efectuar un pago a justificar al acusado por importes de 7.000, 7.000, 9.000, 10.000 y 10.000 euros para atender los gastos imprescindibles de la organización y dirección del XXVII al XXXI Certámenes de la Huerta, de la IX a la XIII Ferias del Campo y de la II a la VI Ferias de Productos Agroalimentarios del Oriente de Asturias, a celebrar en agosto de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, respectivamente.

En el ejercicio de dichas funciones, al menos de 2010 a 2014, ambos inclusive, «el acusado no empleó parte de las cantidades recibidas en la finalidad a la que estaban destinadas, sino que dispuso de ellas». Para ello, «simuló la firma y la participación de expositores y talleres que realmente, o bien no habían intervenido, o bien habían cobrado cantidades inferiores por su intervención, y presentó los recibís en el Ayuntamiento para justificar así su supuesto abono».

De esta forma, hizo constar recibís por pagos de 700, 700, 750, 950 y 1.050 euros los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, respectivamente, a un hombre por un taller de lagar. Sin embargo, en 2010 este solo recibió 500 euros y de 2011 a 2013 solo había intervenido la expareja de aquel, a quien el acusado le entregó únicamente 500 euros de 2011 a 2013, y ninguna en 2014, pues no había participado. De esta forma, hizo suyas las cantidades restantes que no había entregado, en total 2.050 euros.

Por otra parte, hizo constar recibís por pagos de 200, 200, 225, 325 y 375 euros los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, respectivamente, por un taller de artesanía a una persona, en los que imitó su firma. Esta persona únicamente percibió 15 euros en concepto de dieta de alimentación. El concejal hizo suyos los 1.325 euros restantes.

También hizo constar recibís por pagos de 125, 125, 150, 250 y 250 euros los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, respectivamente, por un taller de hilandera a otra persona, en los que imitó su firma, cuando esta únicamente percibió 15 euros en concepto de dieta de alimentación en 2014. El acusado hizo suyos 900 euros.

Igualmente, hizo constar recibís por pagos de 150, 175, 200 y 250 euros los años 2011, 2012, 2013 y 2014 por un taller de cuero a una persona, en los que imitó su firma. Sin embargo, esta no había participado en estos certámenes ni cobrado ninguna cantidad. Así, el concejal hizo suyos los 775 euros.

También hizo constar recibís por pagos de 1.600, 1.600, 1.600, 1.700 y 1.890 euros los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 a dos personas por una exposición de aves, en los que imitó su firma. Sin embargo, uno de ellos únicamente percibió 600 euros cada año, mientras que el acusado hizo suyos los 5.390 euros restantes.

Por otra parte, hizo constar recibís por pagos de 200, 225 y 275 euros los años 2011, 2012 y 2013 por un taller de madreñas a una persona, en los que imitó su firma. Sin embargo, esta no participó en el certamen de 2011 y falleció el 19 de octubre de 2011. El acusado hizo suyos los 700 euros.

Asimismo, hizo constar un recibí por un pago de 375 euros en 2014 por un taller tradicional a una persona, en el que imitó su firma, pero esta no cobró ninguna cantidad, sino que él hizo suyos los 375 euros.

Por otro lado, sin que se hubiera aprobado ni autorizado por la corporación municipal, cobraba a algunos de los participantes en los certámenes descritos cantidades que oscilaban entre los 20 y los 35 euros, en concepto del derecho a la instalación de los puestos, incorporando a su patrimonio los importes recibidos.