El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia, ha autorizado la concesión de 46.418.990 euros al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para sufragar los gastos de la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita en el territorio Ministerio (Castilla y León, Castilla–La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla).
Supone un incremento del 6,2% respecto a 2021.
Esta aportación, prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio, se destina específicamente a retribuir las actuaciones profesionales de los colegios de abogados y procuradores dirigidas a aquellas personas que hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita en las comunidades del territorio Ministerio.
También cubre los gastos devengados por la tramitación de expedientes, así como el asesoramiento y la orientación previos al proceso.
El reparto de esta subvención será gestionado por el Ministerio de Justicia, que, como en ejercicios anteriores, procederá al pago por las certificaciones mensuales que vaya presentando el CGAE, en base a los servicios prestados por cada colegio.
La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) considera «absolutamente insuficiente» este incremento retributivo de un 6,2%, «puesto que apenas cubre siquiera el incremento del IPC del último año y no supone ninguna modificación al alza de los baremos retributivos, que llevan años congelados, y que incluso antes de la congelación ya eran unos baremos miserables que en absoluto compensan la dura y trascendente labor que a diario realizan los abogados de oficio», según ha señalado a Confilegal Isidro Moreno, portavoz de la asociación.
Por otra parte, la Abogacía ha reclamado recientemente en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita «para garantizar la sostenibilidad del sistema, ampliando las actuaciones cubiertas y mejorando la retribución de los profesionales que ejercen el turno de oficio». El CGAE pide que se amplíe la cobertura de la justicia gratuita y se mejore la retribución de los profesionales.
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