Entre sus objetivos se encuentra detener una subida de precios de productos muy por encima del IPC. Foto: EP.
Cerca de 250 franquiciados de Telepizza demandan a los directivos por presuntas irregularidades contractuales
El Juzgado de Primera Instancia 2 de Alcobendas ha citado a las partes a una vista de medidas cautelares el próximo 7 de marzo
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19/2/2022 06:47
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Actualizado: 18/2/2022 21:59
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Tras la solicitud de medidas cautelares de la Asociación de Franquiciados de Telepizza, el Juzgado de Primera Instancia 2 de Alcobendas ha citado a las partes el próximo 7 de marzo a las 13.20 horas a una vista en la que los franquiciados y Food Delivery Brands, antes Telepizza, para que expongan las pruebas de las que dispongan, que se admitirán y practicarán si fueran pertinentes.
Así consta en la diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Confilegal y contra la que cabe recurso, dictada por la letrada de la Administración de Justicia, Silvia Valdés González, el pasado 13 de enero.
«Se convoca a la parte solicitante y a la señalada como futura demandada a la vista prevista en el artículo 734 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que tendrá lugar el día 07/03/2022 a las 13:20 horas en Sala de Vistas 4 de Alcobendas».
De este modo, en la vista que se celebrará a principios de marzo en Alcobendas el juzgado decidirá sobre las medidas cautelares solicitados por esta entidad que representa a 246 franquiciados.
La asociación pide al juzgado que la compañía «cese y se abstenga, en la pretensión de imponer el aumento de precio de la masa del 13%, sujetándose a los acuerdos establecidos sobre los mismos, aplicando exclusivamente la subida pactada del IPC interanual de alimentación y bebidas no alcohólicas, establecida por la propia demandada en el 2,5%».
En este sentido, pide que se suspenda la pretensión «unilateral de incremento» sin que proceda aquella modificación de los precios pactados mientras se resuelva la demanda que van a interponer los afectados «para impedir los perjuicios que aquella subida provocarían en la capacidad económica de los franquiciados».
«En 2018 se urdió una estrategia oculta a los franquiciados y al mercado», según la asociación
La asociación propone como medios de prueba para la vista la declaración, entre otros, del CEO de la compañía Jacobo Caller, así como de los directivos que firmaron las adendas al contrato supuestamente incumplido.
Según se recoge en la solicitud de medidas cautelares, la asociación recuerda que desde la fundación de la compañía en 1988 «se estableció a través de contratos de franquicias», lo que en la actualidad se traduce en que «el 80% de los establecimientos sean propiedad de los franquiciados».
«A fin de favorecer la entrada de Pizza Hut, primer líder mundial en establecimientos de comercialización de Pizzas y delivery, con más de 1.400 establecimientos en el resto del mundo, quien solo disponía de 34 establecimientos en España frente a los más de 700 establecimientos de Telepizza, en 2018 se urdió una estrategia, oculta a los franquiciados y al mercado, por la cual se apropiarían de Telepizza a través de operaciones societarias y de ingeniería financiera», afirma la Asociación.
«Para ello, se utilizó KKR & Co. L.P, primer fondo internacional, conocido por la eliminación del sistema financiero a través de la sustitución por los fondos de capital riesgo, que canalizan ahorros ajenos para comprar y vender empresas, para ello, Pizza Hut acudió a aquel fondo internacional con sede en Nueva York, para financiar y estructurar la operación de asalto de Telepizza».
Así, según la asociación, «se produjo la venta al fondo de inversión KKR de Telepizza, procediéndose a la realización de una OPA, con el consentimiento de los directivos de Telepizza, que obtuvieron sustanciosos beneficios por todo ello, para, a continuación, sacar a Telepizza como empresa cotizada en bolsa, evitando los controles que todo ello suponía, para proceder, a través de aquel fondo, una vez modificada la denominación de la empresa haciendo desaparecer la denominación de Telepizza, por Food Delivery Brands SA, a vender la misma a Pizza Hut».
Aseguran que la operación contó con la oposición de parte del Consejo y que dio lugar al inicio de acciones por parte de los franquiciados. Por ello, en 2018 se firmó una adenda en la que se comprometieron a «mantener y respetar las condiciones y la continuidad de la enseña de Telepizza».
En 2019 firmaron otro acuerdo, una adenda en relación con el contrato de franquicias, en el que se comprometían a mantener los precios durante el año 2019 y 2020, sin modificación alguna, procediéndose desde el 1 de enero de 2021 a mantener los mismos con la actualización que resultara aplicable conforme a los índices de alimentación y bebida.
«La realidad es que, incumpliendo todos sus compromisos, Food Delivery Brands S.A., avanzando en el objetivo de destruir Telepizza a medio plazo en favor de Pizza Hut, ha llevado a cabo distintas actuaciones que han dado lugar a diversos incumplimientos, efectivamente dirigidos a hacer desaparecer los establecimientos franquiciados actuando en favor de Pizza Hut contra los mismos».
En este sentido, sostiene que la compañía se ampara en una excusa (la situación de mercado) «para intentar trasladar a los franquiciados esa subida de precios por encima del compromiso que la misma asumió en la adenda de 2019, precisamente porque le afecta directamente al ser la propietaria de la fábrica de masa».
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