El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) denuncia que dos años después de la compra de 1.000 inmovilizadores eléctricos (pistolas Táser), siguen en un cajón sin repartirse. «La seguridad de policías y ciudadanos no puede depender de la falta de interés del Ministerio del Interior para posiblemente contentar a los socios del Gobierno», manifiesta a Confilegal el portavoz del SUP, Carlos Morales.
Este sindicato ha publicado hoy un comunicado criticando esta situación, en el que también advierte que los cursos para instruir a los agentes que los emplearán «van con retraso» y que «un número escaso» de instructores se encarga de adiestrar a los futuros usuarios de toda España. Según ha podido saber este diario de fuentes policiales, hay ocho instructores.
Además, el SUP critica que «no todos los agentes vayan a ser formados y que solamente unos pocos de cada Comisaría sean los encargados de utilizarlos».
CAMBIAN DE CAJÓN, PERO NO LLEGAN A MANOS DE LOS AGENTES
«Las Táser cambian de cajón, pero nunca llegan a manos de los policías nacionales. A pesar de que en 2020 la Dirección General anunció la compra de un millar de dispositivos en dos tandas, una primera de 600 y la segunda de 400 unidades, dos años después las Táser siguen sin llegar a las unidades de Seguridad Ciudadana a las que estaban destinadas», expone este sindicato.
Añade que durante todo este tiempo, «la DGP rebajó sus expectativas hasta anunciar un primer reparto de 150 unidades porque sólo se había adquirido un número similar de las cámaras de grabación que deben acompañar a estos dispositivos electrónicos». «Ni siquiera esas 150 están operativas en la actualidad a pesar del coste de la operación, que supera los dos millones de euros en total por las 1.000 unidades», reprocha el SUP.
Afirma que el mismo camino llevan los cursos. Según manifiesta, «se ha formado a una cifra insuficiente de instructores para adiestrar a todos los usuarios, a pesar del esfuerzo de estos compañeros por impartir todos los cursos presenciales en toda España».
Las previsiones de que las primeras 150 Táser estén operativas apuntan «como pronto al próximo verano», informa el SUP. «Del resto ni se sabe cuándo porque creemos que ni siquiera ha salido a concurso la licitación de la compra de las 850 cámaras que faltan», apunta Morales y dice que por lo general una vez que se licita se tarda en torno a 10 meses la adjudicación y la compra.
Desde este sindicato vuelven a denunciar el retraso en el reparto de estos dispositivos «que van de cajón en cajón sin que finalmente se dé uso a esta costosa inversión», y afirman que «lo peor es que cuando las primeras Táser lleguen a las unidades operativas será tarde y en un número insuficiente, porque el Ministerio del Interior no adquirió todas las cámaras de grabación que deben acompañar a cada dispositivo».
El SUP hace hincapié en que «cada día que pasa sin que se haga entrega de estos inmovilizadores eléctricos a la Policía, aumenta el riesgo para todos». En este sindicado no dan crédito al «prolongado retraso en el reparto». Sospechan que se debe «a razones de índole política por parte del Gobierno para complacer a algunos de sus socios».
«Entre tanto, se producen a diario situaciones de riesgo en las calles que, con el uso de las Táser, se podrían resolver de forma menos lesiva y más segura, tal y como hacen otros cuerpos policiales que disponen de este equipamiento desde hace tiempo», lamenta el SUP, y exige que se agilice el proceso de aprendizaje para los policías, que se adquieran las cámaras suficientes y se repartan los dispositivos cuanto antes.
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