El secretario general de Jupol, Aarón Rivero; el presidente de CSIF, Miguel Borra; y el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, exigen al Gobierno que incremente el presupuesto de los conciertos sanitarios.
CSIF y Jupol se concentran para protestar por los recortes sanitarios en las mutuas de funcionarios
Estos dos sindicatos y la asociación Jucil denuncian que "el 50% de los funcionarios han sufrido recortes en su prestación sanitaria sin previo aviso"
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18/4/2022 08:26
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Actualizado: 18/4/2022 14:21
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, y el sindicato Justicia Policial (Jupol), mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, se concentrarán hoy a las 12.00, en Madrid, en protesta por «los recortes sanitarios en las mutuas de funcionarios».
La movilización tendrá lugar frente a la sede de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), en el número 26 del Paseo de Juan XXIII.
CSIF, Jupol y la asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, denuncian que «el 50% de los funcionarios han sufrido recortes en su prestación sanitaria sin previo aviso».
Según informan, han «constatado que se ha producido en el último año un deterioro en la prestación sanitaria a los mutualistas debido a la infrafinanciación de los conciertos». Exigen al Gobierno que acabe «con cualquier intento de eliminar el Mutualismo Administrativo e incrementar la dotación económica de los conciertos de las tres mutualidades».
A principios de abril, estas tres organizaciones entregaron al Defensor del Pueblo «miles de quejas por los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios» en las diferentes mutuas de funcionarios del Estado, de la Justicia (Mugeju) y de las Fuerzas Armadas (Isfas) en toda España.
También han entregado estas quejas a las direcciones generales de las tres mutuas de funcionarios y a los diferentes grupos parlamentarios. Además, estudian acciones jurídicas «ante el incumplimiento de la continuidad asistencial que establecen los conciertos» y no descartan otro tipo de acciones para revertir esta situación «donde se está mermando el derecho a la asistencia sanitaria de este personal».
Según una encuesta que realizaron el pasado mes de marzo sobre más de 5.000 mutualistas, «en provincias de toda España se ha producido pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas y reducción en definitiva de la cartera asistencial».
El 50% de los encuestados han sufrido recortes sin previo aviso, han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria. Además, un 14% ha visto limitado el acceso a su hospital habitual y le han propuesto que pague por una consulta médica o por continuar recibiendo un tratamiento. En la misma línea, el 25% de los encuestados asegura que le han limitado las pruebas para detección del Covid.
«Las situaciones más recurrentes son la pérdida de médicos y especialidades en localidades que implican el incremento de las listas de espera y el desplazamiento a otra ciudad para recibir atención. Los ámbitos y especialidades más citadas son Atención Primaria, Dermatología, Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Analítica, Pediatría o las urgencias durante los fines de semana», explican.
Además, advierten, «por su especial relevancia, sobre las quejas recibidas por parte de pacientes oncológicos, que, a partir de ahora, en muchos casos, y sin previo aviso, no podrán ir a sus revisiones médicas en sus centros habituales». «En muchos casos, después de años siendo tratados por el mismo equipo médico, tienen que buscarse otras alternativas, con las incertidumbres que generan este tipo de cambios en el seguimiento de su enfermedad y que quiebra el principio de continuidad asistencial que regulan los propios conciertos, por el que deben velar las mutualidades».
SUS REIVINDICACIONES
Estas tres organizaciones han difundido un manifiesto «por la defensa del mutualismo administrativo», en el que destacan que «se trata de un derecho adquirido por los funcionarios a la atención sanitaria después de años de abandono».
El mutualismo se reguló en 1975 para dar cobertura a todos los funcionarios y adecuar las prestaciones sanitarias a las establecidas para los trabajadores del Régimen General. «Se trataba, por tanto, de corregir la discriminación que sufrían los funcionarios, que carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria a través de las compañías privadas, pagando el cien por cien de las medicinas», indican.
En la actualidad, las mutuas dan cobertura sanitaria a más de dos millones de trabajadores y beneficiarios (Muface a 1.483.860; ISFAS a 536.314 y MUGEJU a 91.714). El 80% de los funcionarios opta cada año por este modelo, lo que, según estas organizaciones, «supone un plebiscito anual que avala su permanencia».
Sin embargo, denuncian que en los últimos años han asistido con indignación «a varios intentos, por parte de algunos partidos políticos y sindicatos de clase de eliminar el mutualismo administrativo bajo el falso argumento de que se trata de un privilegio».
Señalan que la asistencia que prestan las entidades médicas se realiza bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto, con la referencia de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud, que tienen que cumplir obligatoriamente. Y añaden que estas condiciones son diferentes a las que la misma entidad ofrece en el seguro privado.
«Solo la perseverancia y la firme oposición y movilización de CSIF ha logrado que a día de hoy se mantenga el mutualismo como acción protectora para el colectivo», exponen. Además, advierten que si desapareciera este modelo, más de dos millones de personas pasarían a engrosar las listas de espera del Sistema Nacional de Salud, «con el riesgo de colapso del sistema y el incremento de costes».
Ante esta situación, CSIF, Jucil y Jupol exigen a las mutuas «que tomen cartas en el asunto, asuman su responsabilidad e informen con transparencia sobre las personas afectadas por estos recortes». Asimismo, reclaman que se amplíe el plazo para poder cambiar de aseguradora sanitaria. El 80% de los encuestados reclama esta posibilidad.
En definitiva, reclaman a las mutualidades «que se interesen por las personas afectadas y que, a la vista de las limitaciones presupuestarias, valoren la posibilidad de modificar el concierto para que los mutualistas reciban una prestación asistencial adecuada».
En el caso concreto de los pacientes oncológicos, estas organizaciones reclaman que se concreten el número de personas atendidas en 2021 y de estas cuántas siguen en tratamiento, y cómo se realizará un seguimiento efectivo de las personas que a día de hoy no están en tratamiento, pero requieren de revisiones.
Recuerdan que las mutuas que están obligadas a garantizar la continuidad asistencial de los mutualistas o beneficiarios afectados.
Estos recortes, según señalan, tienen lugar tras la firma del concierto sanitario 2022-2024 el pasado diciembre entre Muface y las aseguradoras sanitarias. «Ya advertimos entonces que estaríamos vigilante ante posibles reducciones en los cuadros médicos y en la calidad en la asistencia, dado que el Gobierno no ha revertido en el concierto los gastos extra afrontados durante la pandemia, como sí se ha hecho en el caso de las comunidades autónomas», concluyen.
Por todo ello, CSIF, Jucil y Jupol exigen al Gobierno que incremente el presupuesto de los conciertos sanitarios.
Estas tres organizaciones firmaron a principios de año un acuerdo «para la defensa de los intereses comunes de los empleados públicos» y hacen un frente común en diferentes ámbitos como «la recuperación del poder adquisitivo perdido desde hace años y agravado ahora por la elevada inflación de 2021, que ha roto todas las previsiones». Colaboran, además, en la defensa de las condiciones laborales en el nuevo contexto de la pandemia y de la mejora de las condiciones de jubilación.
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