Luis Medina, uno de los dos investigados, a la llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, esta mañana.
El interrogatorio a los comisionistas Luis Medina y a Alberto Luceño, como el parto de los montes
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25/4/2022 17:29
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Actualizado: 25/4/2022 19:13
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Cuenta la fábula cómo los montes proyectan terribles signos, a modo de temblores o casi terremotos, como si estuvieran a punto de dar a luz algo grande. Infundiendo un pánico increíble a todos los testigos. Sin embargo, al final los montes paren un ratoncillo.
La fábula y su expresión, «el parto de los montes», representan todos aquellos acontecimientos que se anuncian como algo mucho más grande o importante de lo que realmente termina siendo.
Como la comparecencia de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño ante el magistrado instructor del caso mascarillas Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción 47.
Porque es lo que ha sido. Después de casi una semana de calentamiento mediático, las acusaciones se han limitado a pedir tan solo la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de territorio español a ambos y la comparecencia ante los juzgados cada 15 días.
No han solicitado ninguna otra medida cautelar para asegurar su presencia e impedir su posible huida. Ni prisión, ni libertad eludible con fianza, ni ninguna otra solución equiparable, tras el escándalo provocado por el caso.
La Fiscalía, el Ayuntamiento de Madrid y la Funeraria tampoco han solicitado nada.
Tanto Medina como Luceño se han negado a contestar tanto al fiscal anticorrupción –que les interrogó en la fase de diligencias informativas previas que condujeron a la interposición de la querella– ni a las acusaciones populares del PSOE, Podemos y Más Madrid. Ni tampoco al Ayuntamiento de Madrid, ni a la Funeraria, que aprece como perjudicada.
Solo han contestado a las preguntas del magistrado, que ha concedido lo solicitado, como marca la ley.
El magistrado ha interrogado a los comisionistas por la supuesta comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el caso de Medina, se le investiga también por un presunto alzamiento de bienes,
Medina ha declarado cerca de media hora y Luceño veinte minutos.
El hijo de Nati Abascal confirmó que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada al primo de Almeida, Carlos Martínez-Almeida, quien le facilitó el correo electrónico de la responsable de Compras del Ayuntamiento, Elena Collado.
La responsable municipal fue la persona que negoció con el socio de Medina la operación para traer el material provisto por la empresa malaya Leno «en el momento más álgido de la pandemia cuando había miles de fallecimientos diarios», tal y como definió el juez en un auto. La operación se canalizó a través de la empresa funeraria municipal al tener que adelantarse el pago del 50%.
En relación a la comisión que cobró, ha dicho que era «normal» en el mundo comercial, en la misma línea que manifestó ante su declaración con el fiscal Anticorrupción. Además, ha manifestado que el porcentaje lo fijó el empresario malayo preveedor del material.
Al igual que manifestó al fiscal, el investigado ha explicado al juez que conocía a Luceño de operaciones de comercio internacional y que le pidió el contacto de algún cliente.
Embargo preventivo
El pasado 12 de abril el magistrado instructor Adolfo Carretero ordenó el embargo preventivo de los bienes de los querellados, medida que pidió la Fiscalía para asegurar la recuperación de lo supuestamente estafado. En ese momento comunicó la imposibilidad de proceder al embargo de las cuentas bancarias de Luis Medina al no contar con más de 250 euros.
Al parecer, Medina no contaba en esa fecha con los bonos de inversión que presuntamente compró con parte del millón de euros que habría cobrado en comisiones por participar en una operación de compra-venta de mascarillas.
Entre los bienes de Medina figura un yate modelo Eagle 44, llamado ‘Feria’ y por el que presuntamente pagó 325.515 euros del millón de euros que cobró por una de las operaciones.
Según la Fiscalía, su socio destinó el dinero de las mordidas a la compra de vehículos de alta gama, relojes Rolex, y una vivienda de lujo en Pozuelo con tres plazas de garaje.
La sospecha de que Medica se haya desembarazado de los bienes para evitar hacer frente a sus responsabilidades con la Justicia motivaron la imputación del delito de alzamiento de bienes.
Solamente han respondido a las preguntas del juez
El aristócrata ha llegado pasadas las 11.40 horas en taxi a las dependencias judiciales. Luceño ha llegado a las nueve de la mañana, tres horas antes de la citación. Ambos han accedido por el acceso principal de los juzgados donde hay un control previo. Los investigados solicitaron al decanato de los juzgados acceder en coche en los juzgados pero se les denegó la petición.
En la comparecencia de este lunes, Luceño ha depositado dos relojes para que se sume a la fianza. En su declaración, ha manifestado que la operación objeto del procedimiento era su primer negocio con la empresa malaya Leno y que la comisión era habitual en ese tipo de operaciones.
Además, ha alegado que San Chin Choon, el empresario malayo que trajo el material sanitario, va a declarar en la instrucción, a lo que el juez le ha contestado que es la primera noticia ya que se ha negado a colaborar con la justicia.
El instructor investiga una querella de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, hechos que el magistrado ve «graves» al tener lugar «en el momento más álgido de la pandemia» cuando había «miles de fallecimientos diarios.
El fiscal Luis Rodríguez Sol, que firma la querella, sostiene que los comisionistas, con ánimo de obtener «un exagerado e injustificado beneficio económico», ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir «grandes remesas de material sanitario fabricado en China».
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