La Audiencia de Jaén ha condenado a Lourdes Chica Navarro, de Izquierda Unida, por delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad en documento público. Foto: EP
Condenada a 4 años y medio de cárcel la exalcaldesa de Campillo de Arenas (Jaén)
Por usar la recaudación de las tasas del mercadillo semanal para fines propios entre 2011 y 2015
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07/7/2022 14:57
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Actualizado: 10/4/2023 17:52
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La Audiencia Provincial de Jaén ha condenado a cuatro años y medio de prisión a la exalcaldesa de Campillo de Arenas Lourdes Chica Navarro, de Izquierda Unida, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos y otro delito de falsedad en documento público.
El tribunal considera probado que usó la recaudación de las tasas del mercadillo semanal para fines propios entre 2011 y 2015.
Por el delito continuado de prevaricación en concurso con el de malversación le ha impuesto un año y medio de cárcel, tres años de inhabilitación para empleo o cargo público en el ámbito municipal y una multa de siete meses y 15 días con una cuota diaria de 3 euros, y por el de falsedad en documento público, tres años de prisión y una multa de seis meses con una cuota diaria de 3 euros.
Además, tendrá que pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, ejercitada por el Ayuntamiento, del que actualmente es concejal.
La sentencia, dictada el pasado 28 de junio (213/22), la firman las magistradas María Esperanza Pérez Espino (presidenta), Carmen Ballesteros Ramírez y María Jesús Jurado Cabrera, que ha sido la ponente.
Contra la misma cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Una vez que sea firme, se remitirá el testimonio al Tribunal de Cuentas a fin de que este organismo determine la responsabilidad civil y, por tanto, quede fijada la cantidad en la que deberá indemnizar al Consistorio.
LOS HECHOS PROBADOS
La Audiencia declara probado que Lourdes Chica, alcaldesa de Campillo entre 2011 y 2015, “movida por un ánimo de beneficio ilícito y al margen del procedimiento legalmente establecido, ordenó que la recaudación de la tasa del mercadillo de la localidad», que se celebra los sábados y que se hacía en metálico por la Policía Local, «se le entregase a ella personalmente, en lugar de ingresarse en el banco en la cuenta municipal como se venía realizando”.
Además, indica que justificó el gasto con soporte documental, lo que no se ajusta a las exigencias legales derivadas de la legislación tributaria, y «simuló la firma» en un recibo fechado a 8 de septiembre de 2014, en el que refería que una persona había recibido 20 euros para desplazarse al médico, habiendo realizado la firma ella y no la persona que supuestamente recibió esa cantidad.
Dicha actuación administrativa, prosigue el relato de hechos probados, “la realizó prescindiendo de cualquier procedimiento administrativo, sin soporte de informe de interventor, secretario municipal o de técnico alguno y aprovechando esta situación generada por ella misma, dispuso de la totalidad de la recaudación, incorporando parte a su propio patrimonio y usándolo para fines ajenos al municipio, sin control de la intervención municipal ni del secretario del Ayuntamiento”.
El total del dinero recaudado en los cuatro años de mandato fue de 7.576,44 euros. De dicho montante se ha considerado justificado la cantidad de 2.030,86 y 229,03 euros, quedando una cifra pendiente de 4.574,93 euros.
LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA A INDEMNIZAR CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE CUENTAS
La Audiencia indica que del informe pericial se deducen las cantidades dispuestas por la condenada y que, por tanto, el Consistorio habría sufrido un perjuicio económico, y que conforme se indica en dicho informe, una vez deducidos los gastos justificados, la cifra pendiente y que la acusación particular solicita ser indemnizada es de 4574,93 euros.
Sin embargo, destaca que “la determinación de la cuantía a indemnizar corresponde al Tribunal de Cuentas, que es el encargado de dirimir y reclamar la responsabilidad civil en que pudiera haber incurrido» la condenada, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
Los peritos judiciales comprobaron que en 2013, de los 2.986,74 recaudados por la tasa de mercadillo, sólo hay justificado conforme a las normas tributarias una factura de cerca de 60 euros. Faltan 744,5 euros y el resto del dinero aparece como gastado, pero justificado con simples tiques o anotaciones que «no se ajustan a las exigencias legales derivadas de la legislación tributaria».
En 2014 se recaudó con la tasa de mercadillo 3.560,70 euros, de los que solo aparecen debidamente justificados 170 euros, y en 2015 se recaudaron 1.029 euros, que también se gastaron, pero que se justificaron con soporte documental «no conforme a normas tributarias». Además, de ese ejercicio faltan 162,28 euros que «no se justificaron de ninguna manera».
GAFAS DE SOL, ROPA DE NIÑA O UNA CAZADORA
El actual alcalde, Juan Francisco Figueroa (PSOE), que declaró como testigo en el juicio, celebrado el pasado 2 de junio, informó que fue una trabajadora del Ayuntamiento la que cuando llegó a la alcaldía en 2015 le alertó sobre lo que estaba ocurriendo.
Figueroa denunció que se trataba de «una situación irregular por un sistema maléfico» porque la fórmula para el cobro estipulada por la condenada implicaba «un sistema que es corrupto desde el principio hasta el final».
Según explicó, fue él personalmente el que comprobó, acudiendo a diversos establecimientos, cómo algunos de los tiques, cuyos concepto aparecía alterado, en su forma original se correspondían con compras realizadas por la exalcaldesa, algunos de ellos con su propia tarjeta bancaria.
De esta forma, según expuso, el importe de unas gafas de sol se había convertido en unas gafas para una persona necesitada, o ropa de niña que se justificaba como ropa de hogar para instalaciones de uso municipal, o una cazadora que pasaba a ser justificada como una camisa para la banda de música.
El regidor manifestó que cuando denunció los hechos en 2018 ante la Justicia, su único objetivo era que Chica reconociera lo que había hecho, «pidiera perdón y devolviera el dinero», unos 7.000 euros que «aunque no es una gran cantidad, sí es mucho para un municipio pequeño como Castillo de Arenas».
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