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Datos de la violencia de género de 2002 a 2021: Para reflexionar

José Luis Sariego Morillo
Datos de la violencia de género de 2002 a 2021: Para reflexionar
El abogado José Luis Sariego Morillo, autor de esta columna, es especialista en derecho de familia.
10/8/2022 06:47
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Actualizado: 11/8/2022 08:14
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Desde que salieron los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2021, tenía ganas de elaborar este artículo.

Veamos en primer lugar el dato en que el Gobierno se basa para destinar y justificar el presupuesto de más de 20.000 millones de euros al Ministerio de Igualdad hasta 2025, según publicaba El País.

Según los datos del CGPJ de 2021, durante dicho año se produjeron 162.848 denuncias de supuestos malos tratos. 

Siempre empleo la definición de “supuestos malos tratos” porque todo jurista que se precie debería seguir creyendo en la presunción de inocencia de toda persona que sufre una denuncia.

Igual que la clase política pide para ella la presunción de inocencia, no suele ocurrir lo mismo cuando hablamos de violencia sobre la mujer, en la que el hombre denunciado es definido por medios y políticos como “agresor” o “presunto agresor”

Veamos ahora la evolución de las denuncias de malos tratos desde 2005 (primer año que se aplicó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) hasta el 2021, que es el último año del que tenemos todos los datos.

Tanto el observatorio del CGPJ que dirige la señora María Ángeles Carmona como la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, cada año van escondiendo más datos de forma que sean menos comprensibles a la ciudadanía, dichos datos.

 Y por eso, casi cada año decido hacer un artículo sobre la violencia de género, unificando los datos dispersos del CGPJ y del Gobierno, para que los lectores reflexionen sobre la realidad de este fenómeno social en España.

Veamos los datos del total de denuncias.

El primer dato que llama la atención es que durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se comenzaron a destinar millones de euros en subvenciones y recursos públicos para incrementar la sensación de la necesidad de crear un ministerio dirigido exclusivamente por dirigentes feministas con perfil socialista, que exigían a ZP la cuota de poder que les prometió dar cuando fue elegido secretario general del PSOE, en la lucha que le enfrentó a José Bono en las primarias cuando las candidatas Matilde Fernández y Rosa Díez (entonces en el PSOE) ofrecieron el voto femenino y feminista a Rodríguez Zapatero, el cual ganó aquellas primarias por tan sólo 9 votos.

Aquellos votos necesarios incluían la agenda de la ideología de género que vino más tarde. Zapatero tuvo que pagar el precio de aquel apoyo.

En 2002 presentaron desde la oposición una ley muy similar a la de 2004, pero ésta fue rechazada por el Partido Popular.

Zapatero, nada más ganar las elecciones en 2004, en junio se presentó el proyecto de Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que se aprobó a final de año.

CREACIÓN DE UN MINISTERIO FEMINISTA

Una vez en el poder, los sociólogos del PSOE encargados de realizar las estadísticas oficiales, comenzaron a incrementar los datos, para justificar la creación de un ministerio exclusivamente feminista, dotándole de importantes recursos económicos, sobre todo para hacer propaganda.

Basta comprobar la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 en el programa 232B.

De ahí que, a raíz de la creación de este ministerio, las denuncias se incrementaron de forma muy alarmante. Y todo ello, porque la Resolución de 8 de agosto de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de julio de 2005, por el que se formalizan, para el año 2005, los criterios de distribución, así como los compromisos financieros resultantes, del Fondo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004, se establecía que el reparto de los fondos se haría primordialmente en base al número de denuncias presentadas.

Ante ello, las asociaciones e instituciones (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) se lanzaron a promover el aumento del número de denuncias.

Curiosamente, a raíz de publicar en este mismo medio un artículo en 2018, el BOE omitió en la versión digital el Anexo que daba este dato: el dinero se repartía según el número de denuncias.

No obstante, puedes consultar y comprobar lo que digo de dicho anexo, en el fondo editorial del BOE donde sí aparece, en este enlace.   

Veamos ahora el número de denuncias en las que los hombres denunciados resultaron ser inocentes, terminando el proceso judicial por archivo o por absolución del acusado, según las memorias del CGPJ.

Muchas personas, juristas y no juristas, me critican este tipo de presentación diciéndome cosas tales como “es que tras estos datos hay muchos maltratadores cuyas víctimas retiraron la denuncia por miedo, o porque no tenían pruebas del maltrato sufrido”, etc.

Pero cualquier jurista que crea en el estado democrático de derecho estará de acuerdo conmigo en que toda persona acusada de un delito y no condenada en un juicio, es inocente.

Ante la deriva política de los últimos años que ha vuelto a enaltecer la presunción de culpabilidad como un principio general del derecho en estos casos, ha tenido que venir la Unión Europea a recordarnos a todos los estados miembros que tras los juicios de Núremberg (sobre todo en el juicio contra jueces, fiscales y abogados del régimen nazi) la presunción de inocencia es un principio universal que rige toda democracia.  

Así tenemos la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal, determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, que deja patente que todo archivo de un proceso penal es igual a una declaración de inocencia.

Para poder comparar ambos datos, he elaborado un cuadro explicativo donde comparo el número de hombres denunciados con el número de hombres que resultaron ser inocentes.

Para comprender mejor estos datos, en el siguiente cuadro expongo el número total de hombres denunciados y el número total de hombres inocentes.

Un país democrático como España y con la crisis económica que padece, no puede seguir empleando tantos recursos públicos en denuncias que, por no calificarlas de falsas, sí puedo decir que son muy ineficaces y representan un auténtico despilfarro de dinero público.

Imaginen que destinamos dinero sólo para un recurso educativo o sanitario que tiene una eficacia de menos del 20 %. Cualquier gobernante diría que hay un alto grado de despilfarro.

Pero no, ahora nos viene este gobierno destinando muchísimo más dinero en ello, a pesar del fracaso de las políticas con perspectiva de género, que no es más que una perspectiva que quiere y pretende acabar con una real igualdad de trato.

El número de condenas por violencia sobre la mujer en lo datos desde 2005 a 2021 son las siguientes:

Se preguntará el lector por qué se han incrementado tanto las condenas en 2021.

La explicación es fácil de comprender: El aumento espectacular de las condenas “por conformidad” frente a las condenas tras un juicio, como podemos comprobar en el cuadro siguiente:

Y el lector que no tenga mucho que ver con esta área del derecho penal se preguntará: ¿Y esto por qué es?

EXPLICACIÓN

La explicación tiene algunas variables para tener en cuenta:

1º.- La nula formación por parte de los colegios de abogados, de los abogados de oficio cuando se trata de defender a un hombre acusado de malos tratos.

2º.- La orientación que se da a las mujeres desde asociaciones y centros de la mujer o servicios sociales, para que formulen denuncias acusando a sus parejas o ex parejas (hombres) de múltiples delitos en la misma denuncia (amenazas, coacciones, trato vejatorio, malos tratos psicológicos, lesiones, etc.)

3º.- Las instrucciones desde la Fiscalía General del Estado de acusar desde el principio por varios delitos graves, para forzar al investigado y a su abogado y “negociar” una conformidad.

La propia Fiscalía reconoce en una de sus circulares (2/2009) que: “Las cifras de conformidades alcanzadas, crecientes año tras año, constituyen uno de los pulmones de oxígeno que explican y permiten la supervivencia de nuestra maquinaria procesal decimonónica”.

4º.- El miedo de algunos jueces a ser perseguidos si no dan la razón a la denunciante.

Para ello, se señala a través de los medios y redes sociales a jueces para dar un “aviso a navegantes” para que otros (jueces) tomen nota.

Así puedo recordar al magistrado de Pamplona que elaboró el voto particular del juicio conocido como el de “la manada”, o el caso de la juez de Arganda del Rey en Madrid  que sufrió un acoso terrible por una ciudadana apoyada por asociaciones feministas.

O el caso de la Audiencia Provincial de Vizcaya que ha sido denunciada por asociaciones feministas que apoyan a una mujer que maltrataba a su hijo o la más reciente denuncia a un juez de Granada por parte de las “asesoras” de Juana Rivas.

EL «PROCEDIMIENTO»

El hombre denunciado llega al Juzgado donde su abogado/a le explica que le acusan de varios delitos que suman varios de prisión.

El abogado le explica al detenido que si se conforma con una pena de 2 años o inferior, le “quitan” los demás delitos y así evitaría ir a prisión.

Cualquier persona que pasa por la tortura de ser detenido “por si acaso” y al que tratan con menos derechos (presunto agresor) que a un terrorista (presunto inocente) , lo que quiere es salir de ese sistema perverso creado por las leyes y la ideología de género cuanto antes.

De todas formas, quiero llamar la atención sobre un dato que nunca se analiza en las memorias oficiales y que se oculta tanto a la opinión pública como a los juristas en general: el número de condenas por delitos graves de malos tratos en España al año, apenas alcanza el 2,5% de los hombres denunciados.

Asimismo, los casos de sentencias por conformidad, lo son por delitos leves o menos graves. Por ejemplo, por una amenaza por WhatsApp de “te vas a enterar” cuando el hombre se refiere a que va a contratar a un abogado. Pero sólo se tiene en cuenta ése “te vas a enterar”.

Hay hombres condenados por un delito de violencia de género de coacciones, solo por mandar varios mensajes exigiendo saber dónde están sus hijos sustraídos por su madre (se los lleva a otra ciudad sin autorización).

Si hiciéramos un verdadero y riguroso análisis de la causa real de cada condena, nos llevaríamos las manos a la cabeza.

¿POR QUÉ NO SE HACE NADA?

Y por ello, mucha gente me pregunta por qué ningún partido político se enfrenta a esta lacra de las leyes de género.

Y les respondo que piensen qué pasó con UPyD, cuando Toni Cantó fue quemado en la hoguera de las vanidades de los medios que cobraban grandes sumas de la ideología  de género, a través de publicidad institucional. Ése fue el comienzo de su desaparición como partido político.

O cómo el partido Ciudadanos a través de Marta Rivera (año 2015) tuvo que recular ante el acoso que sufrieron en redes sociales y medios de comunicación. Medios que ganan mucho dinero de todo este negocio en torno a la violencia de género.

Pero también les comento que ha aparecido un partido como Vox que ha llegado en un momento idóneo para enfrentarse a estas leyes propiciadas por la ideología de género.

Cuando Vox hizo su programa electoral en 2012-2013, usó estudios como los míos y otros similares de alguna asociación (GenMad) y descubrieron que había cientos de miles de españoles que habían sufrido en sus carnes una denuncia de malos tratos.

La inmensa mayoría habían sido declarados inocentes (más de 1.100.000 de hombres en aquellos años) y que habían pasado por la tortura de la mala praxis policial y de los juzgados de violencia sobre la mujer.

Si a estos hombres inocentes, añadimos los hombres que “sienten” que han sido indebida e injustamente condenados y, además añadimos a las familias, padres, hermanos, amigos, conocidos, etc. de todos estos hombres denunciados, podemos concluir que hay en España entre 3 y 4 millones de personas injustamente afectadas directa o indirectamente por la ley de violencia de género.

La suma de todas estas personas se traduce en una bolsa de votos muy importante que se ha visto claramente reflejada en las últimas elecciones generales, a favor de este partido.

Sólo con un mensaje electoral contra la ley de violencia de género, se podrían obtener esos 3 a 4 millones de votos.

Con UPyD y Ciudadanos fuera de este juego y con el PP y el PSOE atrapados en los intereses económicos creados en torno a estas leyes de género, Vox ha tenido el camino libre para representar a los cientos de miles de hombres y a sus familias que han sufrido en sus carnes unas leyes y prácticas institucionales que los han tratado como presuntos culpables.

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