Los interinos llevan su lucha por un contrato indefinido al Defensor del Pueblo de la Unión Europea
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12/10/2022 01:00
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Actualizado: 13/10/2022 13:06
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La Asociación Nacional de Empleados Públicos en Abuso (EPA) ha llevado sus demandas respecto a los supuestos abusos de los contratos temporales a la figura comunitaria del Defensor del Pueblo Europeo.
Según la asociación, esta acción responde a «la inacción de la Comisión Europea» frente a las infracciones de la directiva europea 1999/70, que establece en su cuarta cláusula que «no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos».
«Lo único que pedimos es que se cumpla la ley», reclama María Concepción Rodríguez Fariña, presidenta de EPA, que señala que la ley 20/2021 «niega el efecto útil» de la Directiva europea, que obliga a conceder un contrato fijo a los trabajadores temporales que pasen tres años en el puesto.
«Esta es una regla que cumplen las empresas privadas, pero no las públicas, las mayores contratadoras en precario», que la incumplen en connivencia de los sindicatos», acusa Rodríguez.
«Hay gente que lleva 30 años encadenando contratos temporales. Incluso hay quien deja de formar una familia por miedo a perder su trabajo».
En palabras de la presidenta de EPA, desde el despacho Navas y Cusí, que los asiste en este proceso legal, vieron clarísimo que la próxima acción debía ser acudir a la Comisión Europea en vez de seguir yendo al TJUE, especialmente por el trabajo del abogado Juan Ignacio Navas.
La Ley 20/2021 «niega el efecto útil» de la Directiva europea, que obliga a conceder un contrato fijo a los trabajadores temporales que pasen tres años en el puesto, según María Concepción Rodríguez Fariña, presidenta de EPA
Parte de la opinión pública también le ha dado la espalda a estos empleados. «Hemos ingresado a través de los procesos oficiales de selección en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, pero se nos insulta cuando dicen que tenemos suerte de tener un trabajo público», dice Rodríguez. «Somos titulados, pero vivimos trabajando en vilo».
Así, los empleados públicos enfrentan un proceso que los pone en desventaja, especialmente con factores como las preparadurías para opositores en las que han participado informalmente jueces y fiscalesque cobran en efectivo, y las academias de los sindicatos, encargados de negociar las plazas. Conflictos de interés que, según Rodríguez, los deja en una situación particularmente vulnerable.
COMO NO HAY SANCIÓN, NO PASA NADA
«Algunos jueces conocen la ley europea y algunos otros reconocen el abuso, pero como no hay sanción, no pasa nada», afirma la presidenta de EPA, indicando que España carece de una ley regulatoria efectiva que haga efectivas las sanciones de naturaleza disuasoria que recomienda Bruselas para los abusos de la temporalidad.
Así, «el Estado no va a autosancionarse» al entregar sumas de compensación a alrededor de dos millones de empleados en abuso dentro de la temporalidad lícita, sin contar las plazas que no se anuncian públicamente y otros casos clandestinos. «Una posible sanción podría ser la fijeza, porque la cantidad de indemnizaciones que tendrían que dar sería inabarcable», recomienda
La documentación a favor de EPA no falta, pero las acciones se quedan cortas. «Llevamos siete años negociando en todas las Comunidades Autónomas, con el Gobierno anterior y con este, que se comprometió con un documento a reunirse con nosotros y se olvidó cuando empezaron a gobernar», dice Rodríguez.
«Tenemos un informe de Comisiones Obreras que reconoce nuestras reclamaciones, pero siguen incumpliendo», señala, afirmando que un representante del sindicato le dijo: «Nuestro equipo jurídico puede decir una cosa y nosotros, como sindicato, hacer otra».
Otro informe, de la expresidente del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, recalca la constitucionalidad de hacer un contrato indefinido a los empleados temporales por su antigüedad y servicios al no violar el derecho fundamental a la igualdad.
Pero la constitución española no debe ser el baremo por el cual se mida la licitud de esta medida. «La Directiva europea está por encima de la constitución», explica Rodríguez, señalando las obligaciones contraídas por el Estado español al comprometerse con el reglamento unitario. Para que los empleados temporales sigan bajo el régimen actual, «habría que cambiar la constitución o dejar de pertenecer a la Unión Europea».
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