María Amparo Martínez, vicepresidenta de la asociación Defenda, detalla en este diario la situación que sufre el colectivo y las iniciativas que su asociación ha llevado a cabo para poner coto a esta lacra, que ella misma ha padecido con un cliente. Un caso que hizo público en su día en Confilegal sin revelar su identidad "por miedo a represalias" y ahora, por primera vez, lo hace. En la imagen, en el Congreso, donde se ha reunido con varios grupos parlamentarios para plantearles sus reivindicaciones y propuestas de enmienda al Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia.
María Amparo Martínez (Defenda): ‘Las amenazas a los abogados por parte de los clientes deberían condenarse como delito de obstrucción a la Justicia’
Así se pronuncia respecto a las condenas que se están poniendo ante estos hechos, de "multas de sólo 180 euros", como ha ocurrido en el caso del abogado del turno de oficio de Burgos que denunció a su clienta por amenazas, del que Defenda ha ejercitado la acusación popular
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18/12/2022 06:51
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Actualizado: 18/12/2022 08:19
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«Las amenazas a los abogados por parte de los clientes deberían condenarse como delito de obstrucción a la Justicia (artículo 464 del Código Penal) y no con simples multas, como está ocurriendo». Así lo declara a Confilegal María Amparo Martínez Marián, vicepresidenta de la Asociación para la defensa de los derechos de la Abogacía (Defenda).
Se pronuncia así en relación a la pena de 180 euros de multa que recientemente se ha impuesto a una mujer que amenazó a su abogado del turno de oficio de Burgos, un caso en el que Defenda ha ejercitado la acusación popular.
En este procedimiento, el Juzgado de Instrucción número 4 de Burgos ha condenado a la ya exclienta del letrado por un delito leve de amenazas a la pena de treinta días de multa, con una cuota diaria de seis euros.
Delito, previsto y penado en el artículo 171.7 del Código Penal, que se castiga con la pena de multa de uno a tres meses a los que, de modo leve, amenacen a otro.
El letrado del turno de oficio de Burgos que sufrió estos hechos está «contento porque por fin se ha hecho Justicia», aunque le hubiese gustado que también se hubiera impuesto a la condenada una orden de alejamiento, como solicitó.
Sin embargo, desde esta asociación, que preside el abogado Mariano Zamora, consideran que este tipo de conductas no deben saldarse con «penas de multa de sólo 180 euros», según informa a este diario su vicepresidenta. A su juicio, es «insuficiente».
La vicepresidenta de Defenda es abogada del turno de oficio y también ha denunciado a un cliente por amenazas y ha pedido una orden de alejamiento. Un caso que denunció el pasado mes de julio en Confilegal.
Ahora revela, por primera vez, públicamente su identidad. En su día no lo hizo «por miedo a represalias».
La vicepresidenta de Defenda advierte de que los casos de maltrato de clientes a los abogados «van en aumento». Según informa, tres afiliados de la asociación también han denunciado recientemente a sus clientes.
«En Defenda celebramos el gran paso que están dando los compañeros amenazados, coaccionados e incluso lesionados por sus clientes del turno de oficio al atreverse a denunciar este tipo de situaciones en los juzgados y no en los pasillos», manifiesta María Amparo Martínez.
Según explica, «algunos justiciables, que no la mayoría, afortunadamente, exigen a los letrados del turno de oficio lo impensable y llegan a vivirse situaciones kafkianas que suelen resolverse gracias a la empatía, paciencia y saber hacer de los profesionales».
«También se viven, con demasiada frecuencia situaciones de riesgo y miedo reales, unas por insultos, coacciones, amenazas, acoso, agresiones físicas -palizas con hospitalización- y otras, las más obviadas, por la lenta, constante y permanente agresión psíquica (conversaciones presenciales, correos electrónicos, llamadas telefónicas), con amenazas veladas y otras explícitas sin ningún tipo de rubor ni de pudor al hacerlas; porque para este perfil de justiciable ‘todo vale, porque lo digo yo’, ‘yo presento una queja y te vas a enterar», relata.
«CONDENAS DE SÓLO 180 EUROS DE MULTA NO SON DISUASORIAS’
La vicepresidenta de Defenda afirma que condenas como la de Burgos «no son disuasorias para los justiciables que cometen este tipo de delitos contra los letrados del turno de oficio».
Y sostiene que «deberían condenarse como delito de obstrucción a la Justicia», que al castiga con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a veinticuatro meses al que «con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal».
Si el autor del hecho alcanzara su objetivo se impondrá la pena en su mitad superior. Iguales penas se impondrán a quien realizare cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia contra las personas citadas en el apartado anterior, por su actuación en procedimiento judicial, sin perjuicio de la pena correspondiente a la infracción de que tales hechos sean constitutivos.
HIZO UN LLAMAMIENTO AL DEFENSOR DEL PUEBLO EN SEPTIEMBRE Y TODAVÍA NO HA RECIBIDO RESPUESTA
Defenda ha denunciado ante el Defensor del Pueblo la situación que sufren los abogados. «El pasado 28 de septiembre, como vicepresidenta de la asociación, envié una queja coincidiendo con la entrada en vigor del Real Decreto 586/2022 que modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita», explica Martínez.
En el escrito le transmitió que «son muchos» los abogados del turno de oficio «amenazados y coaccionados» por clientes de este servicio público y que sufren «maltrato psicológico e incluso físico». Le contó que ella misma ha sido amenazada y coaccionada.
Según informó en su día a Confilegal, ella tuvo que ser asistida de urgencias por la crisis de ansiedad sufrida tras recibir «uno de los muchos, incesantes, periódicos, agresivos y exigentes correos electrónicos que durante más de dos años ha recibido de un justiciable designado de oficio».
Un «calvario» que sufrió durante más de dos años, desde que le fue designado en abril de 2020. En su caso, contó con el apoyo y amparo del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) desde el primer momento, según informa.
Su procedimiento recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz, localidad al este de Madrid. Recientemente, ha denunciado en este diario que es «disparatado» cómo se está tramitando.
«Nosotras/os también somos víctimas de los propios justiciables y eso no hay que olvidarlo, y por este motivo también somos merecedores de una protección integral», subrayó María Amparo Martínez en su escrito al Defensor del Pueblo.
Le informó que el mayor número de agresiones y amenazas se producen cuando los abogados actúan de oficio, y que «en mayor número sufren este maltrato las mujeres».
«Probablemente, estas situaciones tienen su causa en la forma actual en la que está diseñado el sistema, pues genera cierta sensación de impunidad en el justiciable, que se cree con derecho a todo»
«Probablemente, estas situaciones tienen su causa en la forma actual en la que está diseñado el sistema, pues genera cierta sensación de impunidad en el justiciable, que se cree con derecho a todo y, además, ve que sus actuaciones no son reprochadas de ninguna forma, ni penalmente (porque no se nos considera autoridad) y ni siquiera administrativamente», le transmitió en su escrito.
Además, señaló que los clientes «se sienten con poder sobre el letrado cuando ponen una queja sin fundamento ante el Colegio, al ver que se las tramitan». «Y cuesta tiempo y dinero al letrado la defensa de su propio acosador, al que paradójicamente le sale gratis la infamia», apuntó.
«¿Por qué los/as Abogados/as del Turno de Oficio no somos protegidos por nuestros Colegios Profesionales y por el propio sistema social, democrático y de Derecho, del que somos agentes esenciales?», planteó en su escrito.
Y destacó que la abogacía necesita que «todos los Colegios de Abogados, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), los partidos políticos, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Justicia se den cuenta de esta realidad y de la necesidad de protección hacia los letrados del turno de oficio» y apoyen un cambio legislativo efectivo que colme las necesidades de este colectivo.
QUE LOS LETRADOS DEL TURNO DE OFICIO SEAN CONSIDERADOS AUTORIDAD, UNA DE SUS REIVINDICACIONES
Ante esta lacra, Defenda reivindica una serie de medidas, que ha detallado al Defensor del Pueblo, y le ha pedido que las atienda.
Esta asociación reclama que los justiciables que hayan sido condenados por maltrato, amenazas, coacciones, lesiones físicas o psíquicas a un letrado del turno de oficio se le deniegue o se le retire el beneficio de Justicia gratuita del expediente por el que fuera otorgado al justiciable (bien como pena accesoria o bien como sanción administrativa por la autoridad competente) en todas las jurisdicciones.
También pide que en el ámbito penal, si el justiciable careciese de ingresos, un miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de abogados correspondiente será el que asumirá la defensa del justiciable a costa del Colegio.
Asimismo, exige que los abogados del turno de oficio sean considerados como autoridad cuando se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo y con ocasión de ellas.
«Algunos clientes piensan que por ser un servicio gratuito todo vale, que pueden hacer lo que ellos quieren y en el momento que les dé la gana y tienen la creencia que ellos solo tienen derechos y que los abogados son sus esclavos»
También ve necesario que se implante un protocolo de detección precoz de acoso contra los letrados del turno de oficio en todos los Colegios de la Abogacía, con un servicio de atención integral a la víctima, y que se acuerde un estudio para evaluar la problemática, su prevalencia e impacto en el sistema judicial y en la independencia de los abogados.
Defenda también solicitó al Defensor del Pueblo en su escrito una reunión para poder transmitirle personalmente el resto de sus iniciativas.
Según informa la vicepresidenta de la asociación, «pese a haber transcurrido ya casi tres meses, todavía no ha contestado».
«No obstante, seguimos luchando para conseguir que se nos respete y se nos proteja en las condiciones que merecemos», manifiesta.
En este sentido, indica que también han hecho estas reclamaciones a la presidenta del Colegio General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega Benito, con quien se reunióel pasado mes de octubre en dos ocasiones, para transmitirle su caso y las medidas que ven necesarias, que han reclamado igualmente a la mayoría de grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, y han hecho propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia «para promover los cambios legislativos e institucionales necesarios para eliminar las situaciones de riesgo sufridas por los abogados en el ejercicio de su profesión y que se garantice la protección integral de los profesionales de la Abogacía Española».
Además, junto a otras asociaciones y el Sindicato de Abogados también ha reclamado al Gobierno 12 medidas para acabar con la precaria situación del turno de oficio.
SUS PROPUESTAS DE ENMIENDA
En relación a la reclamación de que sean considerados agentes de autoridad, Defenda ha planteado que se modifique el artículo 550 del Código Penal a tales efectos.
«Es la única forma de concienciar a los potenciales agresores de que deben a su defensor el mismo trato y respeto que reciben y que cualquier conducta violenta puede ser sancionada penalmente por penas privativas de libertad y por qué no, también en vía administrativa», asevera.
Hasta que esa reforma llegue, «Defenda luchará en los pleitos en los que represente a compañeros que sufren esta lacra para que las amenazas se interpreten como delito de obstrucción a la justicia», afirma su vicepresidente, y destaca que «también sería deseable que los jueces y fiscales se acordaran de la aplicación del mismo».
Defenda también exige que se modifique la normativa actual para solucionar este tipo de situaciones que «se pueden ver fácilmente agravadas si tenemos en cuenta que no es posible la renuncia libre de las designaciones de oficio, según recoge el artículo 31 Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y las obligaciones recogidas en el nuevo Código Deontológico de la Abogacía: deber de transparencia del profesional de la Abogacía, deber de facilitar toda la documentación judicial de las actuaciones a su defendido…».
Pide que la ley recoja que los clientes de los abogados también tienen obligaciones y sean señaladas expresamente
Reclama una modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y que recoja que los justiciables no sólo tienen derechos, también obligaciones y estas sean señaladas expresamente.
Ha hecho una propuesta de enmienda al citado Proyecto de Ley en este sentido para que se incluya un artículo artículo 6 Bis, sobre obligaciones del justiciable, ya que, según relata, «muchas veces la comunicación con el justiciable se vuelve muy difícil e intensa y piensan que por ser un servicio gratuito todo vale, que pueden hacer lo que ellos quieren y en el momento que les dé la gana y tienen la creencia que ellos solo tienen derechos y que los abogados son sus esclavos».
Plantea que dicho artículo recoja como obligación de los clientes: tratar con respeto al letrado designado en el turno de oficio; facilitarle la documentación que el letrado le requiera para la defensa de sus pretensiones; aportar tantas copias le requiera el Juzgado de toda la documentación presentada; y facilitar al letrado designado por el turno de oficio un teléfono de contacto, así como una dirección de correo electrónico y dirección postal, para que el letrado pueda comunicarse con él.
Y señale que el incumplimiento de algunas de las obligaciones anteriores «podría dar lugar a sanciones administrativas, e incluso a dejar sin efecto la designación».
También ha planteado una enmienda para que se añada al artículo 19 un apartado 1 bis, sobre revocación del derecho.
«Sabemos que esto no es una carrera de velocidad, sino de fondo y somos conscientes que tenemos mucho camino por recorrer, pero como decía Machado vamos haciendo camino al andar. Defenda estará allí donde los Colegios no estén y seguirá luchando por los derechos de los abogados de trincheras, esos que cada día sufren en sus carnes el múltiple maltrato, unas veces institucional y otra por parte de sus propios clientes», sentencia.
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